Renuncia de Peña Nieto, ¡estéril!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras
la debacle del presidente Peña Nieto con la serie de yerros que,
en muchos casos, ha propiciado su familia -y en otras su propio gabinete-, su
renuncia ha sido desde el año anterior un clamor popular que, no obstante, se
agravó en los últimos meses con una aparente enfermedad que se niega a aceptar,
pero que ha hecho cada vez mella en su misma imagen física.
Apenas
el martes, con ocasión de su nuevo libro, el periodista y escritor Rafael Loret
de Mola le exigió renunciar al cargo de Jefe del Ejecutivo, aunque existe una
serie de circunstancias que pocos o nadie se han puesto a reflexionar en ese hipotético
caso.
En
efecto, tal y como plantea el columnista Francisco Muciño, de darse el caso, su
sucesor probablemente saldría de las mismas filas del PRI, aunque, de una u
otra forma, el cambio de mandatario no sería suficiente para mejorar la
situación por la que atraviesa el país, agravado con la crisis del peso.
Peña
Nieto cumplió dos años de gobierno en un contexto que no había previsto: La
desaparición de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa a manos del grupo
criminal “Guerreros Unidos”, aunque con la complicidad de la policía municipal
de Iguala, lo que detonó una crisis política y social que movilizó a diversos
sectores de la población.
Además
de los crecientes cuestionamientos a nivel nacional e internacional a su
gobierno y su capacidad para ofrecer justicia a los desaparecidos y sus
víctimas, uno de los reclamos que se hace más fuerte en las marchas y protestas
es precisamente su renuncia.
Veamos
¿Es factible esa salida? Según el Artículo 86 constitucional, “el cargo de presidente
de la República sólo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso
de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
Aunque
la Constitución no precisa a qué se refiere “causa grave”, la renuncia sería
muy complicada si se trata del caso de Iguala, ya que ocurrieron a nivel
municipal y estatal, pero no federal, opina Gustavo López Montiel, profesor de
Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey.
Lo
cierto, también, es que a raíz de este suceso las acciones de Peña Nieto están
bajo un mayor escrutinio de diversos sectores de la sociedad, lo que hace mucho
más difícil ejercer el poder.
En
2013 y la primera mitad de 2014, el gobierno de Peña recibía de la prensa
internacional y especializada por la serie de reformas estructurales, amén de
que el 11 de agosto, a sólo 47 días de los hechos de Iguala, promulgó las leyes
secundarias de la reforma energética, pero el caso de los normalistas y la
violencia como principal factor de riesgo para el crecimiento económico han
puesto en jaque su gobierno.
De
entrada, cayó 23 lugares en la lista anual Forbes como las personas más
poderosas del mundo, y se ubicó en el lugar 60, cuando anteriormente estuvo en el
37, en una de las caídas más estrepitosas, junto al taiwanés Terry Gou, CEO de
Hon Hai Precision, proveedor de Apple, quien bajó del 48 al 71.
Según
Forbes, la participación del ex alcalde de Iguala en el caso de los normalistas
y el descubrimiento de fosas comunes “enfureció a los mexicanos, y provocó una
campaña masiva exigiendo la renuncia de Peña Nieto, pero ¿y si renuncia?
Dado
que el tema se originó en un municipio, y luego en un Estado -no en la
Federación- sería difícil que el Congreso encontrara una causa grave, además
que el Artículo 108 constitucional dice que el presidente, durante su encargo,
sólo podrá ser acusado “por traición a la patria y delitos graves del orden
común”.
Por
su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos contempla
como responsabilidad del presidente, todos los miembros de los poderes
Legislativo y Judicial, la presentación de su declaración patrimonial, mientras
que las facultades y obligaciones del Ejecutivo están estipuladas en el
Artículo 89 constitucional.
Entre
éstas se incluyen difundir y ejecutar las leyes de senadores y diputados; designar
a secretarios de Estado; ministros de la Suprema Corte; procurador de la
República; oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, entre otros.
Asimismo,
tiene la obligación de resguardar la seguridad de la nación, interior y defensa
exterior de la Federación; declarar la guerra en nombre de los mexicanos, conducir
la política exterior y celebrar tratados internacionales con otros países; y conceder
absoluciones a los reos sentenciados por delitos de conformidad con las leyes
aplicables.
No
obstante, en el hipotético caso de que renunciara, el artículo 84
constitucional contempla dos escenarios:
De
haber dimitido Peña Nieto antes del 1 de diciembre, el Congreso, si estuviera
en sesiones, se habría constituido en colegio electoral y nombraría en escrutinio secreto y por
mayoría absoluta de votos, un presidente interino; y expediría, dentro de los
10 días siguientes al de la designación del interino, la convocatoria para la
elección de quien deba concluir el periodo, debiendo mediar entre la fecha de
la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un
plazo no menor de 14 meses, ni mayor de 18.
¿Y
si renuncia en los últimos cuatro años de su mandato? De estar el Congreso en
sesiones, designaría un sustituto para terminar el periodo; de no estarlo, la
Comisión Permanente nombraría al provisional y convocaría a sesiones
extraordinarias para designar al interino y convocar a elecciones presidenciales
en un plazo no menor de 14 meses ni mayor de 18.
A
unos días de concluir su periodo, el 42% de diputados de la LXII Legislatura
son del PRI, por lo que la designación de un nuevo presidente probablemente
saldría de sus filas, pero, reiteramos, la renuncia no cambiaría la grave,
crítica situación que atraviesa México.
El
problema no es el presidente, sino las condiciones y forma en que el crimen
organizado se infiltró en las instituciones de gobierno, más allá de quien
esté. Como vimos, en Guerrero renunció el gobernador, pero no cambió la
situación: No es suficiente con que el gobierno renuncie, sino un conjunto de
acciones que tengan que ver con la restitución del Estado de derecho.
Aunque
es muy poco probable la eventual dimisión, también es cierto que la capacidad
de su gobierno para ejercer el poder se ve reducida, lo que no es privativo de
México, sino que más gobiernos del mundo se ven limitados, explica el
internacionalista venezolano Moisés Naim, en su libro “El fin del poder”.
“El
poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de
perder. Eso ocurre en todas partes del mundo, pero no sólo geográficamente,
sino en todas las actividades humanas”, afirmó en entrevista con Forbes México
el 24 de febrero último.
¿Por
qué el poder -como tradicionalmente conocemos- está perdiendo fuerza? El ex
director ejecutivo del Banco Mundial lo atribuye a tres determinantes que llama
‘revoluciones’: La del más (mayor población y acceso a servicios e
información); la Movilidad (las fronteras son menos importantes) y la
Mentalidad (ha cambiado la forma de pensar de la gente).
Esta
última es más perceptible a través de la tecnología y redes sociales, en las
que se muestran las motivaciones. Las tecnologías son instrumentos, y éstos
requieren usuarios con motivaciones y dirección, y se están usando estas nuevas
capacidades para moverse en cierta dirección.
Con
todo, pese a que la organización colectiva ha avanzado, le falta mucho como verdadero
contrapeso. Muy probablemente Peña Nieto, enfermo y con poder cada vez más
decadente, concluya su sexenio, pero su ejercicio de poder, después de
Ayotzinapa… y de “Casa Blanca”, ya nunca será igual.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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