Ir al contenido principal
¡Calvario de otro periodista local!


                                  Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Apelando a la buena voluntad del gobernador Roberto Borge en torno a la libertad de expresión, el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Quintana Roo, Armando Castillo Montejo, representante de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos del Sureste, puso de manifiesto la prepotencia e irregularidades de las autoridades del ramo en Benito Juárez, mismas que imputan éstas a “los de arriba”.
En este sentido, pidió interceder ante el director del Instituto Municipal del Deporte de Cancún, José Luis González Mendoza, quien, en abierta actitud revanchista ante las críticas del periodista, maniobró para la clausura de un “changarrito” de aquél en el interior de la unidad deportiva conocida como el “Toro Valenzuela”.
De viaje en la ciudad de México el sábado último para un homenaje al quintanarroense Juan Bautista Reinhartd, uno de los primeros cronistas deportivos del Estado que ingresó al Salón del Periodista Deportivo de México -inaugurado ese día por el director de la CONADE, Jesús Mena Campos-, el Ayuntamiento benitojuarense aprovechó consumar su venganza.
Para ese efecto, inspectores de Fiscalización Municipal, que encabeza el cuestionado Raymundo López Martínez, trataron como delincuente a la esposa del afectado, Blanca Estela Fuentes Manzo, pese a que el ex director del Deporte de Cancún, Amador Gutiérrez Guigui, permitió en su momento la instalación de ese pequeño negocio donde no afectara a los deportistas.
No obstante, al asumir José Luis González Mendoza esta dirección le pidieron aportar 500 pesos mensuales “al deporte”, a lo que accedió con gusto, ya que, dado su trabajo periodístico deportivo de más de 20 años, le queda claro que ningún presupuesto alcanza para cubrir las necesidades del renglón, pero como periodista se considera uno de los más críticos del deporte, siempre con profesionalismo.
(Como se sabe, el empresario Andrés Sánchez Roldán denunció ante el alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo, una pretendida extorsión de López Martínez, quien le pidió 60 mil pesos para rebajarle una multa. Dueño de dos hoteles de Cancún, el afectado dijo que Fiscalización le dejó un requerimiento por dos anuncios luminosos, pero que la multa por falta de permisos ascendía a 120 mil pesos, que el funcionario le rebajaría a 60 mil pesos si le entregara 52 mil pesos por un recibo de 8 mil pesos para saldar la multa)
Según explica Castillo Montejo, sus críticas en los últimos meses habían sido más fuertes, pero con sustento, lo que, sin embargo, generó que su relación con González Mendoza y el titular de la Cojudeq sea más álgida, por lo que sólo acudía al Instituto a pagar la aportación del “changarrito”, hasta que el sábado llegó el inspector con la consigna de clausura, supuestamente por carecer de licencia de funcionamiento y por tener “ordenes de arriba”.
Durante dos trienios jamás tuvo ese problema, amén de que nunca dejó de ser crítico de los funcionarios deportivos en turno, con los que llegó a tener diferencias, pero siempre respetaron su labor periodística como coordinador de deportes del portal www.palcoquintanarroense.com y del diario digital: SIE7E DIAS (www.sie7edias.com) así como colaborador de la revista Maya sin Frontera.
Así las cosas, acudió a Fiscalización Municipal, donde, sin mayores explicaciones, López Martínez le pidió volver al día siguiente para ver cómo ayudarlo, pero a la hora que lo citaron uno de los “secretarios” dijo que sólo quitarían el sello de clausura con un comprobante de pagos del Instituto del Deporte.
No obstante, el director operativo de la dependencia, Gabriel Aguiñaga Correa, a quien solicitó el documento, acudió al director Administrativo del Instituto, quien le dijo que Castillo Montejo debía hablar directamente con González Mendoza, único autorizado para otorgar el documento, aunque sólo pudo localizarlo tras 13 días para que le pretextara que su caso no estaba en sus manos, porque “arriba” recibió instrucciones de cerrar el “changarrito”.
González Mendoza le aclaró que era imposible reabrir el negocio, aunque le aconsejó “cabildear” con los de “arriba” y cuando tuviera respuesta se la haría saber, y de ahí que acude al Jefe del Ejecutivo porque si aquél tiene algo personal en su contra, que se desquite de otra forma, no atentando contra la economía de su familia.
(Con un oscuro pasado como operador político del PRI, el funcionario se echó encima a los aficionados de Cancún desde el año anterior, cuando prohibió la entrada  a los partidos de los Pioneros con “jerseys” amarillos, luego que el uniforme del tradicional equipo cancunense cambiara con el nuevo Ayuntamiento priísta a rojo, o sea, del color del PRI.
Y no se salía aún del conflicto, cuando se le señala de manipular las elecciones de comités deportivos de las colonias populares para poner ¡claro! a gente vinculada al PRI)
Castillo Montejo colaboró en el desaparecido diario El Quintanarroense, pero desde que éste cerró hace más de un año no ha podido obtener un trabajo estable en otro medio establecido, salvo como “free lance”, por lo que su familia sobrevivía con lo poco de su venta en el “changarrito” de 17 a 22 horas de lunes a viernes.
Como presidente de la Asociación, el afectado, miembro de la Comisión de Honor y Justicia de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, llevó a Cancún varios cursos, seminarios y talleres de periodismo deportivo, con apoyo de empresarios y funcionarios y aval de la propia Federación, en tanto obtuvo la sede del Congreso Nacional del gremio en 2005 y la Asamblea Nacional y entrega de los reconocimientos “Fray Nano” y “Ángel Fernández”.
La carta a Roberto Borge tiene copias para la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, la presidencia de Federación, las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía de Protección al Periodista en México, la Organizaciones de Periodistas Nacional e Internacional, la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Gobierno de Quintana Roo.
Apenas el jueves último publicamos que, en cumplimiento de su labor, el periodista local Jorge Luis Uc Ramírez fue víctima de la Policía Estatal Acreditable, encabezada por el “supervisor” de ésta, Sergio Miguel Lagunes Mora, para un flagrante y cobarde ataque a la libertad de expresión, y aunque el caso de Castillo Montejo no incluyó golpes y detención, no es sino más de lo mismo, aunque con nuevas “herramientas”.
Tanto en uno como en otro caso, es de esperarse congruencia del gobernador del Estado con su iniciativa de ley para la Protección de los Periodistas en Quintana Roo ¿Será mucho pedir?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                      http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

Comentarios

Entradas populares de este blog

¡Nuevo, sonado escándalo en la Fiscalía!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*          Mientras la gobernadora de Quintana Roo, la verde-morenista Mara Lezama, está más preocupada por la supuesta posibilidad de ser nombrada una de las últimas colaboradoras de la virtual nueva presidente de México como próxima Secretaria de Turismo, sus propios colaboradores siguen haciendo de las suyas, principalmente en la Fiscalía General del Estado.          No sabemos qué tanto esté involucrado el titular de la dependencia, Raciel López Salazar, no así el Fiscal del Distrito Zona Norte, Sergio Iván Cruz Ledezma, a quien el sábado acusaron desde el portal Noti-Ulin , de tener un  “Edén” y habla de una “red de corrupción y poliamor en la Fiscalía”, según sugestivo título que aparece en redes sociales.          Ignoramos si la propia Mara Lezama lo nombró o si sería “chanchullo” de Raciel López, como lo han sido sus demás
¡Lluvia... de millones de pesos en la SCJN!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Mientras nosotros preocupados por el huracán “Beryl”, una lluvia de millones de pesos gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ahí su “indignación” en que se reforme el Poder Judicial, según se puso de manifiesto el martes, con ocasión del tercer foro para la reforma que, bajo el título “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores”, se realizó en Toluca, Estado de México. Ante el presidente del Tribunal en el Estado de México -también del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esa entidad-, a quien el senador Ricardo Monreal Ávila dijo :  “¡viva también la austeridad para usted!”, el tema de este foro tuvo que ver con la austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores del Poder, posición jurídica y política. Según se explicó, los derechos laborales de los trabajad
Infierno de mujeres… ¡paraíso de juzgadores!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Las renombradas reformas al Poder Judicial, donde jueces, magistrados y ministros son los principales cuestionados, en estos tiempos de mujeres, que hace 69 años votaron por primera vez, el reclamo popular es que la justicia está muy lejos de la gente, y existe un reproche constante y permanente, donde, tan sólo en el ámbito penal, ¡el 40% de los reclusos de los centros penitenciarios! carecen de sentencia. Acorde con el tema, lo más grave es que, en la mayoría de los casos, las afectadas son mujeres, la mitad de las cuales, por si fuera poco, tampoco tiene sentencia, y tres de cada 10 de ellas han esperado más de dos años una resolución, sin olvidar casos en los que llevan más de 15 años. Lo cierto es que tan sólo el 4% de las investigaciones de las Fiscalías federales o estatales avanza en los tribunales que, para todo, les