viernes, 12 de septiembre de 2014

En primera fila
                       Desprecio a la salud
                                                           Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En injusta e ilógica omisión legal que afecta la capacidad económica de la población, particularmente los contribuyentes que requieren realizar un gasto imposible de evitar por razones de humanidad, las autoridades demuestran desprecio por uno de los renglones más prioritarios en la vida de los mexicanos: La salud.
En efecto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta autoriza la deducción de impuestos en el pago de honorarios para médicos y dentistas, así como los gastos hospitalarios, pero no reconoce los de medicamentos, lo que constituye una incongruencia en perjuicio de millones de compradores.
En el proceso para recuperar la salud o la de nuestros dependientes económicos generalmente requerimos los servicios de un médico, y las medicinas que éstos receten son indispensables para una eficaz y pronta recuperación, pero estos gastos no los reconoce la ley como deducibles de impuestos, excepto cuando se amparan como “gastos hospitalarios” que, en su caso, implicarían una nueva erogación.
Lo ilógico del caso es que, al menos en teoría, el derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, desde luego independientemente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, se trata de un elemento esencial para que el Estado siente las bases para eliminar la desigualdad de nuestra sociedad.
Como se sabe, el acceso a los servicios de salud en México está ligado a la situación laboral de las personas en instituciones públicas como el ISSSTE o el IMSS, así como en organismos similares en cada Estado, donde quienes no son derechohabientes deben atenderse en instituciones privadas, o bien a través del Seguro Popular.
Sin embargo, ante la permanente ineficiencia del servicio de los primeros, en la mayoría de los casos los derechohabientes, inclusive de las propias comunidades indígenas, se ven en la imperiosa necesidad de recurrir a hospitales o médicos privados en busca de mejor calidad y garantía de servicio adecuado.
Así, quienes trabajan por honorarios viven una situación particularmente difícil, toda vez que carecen de seguridad social, y para atender sus necesidades en materia de salud requieren de acudir a médicos particulares, donde, por lo general, gastan cantidades importantes de sus escasos ingresos en medicamentos, lo que impacta en una fuerte proporción en el gasto familiar.
Y de ahí la necesidad de que las autoridades hacendarias reconozcan esta situación y autoricen la deducción, aunque no por cuestiones políticas o medidas populacheras, sino sobre las bases de justicia y congruencia, sobre todo ante el incesante encarecimiento de las medicinas.
De esta manera, también se contribuiría a que las personas dejen de recurrir a medicamentos de dudosa calidad y efectividad.
Por otro lado, su gestión no constituiría algún exceso para los legisladores, sino un  juicio de razonamiento y justicia con fines de naturaleza extra fiscal en beneficio de los mexicanos, ya que, en la medida en que se permitan vías para recuperar esos gastos, se incentiva a la gente a atender sus enfermedades con mayor celeridad e reintegrarse oportunamente a sus labores en beneficio de la economía del país y el desarrollo nacional.
Por si fuera poco, sería muy marginal el impacto en la recaudación fiscal del Estado, toda vez que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, sería apenas del 0.09 por ciento del PIB.
Estamos ciertos de la necesidad de consolidar un sistema fiscal justo, eficiente, simplificado y redistributivo, con la suficiente sensibilidad y flexibilidad en medidas que protejan los mayores aspectos del bienestar social, y la salud es una de ellas.
Permanentemente criticada por su origen como partido político (SNTE), y contra todo sentido común, Nueva Alianza fue la que extendió el acta de “nacimiento”, con una iniciativa que propone reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los gastos por medicamentos puedan deducirse del Impuesto Sobre la Renta con el comprobante fiscal y original de la receta médica en la que se prescriban.
La presentación estuvo a cargo de la diputada federal María Sanjuana Cerda Franco, quien pidió apoyo y comprensión para beneficiar a ese sector de la población, siempre fiel contribuyente fiscal, aunque, lamentablemente, como se “manejan” las cosas en su Cámara, lo más probable es que la iniciativa, como otras que NO envía la Presidencia de la República a través de sus empleados del PRI, duerma “el sueño de los justos”. Nuestro repudio.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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