¡Cuates y compadres en intoxicada “justicia”!

                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aún indignados con la polémica designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y previendo una posible, próxima controversia similar, académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) encabezan una campaña nacional a través de Change.org para pedir al presidente Peña Nieto excluir a políticos y amigos en las ternas para elegir a dos nuevos miembros.

Con la petición #SinCuotasniCuates, que avalaban más de 42 mil personas, los académicos piden integrar las ternas con perfiles profesionales, con amplio conocimiento en la materia y, sobre todo, “sin evidentes conflictos de interés”, como fue el cuestionable caso de Medina Mora, tan cuestionable como los que se prevén en Quintana Roo, según veremos más adelante.

El documento plantea tres principales criterios para las ternas: #AuscultaciónAbierta, #SinCuotasNiCuates y #ParidadEnLaCorte. Respecto a la auscultación abierta, piden que el público tenga acceso a los documentos que respalden la trayectoria de cada candidato, así como los motivos por los se le propuso.

Desde marzo de este año, cuando el Senado “eligió” a Medina Mora, trascendió la existencia de un pacto entre el PRI-Verde y el PAN para la distribución de cuotas en el Pleno de la SCJN, ya que el blanquiazul avaló abiertamente la propuesta del tricolor, por lo los académicos solicitan que la próxima elección de ministros esté libre de intereses partidistas.

Ante esto, promovido por ex funcionarios de la PGR -Davina Guadalupe, Ana María y Eduardo Ponce Martínez- cesados de la dependencia durante la gestión de Medina Mora como su titular (2006-2009), la SCJN aprobó históricamente por cuatro votos revisar si es posible impugnar el nombramiento de Medina Mora.

El caso inició cuando los ex funcionarios impugnaron vía Amparo a Medina Mora, lo que un juez consideró improcedente, por lo que impugnaron que no se hubiera admitido a trámite su demanda, y de ahí que la Segunda Sala atrajera el caso para revisar si procede el Amparo contra la designación de un ministro y explicara que se analizaría por su relevancia y trascendencia, además de permitir interpretar preceptos de la Constitución.

No obstante, la Sala no determinará si estuvo bien el nombramiento, sino si es posible impugnarlo, por lo que, en caso de resolver como posible una impugnación similar, el caso se enviaría al juzgado que negó admitir el proceso y éste resolverá sobre el nombramiento de Medina Mora.

Desde que se anunció que éste formaba parte de la terna de Peña Nieto para suplir al ministro Valls Hernández, organizaciones civiles, académicos y activistas se manifestaron en contra por la descomposición de la seguridad y la justicia que lideró y las violaciones a derechos humanos mientras ocupó diferentes cargos en las instancias de seguridad del país.

El próximo 30 de noviembre, los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza dejarán sus puestos por concluir su periodo, por lo que se exige a Peña Nieto y a los legisladores que entre los sucesores “imperen criterios de mérito profesional y conocimiento jurídico y no se hagan con base en reparto de cuotas partidistas o por relaciones de amistad”.

Pese a que el mandatario aseguró que se apegaría “fielmente” a la Constitución en su propuesta, las instituciones del Estado mexicano atraviesan por una crisis de credibilidad por no haber logrado erradicar la corrupción e impunidad de muchos servidores públicos, y la SCJN es la última instancia que debiera mantenerse independiente de los demás Poderes.

El temor ciudadano ante los nombramientos es que Peña Nieto quiera imponer a algún incondicional cuyo, como ocurrió con Medina Mora, o pagar su compromiso político al PAN por haberlo apoyado. En los medios judicial y político se da por hecho que propondrá al senador priísta con licencia, Raúl Cervantes Andrade, ¡primo del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes!

Esto sentaría el precedente inédito en México por el cual al miembro de un Poder, en este caso el Legislativo, se le nombra para otro Poder, cuando aún no concluye su periodo para el que se le eligió en un cargo irrenunciable.

En medios políticos, también se mencionó el nombre del ex titular de gobernación y ex senador del PAN, Santiago Creel Miranda, quien abandonó esa posibilidad y dio paso a “postular” al exdirigente blanquiazul, Germán Martínez Cázares, con lo que entre PRI y PAN se estarían repartiendo los nombramientos de la SCJN.

         No obstante, en el excepcional caso de que Peña Nieto no postulara a Cervantes Andrade, y para cubrir la “cuota de género” en la Corte, la terna podría beneficiar a Martha María del Carmen Hernández, consejera de la Judicatura Federal y ex colaboradora del mandatario en el Estado de México, aunque también “suenan” María del Carmen Alanís Figueroa y Mireille Roccatti, ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial y abogada de la Secretaría de Agricultura, respectivamente.

         Hasta ahí las cosas, Quintana Roo también tiene en el ojo del huracán al Poder Judicial, donde su recién reelecto presidente, Fidel Villanueva Rivero, también encara el inminente nombramiento de dos nuevos magistrados, ante el próximo retiro de Manuel Ávila Fernández y Norma Loría Marín, quienes, con 12 años de servicio, están a punto de unirse a la lista de los pensionados del Tribunal Superior de Justicia.   

         De esta manera, los aún funcionarios se sumarán a  Lizbeth Loy Song Encalada, Oscar Enrique Aguilar Angulo, Arturo Isidro Pacheco Montalvo y Carlos Francisco Sosa Huerta como con ex magistrados que devengan 766 mil pesos anuales.

Esto último es harina de otro costal, ya que lo que realmente preocupe a los abogados del medio es la posibilidad de que, como ocurre en el caso de la SCJN, también se politice en Quintana Roo la terna de probables sucesores de Avila Fernández y Norma Loría.

 En efecto, quienes “suenan” para ocupar las vacantes son del actual magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, y el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos Acevedo a quien señalan como “tuitero” oficial del Gobierno del Estado, aunque identificado por otros como enemigo declarado de los periodistas no afines.

Ahora bien, el artículo 101 Constitucional establece que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; y no tener menos de 35 años de edad el día de la designación.

Asimismo, pide poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada.

Impone también gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

Por otro lado, dice, deberá haber residido en el Estado durante los 10 años anteriores al día de la designación, no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se haya separado cinco años anteriores a la fecha de su designación, y no haber sido gobernador, secretario de despacho o su equivalente, procurador general de Justicia, senador, diputado federal o local, ni presidente municipal durante el año previo al día de su designación.

Por último, dice que los nombramientos deberán recaer preferentemente entre quienes hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en ejercicio de la actividad jurídica.

De Magos Acevedo se ha escrito hasta el cansancio sobre sus roces con la prensa no-oficial y el aparente manejo de redes sociales contra ella, mientras que el principal problema del cozumeleño Vivas Vivas es la opacidad de su manejo presupuestal, aunque, apenas empezando este año, se “autobalconeó” al postear en su muro de Facebook una foto en bicicleta paseando con su “camarada” y secretario particular, Roberto Agundis Yerena, ¡en pleno día hábil! http://noticaribe.com.mx/2015/06/18/el-cinico-recreo-de-victor-vivas-en-el-teqroo/

Apenas en junio último, delató su intrascendencia como funcionario al exhibir, como un acto digno de presumir ante la sociedad, que el Teqroo organizó el sorteo de un cuadrangular de fútbol con ocasión del Día del Padre, en el que también fungirían como árbitros magistrados y funcionarios del Tribunal. En pleno recreo, pese a cobrar 59 mil pesos mensuales, más jugosas prestaciones y otras “extras” que el pleno del Tribunal se asigna a discreción.

Prueba de la preocupación de los litigantes locales fue la designación del chetumaleño Miguel Mario Angulo Flota, entonces Notario Público 27, a quien el Congreso del Estado -¡otra vez los criticables legisladores!- favoreció como Magistrado Supernumeraria del Tribunal en septiembre del 2011, tras fenecer el periodo de María Teresa Castro Ríos, y “elegir” de una terna.

También favorecido con la Notaría en 1999 por el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid. Angulo Flota, heredó ésta a su hijo Miguel Mario Angulo Sala, su “suplente”. El ex notario no se ha distinguido precisamente por sus dotes como litigante, estar actualizado en la materia o analizar los expedientes penales, sino como po-lí-ti.co.

         Así, los “teatros” están dispuestos en la SCJN y el Poder Judicial de Quintana Roo, donde, con 18 votos a favor y cuatro en contra, el Congreso local, que encabeza el cuestionable aspirante a la presidencia municipal de OPB, Pedro Flota Alcocer, aprobó la reelección de Villanueva Rivero por un periodo adicional de seis años.

Los únicos legisladores que votaron contra esa reelección fueron los panistas Sergio Bolio Rosada, Perlan Tun Pech y Trinidad García Argüelles, así como el independiente Jorge Aguilar Osorio, mientras “la otra” oposición, a decir de quienes vivieron de cerca el proceso, fue “maiceada”.

         Irónicamente, como buen político, para variar, la verdadera aspiración de Villanueva Rivero es la candidatura a diputado local.

¡Pobre justicia de Quintana Roo!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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