En primera fila
¡Fondo y forma en protestas!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Fechado el 10 de abril en Morelia Michoacán una nota de Excelsior
informó que por lo menos una docena de estudiantes normalistas resultaron lesionados
tras el embate de una camioneta. Como información, no pasaría de ser más de ser
un accidente vial más en el país, pero la peculiaridad del caso es que los afectados
realizaban una manifestación.
Pero, continuemos con el reporte: “Los manifestantes,
armados con palos y piedras, se plantaron en las vías del tren, a la altura de
Tiripetío, para impedir el paso a automovilistas… a la par, instalaron cerca de
siete autobuses de los 19 que mantenían secuestrados en las instalaciones de su
escuela, más un camión de transporte comercial”.
¡Caray!, nos preguntamos, ¿Y esta es la libertad de
expresión que exigen los que se autocalifican defensores de los derechos humanos?
El automovilista de nuestra historia rompió el bloqueo vial de los normalistas
y, luego de enfrentarlos a golpes, los arrolló con el vehículo.
Sus voceros (de los estudiantes) advirtieron que no
detendrían las “presión”, como bloqueos y secuestro de camiones, “ya no
queremos mesa de diálogo, queremos ya lo que es una respuesta positiva... ellos
saben sobre las problemáticas”, aseguró Diana Laura Vásquez, su vocera.
Inevitablemente nos vino a la memoria el caso del
magisterio de Quintana Roo, cuando los inconformes amenazaban con más medidas
de presión, mientras un grupo, una y otra vez, negociaba con el Gobierno del
Estado, términos que los “verdaderos” líderes descalificaban después. Claro, la
consigna era otra.
En Michoacán, suponemos que los escolapios calificaron de
pillo y mal mexicano al chofer por no respetar “su” libertad de expresión,
pero, volvemos a preguntarnos, ¿será que ellos tienen derecho a bloquear
libremente el acceso que se les antoje? ¿Acaso no es un delito el cierre de las
vías de comunicación? ¿Acaso pueden negarle al chofer ejercer su derecho de
libre tránsito?
Señores, cualquiera tiene el derecho de exigir respetar
sus derechos, según consigna la Carta Magna, siempre y cuando, por sentido
común -y para cualquiera con un gramo de inteligencia-, evite afectar derechos
de terceros. “Tu derecho termina donde comienza el mío”, decimos, aunque
también aplica “mi derecho llega hasta el límite de no perjudicar el de mi
prójimo", o bien “no hagas lo que no te gustaría que te hicieran”.
Para ese efecto, para nadie debería resultar “indignante”
regular lo que bien podríamos denominar “reglas de juego”, sin ventaja para
ninguna de las partes, esto es ni manifestantes ni autoridades, sino la
sociedad, esa que nada tiene que ver con los problemas políticos, pero que, al
final de cuentas, es la que realmente resulta afectada.
Estamos ciertos de la constitucionalidad de la libertad
de expresión, la misma que ampara al periodismo, aunque el propio sistema
jurídico impone límites en ataques a la moral, el derecho de terceros y cuando
provoque algún delito o perturbe el orden público, por lo que el Artículo 6 de la
Constitución abunda que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa.
Una de las excepciones, el ataque a la moral, lo define
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como “alteración profunda de una
persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación,
vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que
de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito”.
En este sentido, para que se produzca el daño se requiere
afectación de la persona en cualesquiera de los bienes que tutela el artículo
1916 del Código Civil, que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito,
y una relación causa-efecto entre ambos acontecimientos.
Respecto a los derechos de tercero, se refiere a los
derechos de los no involucrados directamente en algún asunto y que, sin embargo
resultan perjudicados, mientras que “provoque algún delito”, ésta es la
conducta, acción u omisión típica y antijurídica descrita por la ley, es decir,
contraria al Derecho y culpable, a la que corresponde una sanción.
Finalmente, “perturbe el orden público”, según la SCJN, es
un conjunto de principios e instituciones fundamentales en la organización
social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico, aunque en
jurisprudencia estableció que ataques al orden y paz pública son toda
manifestación o exposición maliciosa pública, por medio de discursos, gritos,
cantos, amenazas, manuscritos, impresos, dibujo, litografía, cine, grabado o de
cualquier otra manera, con objeto de desprestigiar, ridiculizar o destruir las
instituciones fundamentales del país.
¿Acaso no todo ello es lo que existe en las violentas
manifestaciones de todo el país, con lo que no han hecho más que poner a prueba
la paciencia y tolerancia de las autoridades? Luego entonces, seguimos sin
entender por qué esgrimen una supuesta anticonstitucionalidad estar en contra
de sus movilizaciones.
En el caso del PRD es lógica su postura de apoyo, como
hacen las autoridades emanadas de su partido en el DF, a las que poco importan
las miles de molestias y daños al comercio, peatones, automovilistas y orden
social, ya que la protesta “hasta por la lluvia” es semilla que han sembrado
por todo el país y, desde luego, actuar en contra sería tanto como escupir
hacia arriba, contra sus “principios”, por llamarle de algún modo.
Y no es ser priístas, pero también la dirigencia del PAN
en Quintana Roo la “regó” tremendamente con su postura, ya que no es lógico rechazar
movilizaciones en el DF -incluso con iniciativas de ley-, pero apoyar las de su
Estado. ¿Es que los quintanarroenses somos afectados de “segunda”?
Hasta hoy, la única medida inteligente sobre la Ley de Ordenamiento Social fue
evitar su publicación, pero sólo para su análisis, ya que, ¡Caray!, ¿de qué
cabeza salieron las ideas de solicitar permiso para manifestarse o de prohibir
insultos? Dicen que de la Consejería Jurídica, donde se quisieron pasar de
inteligentes y ahora quieren componer las cosas por olvidar algo fundamental:
El cuidado de las “formas”.
La verdad es que a nadie nos gustaría comentar un
accidente como el de Morelia, pero, la verdad, la gente está cansada de tanta
prepotencia, disque “amparada” por la ley. Cuando no son maestros, son taxistas
¿Quiénes serán los próximos? Se vale manifestarse, pero cuidando formas que,
según el maestro Jesús Reyes Heroles, son “fondo”.
(Permitida la copia, publicación o reproducción
total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
Comentarios
Publicar un comentario