¡Revelaciones del “caso-Aristegui”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En un nuevo giro, el nombre del ex presidente del
desaparecido IFE, José Woldenberg Karakowsky (1997-2003), salió a relucir en el
caso del despido de Carmen Aristegui del programa de radio MVS Noticias tras la
incorporación de la periodista y su equipo en la plataforma informativa digital
independiente MéxicoLeaks.
En efecto, en el contrato Aristegui-MVS había una
cláusula que establecía que cualquier diferendo obligaba a las partes a la
entrada de un árbitro que, en este caso, tenía nombre y apellido, José
Woldenberg, quien fue llamado para el caso, pero a pesar de dos solicitudes a
mediar, hasta hoy no ha ocurrido porque el contrato no era conocido ni
transparente, pese a tratarse de un bien del Estado mexicano.
Ante el escándalo por el despido de la periodista,
el tema se abordó en el Senado, donde se propusieron diversos puntos de
acuerdo, entre ellos del panista Javier Corral Jurado, los petistas Manuel
Bartlett Díaz y Marco Antonio Blásquez Salinas; los perredistas Dolores
Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, así como de la Morena, Layda Sansores San Román.
Sin embargo, pese a que el caso se ha polemizado y
cuestionado en todos los círculos políticos y sociales del país, ante la
votación mayoriteada, encabezada por el PRI y el Verde “Ecologista” -para
variar- no se consideró de urgente resolución y, contra la voluntad de los
ponentes, el presidente de la Mesa, el perredista Miguel Barbosa Huerta, lo
turnó a la Junta de Coordinación Política, que nada tiene que ver con el tema.
Ante escasos 70 senadores, según conteo oficial
-muchos salieron tras el pase de lista de asistencia-, es una pena que en un
momento en el que se acechan las libertades de información y expresión y el
derecho a la información de los mexicanos, la mayoría de los Senadores demostrara
falta de interés y no estuvieran presentes.
El punto de Acuerdo de Corral Jurado tiene por
propósitos, primero, que el Senado, que representa el Federalismo, la soberanía
de los Estados y el Pacto Federal, no quede al margen de la protesta y de
manifestarse de un asunto fundamental frente al que gran parte de la sociedad lo
ha hecho por ser un atropello a las libertades de información y el derecho a la
información.
Segundo, abrir una discusión, acercarse al momento
que vive México a partir del caso y solidarizarse, no sólo con la periodista,
sino con el equipo de periodistas que la han acompañado en un ejercicio crítico
frente al que muchos sienten orfandad informativa cuando recorren el cuadrante
de la radio.
Asimismo, hace un llamado a la empresa a cumplir,
respetar cabalmente el contrato de prestación de servicios profesionales que suscribieron
periodista y MVS, y que se le reinstale, además de respeto al acuerdo general
de política editorial y reglas de conducta ética que se suscribieron desde el
1° de enero de 2009 y vigentes hasta hace dos semanas, un contrato modelo en
defensa de la libertad de expresión y de los periodistas, en el centro y fondo
de esta censura.
Finalmente promueve alternativas desde el sistema
de medios públicos, particularmente desde el Canal del Congreso, espacios para
que esa voz que pretende silenciarse pueda seguir ejerciendo el periodismo
crítico en aras de una pluralidad que México necesita, porque la voz de
Aristegui “es necesaria en el proceso democrático de México”.
El caso se ha querido calificar como “conflicto
entre particulares”, lo que es falso, pero aunque fuera cierto no son dos
particulares cualquiera, ya que uno es concesionario de un bien público y
presta un servicio público de interés general, según cataloga la Constitución al
servicio de radiodifusión, mientras que Aristegui presta un servicio público de
derecho a la información, el ejercicio de la libertad de expresión consagrado
en la Constitución.
La Secretaría de Gobernación lo quiere reducir a un
conflicto empresa- prestadora de servicios, lo que, más que deslinde, suena a
un “mea culpa”, pues aunque fuera conflicto entre particulares, el artículo 70
de la Constitución defiende sus derechos y servicios.
Para la Carta Magna es inviolable la libertad de
difundir opiniones y información de ideas a través de cualquier medio: “No se
puede restringir este derecho por vías o medios indirectos como el abuso de
controles oficiales o particulares; papel para periódicos o frecuencia
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación,
encaminadas a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”, dice.
El conflicto inventado para el despido de Aristegui
tiene un fondo sumamente preocupante para México, vinculado a la aparición
MéxicoLeaks, que preocupa al presidente Peña Nieto, su gabinete y otros actores
políticos por ser una plataforma digital independiente que, para investigar,
verificar, analizar y compartir, permitirá enviar de manera segura y anónima
información y documentos de interés público a medios y ONGs.
Se trata de una iniciativa de Free Press Unlimited,
una Organización No Gubernamental holandesa y un trabajo conjunto de
GlobaLeaks, que pretende ayudar a periodistas del mundo a construir un
mecanismo de comunicación que permita revelar información de interés público.
La coordinadora de Free Press, Albana Shala, señaló
que pensaron en México por ser un país con muchos problemas y riesgos para
periodistas perseguidos o asesinados sólo por hacer su trabajo, o sea informar.
Por su parte, el grupo Medios de Comunicación y
Organizaciones No Gubernamentales, que se unió a la iniciativa, cuenta con todo
el prestigio con una labor que lo respalda, aunque también lo hicieron Animal
Político, EmeEquis, Más de 131, Periodistas de Pie, Poder, Revista Proceso, Red
en Defensa de los Derechos Digitales y la Unidad de Investigaciones
Aristegui/MVS.
Es mentira que se hubiera incorporado la marca “Noticias
MVS”, sino la Unidad de Investigaciones Especiales del noticiero Primera
Emisión de Noticias MVS, de la que Aristegui es titular y conductora.
Este hecho detonó el conflicto y preocupa al
gobierno, y más la inclusión de la Unidad de Investigaciones de Aristegui,
sobre todo por los asuntos que investiga MéxicoLeaks, que puede estrenarse con la
investigación del equipo de Aristegui: La casa que Luis Videgaray compró a
Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, en una ganga de 7.5 millones de
pesos, pese a su valor aproximado de 3 millones de dólares.
Esa casa, propiedad original de Nelson Vargas, ex
colaborador de Vicente Fox en la Comisión Nacional del Deporte, se registró en la
declaración patrimonial del secretario de Hacienda en el 2000, y se investigaba
el valor real de la casa, las declaraciones patrimoniales y los boletines del funcionario
de Hacienda.
No sólo preocupaba al gobierno y la empresa la
potencia del programa de Aristegui, construido a lo largo de seis años, sino la
libertad editorial de la periodista en su contrato que, confidencial para las
partes, tuvo como anexo complementario un acuerdo general de política editorial
y código de ética, que ambos decidieron publicar y colocar en su página Web
durante el conflicto de febrero de 2011, que también mantuvo a aquélla dos
semanas fuera del aire.
El contrato era poderoso como modelo de relación
laboral de muy pocos periodistas de América Latina, pero había que “tronarlo” como
sea, mucho más porque Peña Nieto se ha volcado en el control y sometimiento de
la gran mayoría de los medios de comunicación, no solo vía cuantiosos recursos para
cooptación, sino con intimidación, chantaje y hostigamiento empresarial y
personal que Aristegui llama “vendaval de regresiones autoritarias”.
La cancelación de los pocos espacios críticos no sería
excepción para el nivel de arrogancia e incompetencia del equipo más cercano al
Presidente en su antología de la evolución hacia lo peor.
Verá Usted. Instalados en una lógica de corto plazo
para ir atajando el escándalo inmediato, ese equipo acumuló en dos años casi
todos los elementos para detonar el conflicto social, hizo desaparecer aquella
sensación creada por ellos mismos de que venían nuevos tiempos, grandes
reformas y prosperidad.
A largo plazo, lo único que piensa es cómo proteger
al mandatario cuando deje de ser presidente, construirle impunidad transexenal
y quitarle el recordatorio permanente de la crítica profunda informada,
estructurada de MVS por las mañanas.
Todo lo anterior es el fondo del despido
inadmisible del inventado conflicto MVS-Aristegui, para lo cual existe gran
presión para que la empresa, por su propia naturaleza -más susceptible a las
exigencias del gobierno-, recuperara el control editorial sobre las cuatro
horas diarias “sueltas” de Aristegui, coincidentemente las más escuchadas en
todo México.
Los conductores matutinos en las frecuencias AM y
FM del Distrito Federal, incluidos los Combos, no le llegaban juntos ni a los
talones a la primera emisión de Aristegui. Este es el fondo del asunto, por lo
que es hora de distinguir este delicado momento, solidarizarse con la periodista
y alzar la voz porque vendrán por otros periodistas más: No es casualidad que
un policía sea secretario de Gobernación.
¡Aguas! Tras este silenciamiento ¡Vendrá la
represión es el momento más delicado de la crisis que vive México!
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
Comentarios
Publicar un comentario