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Renuncia de Peña Nieto, ¡estéril!


                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras la debacle del presidente Peña Nieto con la serie de yerros que, en muchos casos, ha propiciado su familia -y en otras su propio gabinete-, su renuncia ha sido desde el año anterior un clamor popular que, no obstante, se agravó en los últimos meses con una aparente enfermedad que se niega a aceptar, pero que ha hecho cada vez mella en su misma imagen física.
Apenas el martes, con ocasión de su nuevo libro, el periodista y escritor Rafael Loret de Mola le exigió renunciar al cargo de Jefe del Ejecutivo, aunque existe una serie de circunstancias que pocos o nadie se han puesto a reflexionar en ese hipotético caso.
En efecto, tal y como plantea el columnista Francisco Muciño, de darse el caso, su sucesor probablemente saldría de las mismas filas del PRI, aunque, de una u otra forma, el cambio de mandatario no sería suficiente para mejorar la situación por la que atraviesa el país, agravado con la crisis del peso.
Peña Nieto cumplió dos años de gobierno en un contexto que no había previsto: La desaparición de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa a manos del grupo criminal “Guerreros Unidos”, aunque con la complicidad de la policía municipal de Iguala, lo que detonó una crisis política y social que movilizó a diversos sectores de la población.
Además de los crecientes cuestionamientos a nivel nacional e internacional a su gobierno y su capacidad para ofrecer justicia a los desaparecidos y sus víctimas, uno de los reclamos que se hace más fuerte en las marchas y protestas es precisamente su renuncia.
Veamos ¿Es factible esa salida? Según el Artículo 86 constitucional, “el cargo de presidente de la República sólo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
Aunque la Constitución no precisa a qué se refiere “causa grave”, la renuncia sería muy complicada si se trata del caso de Iguala, ya que ocurrieron a nivel municipal y estatal, pero no federal, opina Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey.
Lo cierto, también, es que a raíz de este suceso las acciones de Peña Nieto están bajo un mayor escrutinio de diversos sectores de la sociedad, lo que hace mucho más difícil ejercer el poder.
En 2013 y la primera mitad de 2014, el gobierno de Peña recibía de la prensa internacional y especializada por la serie de reformas estructurales, amén de que el 11 de agosto, a sólo 47 días de los hechos de Iguala, promulgó las leyes secundarias de la reforma energética, pero el caso de los normalistas y la violencia como principal factor de riesgo para el crecimiento económico han puesto en jaque su gobierno.
De entrada, cayó 23 lugares en la lista anual Forbes como las personas más poderosas del mundo, y se ubicó en el lugar 60, cuando anteriormente estuvo en el 37, en una de las caídas más estrepitosas, junto al taiwanés Terry Gou, CEO de Hon Hai Precision, proveedor de Apple, quien bajó del 48 al 71.
Según Forbes, la participación del ex alcalde de Iguala en el caso de los normalistas y el descubrimiento de fosas comunes “enfureció a los mexicanos, y provocó una campaña masiva exigiendo la renuncia de Peña Nieto, pero ¿y si renuncia?
Dado que el tema se originó en un municipio, y luego en un Estado -no en la Federación- sería difícil que el Congreso encontrara una causa grave, además que el Artículo 108 constitucional dice que el presidente, durante su encargo, sólo podrá ser acusado “por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos contempla como responsabilidad del presidente, todos los miembros de los poderes Legislativo y Judicial, la presentación de su declaración patrimonial, mientras que las facultades y obligaciones del Ejecutivo están estipuladas en el Artículo 89 constitucional.
Entre éstas se incluyen difundir y ejecutar las leyes de senadores y diputados; designar a secretarios de Estado; ministros de la Suprema Corte; procurador de la República; oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, entre otros.
Asimismo, tiene la obligación de resguardar la seguridad de la nación, interior y defensa exterior de la Federación; declarar la guerra en nombre de los mexicanos, conducir la política exterior y celebrar tratados internacionales con otros países; y conceder absoluciones a los reos sentenciados por delitos de conformidad con las leyes aplicables.
No obstante, en el hipotético caso de que renunciara, el artículo 84 constitucional contempla dos escenarios:
De haber dimitido Peña Nieto antes del 1 de diciembre, el Congreso, si estuviera en sesiones, se habría constituido en colegio electoral  y nombraría en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino; y expediría, dentro de los 10 días siguientes al de la designación del interino, la convocatoria para la elección de quien deba concluir el periodo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de 14 meses, ni mayor de 18.
¿Y si renuncia en los últimos cuatro años de su mandato? De estar el Congreso en sesiones, designaría un sustituto para terminar el periodo; de no estarlo, la Comisión Permanente nombraría al provisional y convocaría a sesiones extraordinarias para designar al interino y convocar a elecciones presidenciales en un plazo no menor de 14 meses ni mayor de 18.
A unos días de concluir su periodo, el 42% de diputados de la LXII Legislatura son del PRI, por lo que la designación de un nuevo presidente probablemente saldría de sus filas, pero, reiteramos, la renuncia no cambiaría la grave, crítica situación que atraviesa México.
El problema no es el presidente, sino las condiciones y forma en que el crimen organizado se infiltró en las instituciones de gobierno, más allá de quien esté. Como vimos, en Guerrero renunció el gobernador, pero no cambió la situación: No es suficiente con que el gobierno renuncie, sino un conjunto de acciones que tengan que ver con la restitución del Estado de derecho.
Aunque es muy poco probable la eventual dimisión, también es cierto que la capacidad de su gobierno para ejercer el poder se ve reducida, lo que no es privativo de México, sino que más gobiernos del mundo se ven limitados, explica el internacionalista venezolano Moisés Naim, en su libro “El fin del poder”.
“El poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Eso ocurre en todas partes del mundo, pero no sólo geográficamente, sino en todas las actividades humanas”, afirmó en entrevista con Forbes México el 24 de febrero último.
¿Por qué el poder -como tradicionalmente conocemos- está perdiendo fuerza? El ex director ejecutivo del Banco Mundial lo atribuye a tres determinantes que llama ‘revoluciones’: La del más (mayor población y acceso a servicios e información); la Movilidad (las fronteras son menos importantes) y la Mentalidad (ha cambiado la forma de pensar de la gente).
Esta última es más perceptible a través de la tecnología y redes sociales, en las que se muestran las motivaciones. Las tecnologías son instrumentos, y éstos requieren usuarios con motivaciones y dirección, y se están usando estas nuevas capacidades para moverse en cierta dirección.
Con todo, pese a que la organización colectiva ha avanzado, le falta mucho como verdadero contrapeso. Muy probablemente Peña Nieto, enfermo y con poder cada vez más decadente, concluya su sexenio, pero su ejercicio de poder, después de Ayotzinapa… y de “Casa Blanca”, ya nunca será igual.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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