¿Debe ser candidato “Chanito” Toledo?

                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Convertido de la noche en la mañana supuestamente en uno de los principales aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, el recién electo diputado federal playense, José Luis Toledo Medina, de 33 años de edad es, sin embargo, otro de los más cuestionados en suceder a Roberto Borge, quien, al menos en teoría, lo considera su “delfín”.

Aunque algunos creen que esa privilegiada posición corresponde al dirigente estatal del PRI, el chetumaleño Raymundo King de la Rosa, nuestro personaje, mejor conocido como "Chanito", pareciera estar mejor perfilado, junto con su paisano de Solidaridad, el alcalde Mauricio Góngora Escalante, aunque, al igual que éste último, también tiene mucha “cola” para pisar.

Su paso más cuestionado, al igual que el del munícipe, ocurrió precisamente en la Tesorería Municipal de esa demarcación -septiembre de 2011 a abril de 2013-, donde su manejo de recursos -al igual que su entonces predecesor- dejó mucho que desear, aunque ya nos referiremos más adelante al caso particular.

Sexto Regidor del Ayuntamiento de Solidaridad, como presidente de la Comisión de Servicios Públicos -septiembre de 2008 a septiembre de 2011-, la corta trayectoria de quien pretende convertirse en Ejecutivo la impulsó desde el principio su padre, el ex diputado local Marciano “Chano” Toledo Sánchez, de quien heredó el mote. Su madre es Delfina Margarita Medina Carbajal.

Apenas electo diputado federal el 7 de junio último, empero, se vería obligado a solicitar “licencia” unos cuatro meses después de rendir protesta, para una eventual precampaña y, en su caso, campaña como candidato a la gubernatura, por lo que, con una “dieta” de más de 148 mil pesos mensuales, “sólo” se embolsaría cerca de 594 mil pesos como legislador.

Licenciado en Turismo Internacional por la Universidad Anáhuac de Cancún y casado con Daniela Vara, el funcionario también solicitó licencia de la XIV Legislatura del Congreso, donde encabezó la Gran Comisión y le relevó Suemy Graciela Fuentes Manrique, algo similar al caso de su homóloga Arlet Mólgora Glóver, a quien suplió la yucateca Irazu Marisol Sarabia May.

Como legislador -siempre tuvo como “sombra” a Pedro Flota Alcocer- fungió como tesorero de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priístas, y vicepresidente de la Comisión de Turismo Internacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, tras lo cual resultó electo diputado federal por el Distrito I con la coalición PRI-PVEM.

Irónicamente, como ex dirigente del Verde “Ecologista” en Solidaridad, su padre, ahora acaudalado terrateniente, cuestionaba en 2011 junto con otros “ex” de ese partido que Jorge Emilio González Martínez, quien apenas dos meses atrás dejara la dirigencia nacional de su partido, encabezara la primera fórmula para la senaduría de Quintana Roo, en alianza con el PRI.

Al igual que Agustín Álvarez Torres, Francisco Torres Yáñez y Guillermo Santos Correa, ex dirigentes del PVEM en Solidaridad, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, respectivamente, con quienes lanzó el movimiento “Todos Unidos Contra El Niño Verde” (Tucon), Toledo Sánchez reprochaba que éste utilizara la senaduría como trampolín para la gubernatura.

Miembro de la VIII Legislatura (1996-1999), el padre del aspirante, figura en el Registro Público de la Propiedad como propietario de ¡más de dos mil predios de diversas dimensiones en la colonia Cristo Rey!, al norponiente de Playa del Carmen, que fundó sobre lo que eran terrenos nacionales.

Sin embargo, los regularizó gracias a sospechoso “regalo” del entonces alcalde Román Quian Alcocer, quien apenas el viernes solicitó “licencia” como diputado federal, ya que se perfilaba como nuevo titular de la Secretaría estatal de Desarrollo Social, ante la renuncia de Angel Rivero Palomo, recién electo Rector de la Universidad de Quintana Roo.

Las sospechas surgen porque el obsequio de aquél, quien tuvo un gris “desempeño” en su Cámara, ocurrió a unos días de concluir su trienio, el 6 de abril de 2011, cuando le otorgó la licencia de fraccionamiento al inmenso terreno que se dividió en lotes que se comenzaron a  vender y a habitar antes de contar con licencia, servicios básicos, calles pavimentadas, ni nada.

Lo anterior, contraviene el Código Penal, que desde el 2010 contempla como delito contra el Desarrollo Urbano fraccionar sin la licencia, y vender lotes sin servicios, por lo que para no pocos, Toledo Sánchez fungiría como “prestanombres” de Quian Alcocer.

Por su parte, su vástago Toledo Medina posee una decena de predios, algunos de grandes dimensiones, y otros más ubicados en la zona costera de Tulum. Ya abundaremos más sobre el tema.

         Con todo, lo más cuestionable del aspirante priísta, en caso de pensar en solicitar “licencia” -le supliría Juan Pablo Guillermo Molina-, es su falta de compromiso y seriedad ante sus electores -su burla-, ya que de nada habrían servido sus ofrecimientos de campaña por tener otros objetivos.

         Según se desprende del interesante comentario “Chanitos, Juanitos y Chapulincitos”, de Jesús Manuel Alcérreca Manzanero -en redes sociales-, tan sólo la elección Toledo Medina costó 135.1 millones de pesos, en un proceso en que el voto de cada playense valió mil 458 pesos. Sólo votaron 411 mil 489 personas de un padrón de un millón 21 mil 983 electores de todo el Estado.

         Así, con la eventual posibilidad de resultar candidato, el Instituto Nacional Electoral habrá tirado a la basura cerca de 311 millones de pesos que costaron las elecciones en el Distrito I, en lo que, a nivel nacional, se ha calificado como las elecciones más caras de la historia del país.

Y es que, en efecto, el proceso del 7 de junio no sólo estuvo plagado de irregularidades sino también oneroso y dispendioso, por un total de 35 mil 86 millones de pesos, 61% más que el proceso del 2009, con el presupuesto total del INE (18 mil 572 millones), 32 organismos locales (13 mil 452 millones) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (3 mil 62 millones)

El gasto es 4 veces mayor al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dedicada a la diplomacia y la representación del país (8 mil 100 millones de pesos), casi 6 veces mayor que la de Turismo (6 mil 844 millones), una de las actividades que más divisas nos genera, y 2 veces mayor al de la PGR (17 mil 29 millones), en medio de la peor crisis de inseguridad pública del país.

Los 35 mil 86 millones para promover, vigilar y contar los votos; financiar a los 10 partidos políticos, la enorme burocracia del INE, los Oples, la burocracia dorada del TEPJF y sus salas especializadas, hacen que el costo por sufragio haya sido uno de los más caros del mundo.

Si consideramos los 83.5 millones de electores de la lista nominal y que un cálculo optimista indicará que votó el 40% (32. 4 millones de mexicanos), el costo de cada sufragio es de poco más de mil pesos. En ningún otro país del mundo vale más de 70 dólares.

El gasto total contrasta con el recorte de 10 mil millones en la Secretaría de Salud, que ya no construirá varias unidades médicas, mientras que el gasto para todos los docentes de la UNAM, la más grande de América Latina, es menor al presupuesto electoral (23 mil 006 millones)

El monto más elevado es del nuevo Instituto, creado a raíz de la reforma electoral de 2014, y cuyo presupuesto para este año es mucho mayor al del IFE. Gastará 18 mil 572 millones, de los cuales 70% será para gastos de operación (13 mil 216 millones) y el resto para el financiamiento público de los 10 partidos (5 mil 355 millones)

Para el resto de las 32 entidades, en 9 con elecciones a gobernador, se destinaron 13 mil 452 millones en los nuevos Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), figuras creadas en la reforma electoral del año pasado.

El TEPJF, último árbitro de la contienda, ejercerá 3 mil 62 millones, 40% más que su presupuesto anterior (2 mil 448 millones), bajo el pretexto del incremento de salarios y de plazas, y la nueva Sala Regional Especializada en el Procedimiento Sancionador que no frenó las evidentes y documentadas violaciones a la ley del Partido Verde -por el contrario, sistemáticamente le redujo las sanciones- costará 187 millones 559 mil pesos. 

         Con todo lo anterior, ¿cree Usted justo o necesario que Toledo Medina deba ser el sucesor de Roberto Borge?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                                 
luancaba.qroo@gmail.com                 
http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx