En
primera fila
“Veneno”, ¡legalizado!
Por LUIS A. CABAÑAS BASULTO
Cuando
en noviembre de 2008 Lisa Parr empezó a padecer migrañas y vómitos, ignoraba
que la veintena de pozos para extraer gas que rodean su casa de Decatur, Texas,
estaba relacionada con esos problemas. Sarpullidos, hemorragias y fiebres se
sumaron a la larga lista de síntomas que durante los siguientes dos años la
forzaron a ingresar varias veces en el hospital. Su marido, Robert, e hija
Emma, también enfermaron.
Según
crónicas periodísticas, en 2011 su familia demandó a la petrolera Aruba
Petroleum, y el 22 de abril anterior, casualmente el Día de la Tierra, un
tribunal condenó a la empresa a indemnizarlos con 2.9 millones de dólares (unos
34 millones de pesos) por considerar que los trabajos de “fracking” en los
pozos de Aruba propiciaban el problema.
A
tres meses del fallo, legisladores del gobierno de México en el poder,
incluidos corifeos y “satélites”, aprobaron una criticable reforma energética
que, con cinco leyes secundarias, de las que en Senado había aprobado cuatro y
la Cámara de Diputados ratificado dos de ellas, incluye precisamente ese método
para obtener gas natural.
El
sistema, consiste en perforar un pozo vertical y, tras alcanzar la profundidad
deseada, perforar horizontalmente entre uno y 1.5 kilómetros en varias direcciones,
partiendo de la perforación inicial, aunque, ante la baja permeabilidad de la
roca de esquisto, es necesario inyectar a fuerte presión una mezcla de agua,
arena y químicos para liberar gas a través de un procedimiento continuo en un
mismo pozo.
En
este sentido, se emplean grandes cantidades de agua que quedan inutilizadas al
estar fuertemente contaminadas, tal y como ocurre con el manto freático, de
donde se extrae el agua para consumo humano, algo similar a Texas.
El
pago a la familia se trata de la primera indemnización millonaria por un caso
de afectación a la salud relacionado con el “fracking”, esa controvertida
técnica de extracción de gas natural atrapado en la roca que genera
innumerables dudas medioambientales.
El
caso es inusual no sólo por el fallo y la cantidad, sino por haber llegado a un
tribunal. Las demandas por afectar el medio ambiente y la salud de la técnica
-extendida en Estados Unidos durante la presidencia de Obama por la promesa de
aumentar la independencia energética del país- se han saldado con acuerdos económicos
extrajudiciales que no trascienden. La de los Parr llegó a juicio y un jurado le
dio la razón 5-1 a la familia.
El
veredicto incluye el pago de 198 mil euros por pérdida de valor de la propiedad
de los Parr; 180 mil por futuras consecuencias para su salud; 288 mil por daños
psicológicos y 1.4 millones por sus actuales problemas de salud.
Según
sus abogados, la empresa nunca propuso un acuerdo, y pese a que un juicio pudo
resultar muy caro, siempre creyeron que los Parr tenían razón, al alegar que
las operaciones de Aruba contaminaron el ambiente, enfermaron a su familia y
ganado con el uso de componentes químicos, incluidos cancerígenos no eliminados
al entrar en contacto con el terreno.
Geoquímicos
e investigadores explican que el problema son los componentes químicos de la
mezcla de líquido que inyectan en el subsuelo, muchos de ellos tóxicos, y las
empresas ocultan qué sustancias emplean, uno de ellos hidrocarburo aromático
como el benceno, que es cancerígeno.
Un
estudio del 2012 en la revista Science of the Total Environment encontró altas emisiones
de contaminantes como el benceno, mientras que la revista Endocrinology incluyó
un “cóctel” de sustancias empleadas, 12 de ellos consideradas disruptores
endocrinos, es decir, alteradores del equilibrio hormonal, relacionadas con
infertilidad y cáncer, entre otros problemas de salud.
Investigadores
de la Universidad de Missouri tomaron muestras de agua en una zona con gran
densidad de pozos, las compararon con las de áreas menos explotadas y descubrieron
que la actividad estrogénica, antiestrogénica, androgénica era altamente
superior en la zona con pozos donde se emplea el “fracking”.
Tan
sólo en el examen de toxicología de la familia Parr se encontró en su sangre más
de una veintena de químicos, mientras en el caso de sus vecinos, un especialista
en contaminación ambiental detectó hidrocarburos como benceno, tolueno,
etilbenceno y xileno.
Según
el diario El País, hasta hoy la mayoría de las demandas se ha centrado en daños
materiales por deterioro del entorno, y no en los de la salud, pese a que,
conforme al The Wall Street Journal, más de 15 millones de estadounidenses
viven a menos de 1.5 kilómetros de un pozo, por lo que la demanda de los Parr
puede abrir paso a nuevas reclamaciones y convertirse además en argumento a
favor de los que rechazan esta práctica.
Varias
autoridades solicitaron a Obama elaborar regulaciones que ajusten las
actividades de estas empresas a estándares de calidad que consideren los
efectos detectados. El presidente del Fondo para la Defensa Medioambiental,
Fred Krupp, planteó en la revista Foreign Affairs crear un marco legal para
reducir riesgos mientras se protege la industria.
Por
su parte, la representante de las empresas del fracking en España, Shale Gas,
recuerda que la legislación medioambiental de Europa es mucho más estricta que
en EE.UU. y garantiza proteger el medio ambiente y el control de posibles
tóxicos, mientras que en Norteamérica se ha beneficiado de varias “lagunas”
legales, explica Scott A. Elias, profesor de Ciencia Cuaternaria de la
University of London en la revista Earth and Environmental Science.
El
fracking es su excepción en dos importantes leyes federales -la de agua potable
y de agua limpia-, al permitir la inyección de productos químicos tóxicos en
los pozos y la falta de tratamiento del agua sobrante almacenada. Además, las
empresas no están obligadas a revelar su “cóctel” de sustancia por considerarlas
“secreto” industrial.
Las
inconformidades contra el fracking, prohibido en Francia y
en Nueva York, también se han extendido a Colombia, Argentina, España, Polonia
y Reino Unido, entre otros, donde inclusive se han registrado detenciones y docenas
de vecinos se han sumado a las protestas con pancartas, en las que denuncian
los riesgos de que la contaminación de los acuíferos se sume a la posibilidad
de movimientos sísmicos.
Y
mientras eso ocurre, legisladores oficialistas y oficializados mexicanos se
unen para aprobar el envenenamiento de la población y otra serie de
irregularidades que prevé la Reforma Energética, en cuyo proceso de
privatización de Pemex, “modernización, prefiere llamarle el gobierno de Peña
Nieto, incluye muchas otras afectaciones, inclusive para el campo, y aunque
para el mandatario implique algún reconocimiento como reformista, ¡quién no lo
es con mayoría legislativa convenenciera!
(Permitida la copia, publicación o reproducción
total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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