¡“Arroz” negro en Transparencia!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Abiertamente
controlados por el gobierno de Peña Nieto, representantes de los partidos
políticos en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, entre ellos los miembros
del Pacto por México, recibieron el último semestre por concepto de
subvenciones extraordinarias, “bonos” o sobornos alrededor de 150 millones de
pesos para apoyar las iniciativas presidenciales.
En
el marco de la reciente sesión del jueves, en la que se aprobó la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ahora polémica diputada por
Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González, desglosó los “apoyos” que se
distribuyeron irregularmente: PRI, 68 millones 760 mil pesos; PAN, 31 millones
284 millones; PRD, 34 millones; Verde “Ecologista”, 13 millones, y Nueva
Alianza, 2.5 millones.
La legisladora también denunció en agosto la entrega de
millonarios recursos “para o cuando” se aprobaran las reformas estructurales en
materia laboral, telecomunicaciones, energética, financiera y fiscal, pues en
revisión de informes semestrales de los siete partidos de la Cámara, de
septiembre de 2012 a febrero de 2013, cuando se aprobó la reforma laboral, PRI,
PAN, PRD, Verde y Panal recibieron de forma extraordinaria 77.8 millones de
pesos.
Abundó que, como en las demás entregas especiales
extraordinarias, Movimiento Ciudadano y PT no recibieron nada en diciembre, cuando
se aprobó la reforma fiscal y la energética, y que de septiembre de 2012 a
febrero de 2014 sumaban 302 millones 634 mil pesos, a los que agregó un informe
cuatrimestral que se entregó a la Junta de Coordinación Política, donde figuraban
subvenciones especiales por 56 millones 568 mil pesos para esos cinco partidos,
para un total de 359.2 millones de pesos.
Para rematar, consideró que, de sumarse las subvenciones
oficiales de cada bancada a las extraordinarias, de septiembre de 2012 a la
fecha sumaban mil 843 millones 996 mil pesos.
En
esta oportunidad, Zuleyma Huidobro aclaró que no hablaría de los “avances” de la
Ley de Transparencia por llegar ésta con escándalos de transparencia y
corrupción que podrían tener debate real por ser producto de acuerdos populares
y prisas.
En
este sentido, advirtió que hablaría de lo malo, lo feo y lo peor de la nueva ley
porque en el argumento de que todo puede ser perfectible siempre dejan todo
para después, y otras legislaturas enmendarán omisiones y errores.
Con
polémicos enunciados, el dictamen, que se aprobó por 264 votos a favor, 68 en
contra y una abstención, incluye una nueva facultad del IFAI, en el sentido de
abrir información relacionada con violaciones a derechos humanos sin necesidad
de esperar a la Comisión de Derechos Humanos.
No
obstante, no existe claridad sobre los mecanismos de la dependencia para
determinar qué información debe hacerse pública, por lo que la Suprema Corte de
Justicia decidirá cuál podrá hacerse pública en violaciones graves. Sí, leyó Usted
bien, esa misma Corte que integra un constante violador de los derechos humanos:
Eduardo Medina Mora.
Asimismo,
el dictamen dejó fuera a dependencias como SEIDO, Estado Mayor Presidencial,
Sedena, CISEN y Centro de Planeación de Análisis e Información para Combatir a
la Delincuencia Organizada, que no serán sujetos obligados, por ser los que
tomarán la decisión en seguridad nacional.
Obtener
información de éstas será prácticamente imposible, por lo que asumir que
funcionan como se debe es evidentemente falso.
Además,
el Consejo Jurídico de la Presidencia de la República podrá interponer recursos
ante la Corte cuando considere que la información pone en peligro la seguridad
nacional.
Por
si fuera poco, tras múltiples escándalos sobre los millones de pesos en
impuestos que perdonó Hacienda a empresas como Televisa, ahora quiere engañar
diciendo que la ley contempla dar acceso a la información sobre ese tema,
cuando que será de modo limitado hasta que un juez determine que no pone en
peligro la estabilidad económica del país.
En
otras palabras, se buscará evitar la fuga de capital y especulación en la Bolsa
de Valores, lo que ocurriría de revelarse el nombre de las empresas o
instituciones con “trato preferencial” de gobierno. En resumen, todo lo que sea
peligro, a decir del gobierno federal, no se transparentará porque, cierto,
pone en peligro… pero los intereses personales de los servidores públicos.
Hasta
hace unas semanas se alardeaba que la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción
permitiría la publicación de la declaración patrimonial y de interés de todos
los servidores públicos, pero, tal y como se denunció en ese entonces, es mentira,
incongruencia en todo su esplendor.
La
nueva Ley contradice todo lo que los diputados aprobaron, y los senadores
borraron de la iniciativa original, pese a que la publicación de las
declaraciones patrimonial, de interés y de impuestos deberían ser obligatorias
para cualquier funcionario, además de que la Auditoría Superior de la
Federación debería comprobar que todas esas declaraciones san veraces.
Lamentablemente,
pese a esta ley, seguirán escándalos como la “Casa blanca” y las casas de los
secretarios de Gobernación o de Hacienda.
Es
comprensible que legisladores, sobre todo de izquierda, eviten publicar su
patrimonio para no poner en riesgo la seguridad de su familia. Desafortunadamente,
vivimos en un país donde ser transparente convierte a la gente en claro objetivo
para la delincuencia. Ésa es la seguridad en México.
Más
lamentable es que ni los propios defensores del gobierno federal tienen confianza en que la seguridad e
impunidad cambie en el país y, por lo que demuestran sus acciones, pareciera
que prefieren mantener en la opacidad sus bienes, producto de la corrupción, “moches”
y conflictos de interés.
Con
todo, lo peor de la nueva ley es un sólo artículo, el Transitorio y último, donde,
por cierto, se reconoce que el Congreso de la Unión ha manejado los recursos
públicos de manera discrecional y en total opacidad.
¿Qué
significa que la Cámara de Diputados disponga de cuatro meses para una
reorganización administrativa? Sencillo, que se podrá postergar indefinidamente
la obligación de transparencia y seguirá la opacidad en el uso y destino del
dinero público otorgado a grupos parlamentarios, comisiones o cualquier recurso
que reciban los legisladores.
Además,
es grave que con la ley los legisladores carecerían de fuero, con lo que no
tendrían protección por revelar información de interés público, sobre todo en
el caso de los verdaderos opositores, aunque quizá eso es lo que se pretende: Que
los mexicanos no conozcamos de los actos de corrupción.
En
efecto, en agosto último Zuleyma Huidobro denunció que la Cámara de Diputados se
repartía “bonos” que los legisladores llaman subvenciones extraordinarias,
otros sobornos a los que cada uno da el nombre que quiere porque no existe en
ninguna ley o reglamento. No son legales porque los coordinadores de cada grupo
parlamentario los maneja discrecionalmente. No tienen finalidad específica y
tampoco debe comprobarse en qué se utilizan.
Esos
bonos son los que debieron suprimir como medida de austeridad, en vez de
despedir y dejar y dejar sin empleo al 50% de los trabajadores de la Cámara que
cobraban por honorarios.
De
ahí que no sorprenda que no hayan querido modificar el Transitorio, ya que se siguen
repartiendo el dinero de los mexicanos porque, según el último informe
semestral, las subvenciones extraordinarias, bonos, o sobornos de los grupos
parlamentarios ascendieron a unos 150 millones de pesos.
Para
ese efecto Zuleyma Huidobro anticipó que los involucrados querrían pruebas, por
lo que puso a disposición de quien quisiera los informes de todos los grupos.
Visiblemente
incómodo, el presidente de la Mesa, el perredista Julio César Moreno Rivera le pidió
concluir por segunda ocasión, pero ella abundó: Qué van a decir para
justificarse, que utilizaron esos millones en fundaciones, para promocionar a
su partido en los cines, o lo que decida su dirigente.
Moreno
Rivera amenazó con cortarle el sonido, pero aquélla preguntaba “¿qué puede ser
tan extraordinario que justifique el despilfarro de dinero? Nada. Lo que
pretenden es que no se siga cuestionando que vendieron la confianza de los
mexicanos por unos cuantos pesos”.
Nueva
insistencia de Moreno Rivera a que terminara, y nueva acusación de su homóloga,
que por fin concluyó: “Ustedes solo seguirán jugando a ser transparentes”.
¡Y
éstos son nuestros representantes “populares”!: El arroz negro del montón.
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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