¿Alivio a discriminación laboral?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con una población de poco más de 125 millones, México
cuenta con unos 30 millones de jóvenes de entre los 14 y 40 años de edad, pero
a pesar de ser considerado país joven, carece de un esquema socioeconómico con
una verdadera estabilidad para ellos.
En efecto, faltan oportunidades de empleo que
coadyuven a su estabilidad económica y persisten carencias en opciones
educativas y económicas para su promisorio desarrollo. Por el contrario, abundan
condiciones de miseria que incluye salarios, pobreza y marginación, y no se
diga falta de empleo.
Por si fuera poco, existe un fenómeno nada
alentador: Buena parte de la población joven es víctima de desprecios,
inclusive malos tratos al solicitar trabajo, en un aspecto totalmente
discriminatorio.
La falta de empleo es generada por una incorrecta
estrategia económica, que únicamente reconoce la mano de obra barata, y no se basa
precisamente en el empleo y aprovechamiento de experiencia.
Desafortunadamente, esta forma de actuar,
principalmente del sector empresarial, refleja la división internacional del
trabajo, que obliga a especializarse en bienes manufacturados bajo un modelo que
incorpora principalmente a personas con una edad que no rebase los 35 años.
El propósito es contratar sólo a los más jóvenes,
condicionándolos a un salario mínimo y dispuestos a sacrificar muchas expectativas
de vida personal y laboral, en lugar de contratar a personas maduras en busca
de estabilidad y prestaciones mínimas de ley.
En este sentido, queda sin posibilidades de
competir mucha gente con conocimientos, capacidades y aptitudes que podrían incorporarse
al mundo laboral, muchos de ellos seguramente con buenos resultados.
Lamentablemente, se mantiene esta forma de
explotación modernizada, según recién vimos en el caso de los jornaleros de San
Quintín, Baja California, cruelmente castigados por las autoridades locales y
estatales, simplemente por estar en desacuerdo con los engaños y condiciones
inhumanos: Salarios de 100 pesos semanales, sin seguridad social y jornadas de hasta
16 horas diarias bajo insoportables condiciones climáticas.
Esto recuerda el porfiriato, pues no importan edad
y experiencia para pedir trabajo, a cambio de miserables condiciones que
imponen las empresas para una paupérrima forma de ganarse la vida. No es casual
que por años se exijan mejoras salariales, mayores oportunidades y eliminar
prácticas discriminatorias.
Ante este panorama, la Cámara de Diputados aprobó
reformar la Ley Federal del Trabajo para obligar a la Secretaría del Trabajo,
entidades y empresarios a diseñar y ejecutar políticas públicas y programas para
generar oportunidad de empleo que garanticen la inclusión de millones de
mexicanos que superan los 35 años de edad al mercado laboral para aprovechar su
experiencia, sabiduría y capacidad.
El dictamen inscribiría en la Ley Federal del
Trabajo la posibilidad de diseñar políticas públicas para la generación de
oportunidades de empleo para jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable,
aunque sólo se trata de una expresión potestativa y n una obligatoriedad para
gobierno y empresarios.
Desgraciadamente no se respeta la ley para quienes
buscan empleo o exigen mejores condiciones laborales y nos queda claro que, a
través de las autoridades o bajo el cobijo de una mala interpretación de la ley,
no queda más remedio que complacer los mezquinos intereses de las grandes
empresas.
Nada garantiza que el sector empresarial opere bajo
la propuesta de reforma y que el poco más de un millón de mayores de 35 años
que busca empleo, puedan canalizarse a alguna oportunidad laboral, sin
condicionamiento y hostigamiento para mantenerse en el empleo.
Lo más devastador de este proyecto económico
neoliberal, lo vemos con la reciente reforma laboral: Precarias condiciones de
trabajo, desempleo, explotación, inclusive formas veladas de esclavitud
avaladas por la actual ley.
Esto sólo origina, por ejemplo, que la población
adulta con edad para el retiro tranquilo, se vea en la necesidad de andar
buscando un segundo trabajo aparte de la pensión que no le alcanza, lo que
constituye una verdadera crisis en el país.
Este problema es grave, al grado que se ven en la
necesidad de arriesgar su integridad como franeleros, lava-carros o vendedores
ambulantes, lo que deriva en que el 53% de la población económicamente activa
del país se vea obligada a formar parte de la llamada economía “informal”.
Nadie está contra la propuesta, ahora en manos del
Senado, pero cuestionable que los legisladores no hayan dado más de ellos en
alguna pauta para que miles de personas mayores de 35 años puedan ser
contratadas sin miramientos ni prejuicios.
El desempleo es un problema evidente desde hace
muchas décadas. Obtener un puesto en una empresa o institución se ha convertido
en un verdadero obstáculo, nada fácil para un joven, menos aún para un mayor de
35 años, la mejor prueba en los anuncios de los periódicos, donde la mayoría dice
que las vacantes es para personas de entre 25 y 35 años, con lo que a miles se
excluye y discrimina.
Para el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), estos avisos representan un acto discriminatorio, al
condicionar o negar el derecho al trabajo por cuestiones de edad.
Según la Asociación Mexicana por la no
Discriminación Laboral por Edad o Género, el 90% de las vacantes deja fuera a
los mayores de 35 años. La oferta laboral disponible para este segmento se
reduce al 10%, pero con bajos salarios, que nada tienen que ver con el perfil
académico del solicitante, con lo que se desperdician los años de experiencia.
Asimismo, muchas empresas prefieren a los jóvenes
por conocer éstos casi a la perfección los sistemas de tecnología, flexibilidad,
su disponibilidad a viajar o cambiar de residencia, y sobre todo, su menor
pretensión salarial.
En México es complicado demostrar la discriminación
laboral por edad para reclamar ante las Juntas de Conciliación. Al final de
cuentas la empresa contrata a quien decide, y no se ha podido corregir desde el
punto de vista jurídico, pese a la capacidad, eficiencia, productividad y
experiencia de una persona con aquélla edad.
Urge que el Estado implemente programas eficientes que
protejan a este sector de la sociedad, con garantía de mejores oportunidades de
empleo, a efecto de que personas con esa edad no signifiquen sinónimo de vejez,
sino experiencia profesional.
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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