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¡Revelaciones del “caso-Aristegui”!


                                    Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En un nuevo giro, el nombre del ex presidente del desaparecido IFE, José Woldenberg Karakowsky (1997-2003), salió a relucir en el caso del despido de Carmen Aristegui del programa de radio MVS Noticias tras la incorporación de la periodista y su equipo en la plataforma informativa digital independiente MéxicoLeaks.
En efecto, en el contrato Aristegui-MVS había una cláusula que establecía que cualquier diferendo obligaba a las partes a la entrada de un árbitro que, en este caso, tenía nombre y apellido, José Woldenberg, quien fue llamado para el caso, pero a pesar de dos solicitudes a mediar, hasta hoy no ha ocurrido porque el contrato no era conocido ni transparente, pese a tratarse de un bien del Estado mexicano.
Ante el escándalo por el despido de la periodista, el tema se abordó en el Senado, donde se propusieron diversos puntos de acuerdo, entre ellos del panista Javier Corral Jurado, los petistas Manuel Bartlett Díaz y Marco Antonio Blásquez Salinas; los perredistas Dolores Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, así como de la Morena, Layda Sansores San Román.
Sin embargo, pese a que el caso se ha polemizado y cuestionado en todos los círculos políticos y sociales del país, ante la votación mayoriteada, encabezada por el PRI y el Verde “Ecologista” -para variar- no se consideró de urgente resolución y, contra la voluntad de los ponentes, el presidente de la Mesa, el perredista Miguel Barbosa Huerta, lo turnó a la Junta de Coordinación Política, que nada tiene que ver con el tema.
Ante escasos 70 senadores, según conteo oficial -muchos salieron tras el pase de lista de asistencia-, es una pena que en un momento en el que se acechan las libertades de información y expresión y el derecho a la información de los mexicanos, la mayoría de los Senadores demostrara falta de interés y no estuvieran presentes.
El punto de Acuerdo de Corral Jurado tiene por propósitos, primero, que el Senado, que representa el Federalismo, la soberanía de los Estados y el Pacto Federal, no quede al margen de la protesta y de manifestarse de un asunto fundamental frente al que gran parte de la sociedad lo ha hecho por ser un atropello a las libertades de información y el derecho a la información.
Segundo, abrir una discusión, acercarse al momento que vive México a partir del caso y solidarizarse, no sólo con la periodista, sino con el equipo de periodistas que la han acompañado en un ejercicio crítico frente al que muchos sienten orfandad informativa cuando recorren el cuadrante de la radio.
Asimismo, hace un llamado a la empresa a cumplir, respetar cabalmente el contrato de prestación de servicios profesionales que suscribieron periodista y MVS, y que se le reinstale, además de respeto al acuerdo general de política editorial y reglas de conducta ética que se suscribieron desde el 1° de enero de 2009 y vigentes hasta hace dos semanas, un contrato modelo en defensa de la libertad de expresión y de los periodistas, en el centro y fondo de esta censura.
Finalmente promueve alternativas desde el sistema de medios públicos, particularmente desde el Canal del Congreso, espacios para que esa voz que pretende silenciarse pueda seguir ejerciendo el periodismo crítico en aras de una pluralidad que México necesita, porque la voz de Aristegui “es necesaria en el proceso democrático de México”.
El caso se ha querido calificar como “conflicto entre particulares”, lo que es falso, pero aunque fuera cierto no son dos particulares cualquiera, ya que uno es concesionario de un bien público y presta un servicio público de interés general, según cataloga la Constitución al servicio de radiodifusión, mientras que Aristegui presta un servicio público de derecho a la información, el ejercicio de la libertad de expresión consagrado en la Constitución.
La Secretaría de Gobernación lo quiere reducir a un conflicto empresa- prestadora de servicios, lo que, más que deslinde, suena a un “mea culpa”, pues aunque fuera conflicto entre particulares, el artículo 70 de la Constitución defiende sus derechos y servicios.
Para la Carta Magna es inviolable la libertad de difundir opiniones y información de ideas a través de cualquier medio: “No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares; papel para periódicos o frecuencia radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación, encaminadas a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”, dice.
El conflicto inventado para el despido de Aristegui tiene un fondo sumamente preocupante para México, vinculado a la aparición MéxicoLeaks, que preocupa al presidente Peña Nieto, su gabinete y otros actores políticos por ser una plataforma digital independiente que, para investigar, verificar, analizar y compartir, permitirá enviar de manera segura y anónima información y documentos de interés público a medios y ONGs.
Se trata de una iniciativa de Free Press Unlimited, una Organización No Gubernamental holandesa y un trabajo conjunto de GlobaLeaks, que pretende ayudar a periodistas del mundo a construir un mecanismo de comunicación que permita revelar información de interés público.
La coordinadora de Free Press, Albana Shala, señaló que pensaron en México por ser un país con muchos problemas y riesgos para periodistas perseguidos o asesinados sólo por hacer su trabajo, o sea informar.
Por su parte, el grupo Medios de Comunicación y Organizaciones No Gubernamentales, que se unió a la iniciativa, cuenta con todo el prestigio con una labor que lo respalda, aunque también lo hicieron Animal Político, EmeEquis, Más de 131, Periodistas de Pie, Poder, Revista Proceso, Red en Defensa de los Derechos Digitales y la Unidad de Investigaciones Aristegui/MVS.
Es mentira que se hubiera incorporado la marca “Noticias MVS”, sino la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiero Primera Emisión de Noticias MVS, de la que Aristegui es titular y conductora.
Este hecho detonó el conflicto y preocupa al gobierno, y más la inclusión de la Unidad de Investigaciones de Aristegui, sobre todo por los asuntos que investiga MéxicoLeaks, que puede estrenarse con la investigación del equipo de Aristegui: La casa que Luis Videgaray compró a Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, en una ganga de 7.5 millones de pesos, pese a su valor aproximado de 3 millones de dólares.
Esa casa, propiedad original de Nelson Vargas, ex colaborador de Vicente Fox en la Comisión Nacional del Deporte, se registró en la declaración patrimonial del secretario de Hacienda en el 2000, y se investigaba el valor real de la casa, las declaraciones patrimoniales y los boletines del funcionario de Hacienda.
No sólo preocupaba al gobierno y la empresa la potencia del programa de Aristegui, construido a lo largo de seis años, sino la libertad editorial de la periodista en su contrato que, confidencial para las partes, tuvo como anexo complementario un acuerdo general de política editorial y código de ética, que ambos decidieron publicar y colocar en su página Web durante el conflicto de febrero de 2011, que también mantuvo a aquélla dos semanas fuera del aire.
El contrato era poderoso como modelo de relación laboral de muy pocos periodistas de América Latina, pero había que “tronarlo” como sea, mucho más porque Peña Nieto se ha volcado en el control y sometimiento de la gran mayoría de los medios de comunicación, no solo vía cuantiosos recursos para cooptación, sino con intimidación, chantaje y hostigamiento empresarial y personal que Aristegui llama “vendaval de regresiones autoritarias”.
La cancelación de los pocos espacios críticos no sería excepción para el nivel de arrogancia e incompetencia del equipo más cercano al Presidente en su antología de la evolución hacia lo peor.
Verá Usted. Instalados en una lógica de corto plazo para ir atajando el escándalo inmediato, ese equipo acumuló en dos años casi todos los elementos para detonar el conflicto social, hizo desaparecer aquella sensación creada por ellos mismos de que venían nuevos tiempos, grandes reformas y prosperidad.
A largo plazo, lo único que piensa es cómo proteger al mandatario cuando deje de ser presidente, construirle impunidad transexenal y quitarle el recordatorio permanente de la crítica profunda informada, estructurada de MVS por las mañanas.
Todo lo anterior es el fondo del despido inadmisible del inventado conflicto MVS-Aristegui, para lo cual existe gran presión para que la empresa, por su propia naturaleza -más susceptible a las exigencias del gobierno-, recuperara el control editorial sobre las cuatro horas diarias “sueltas” de Aristegui, coincidentemente las más escuchadas en todo México.
Los conductores matutinos en las frecuencias AM y FM del Distrito Federal, incluidos los Combos, no le llegaban juntos ni a los talones a la primera emisión de Aristegui. Este es el fondo del asunto, por lo que es hora de distinguir este delicado momento, solidarizarse con la periodista y alzar la voz porque vendrán por otros periodistas más: No es casualidad que un policía sea secretario de Gobernación.
¡Aguas! Tras este silenciamiento ¡Vendrá la represión es el momento más delicado de la crisis que vive México!

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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