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La verdad sobre un impuesto “especial”


                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
         Aunque algunos solemos ser desconfiados por naturaleza, otros sólo lo son ante los políticos, más aun entre los que así han obligado, como son los casos del propio presidente Peña Nieto y de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tras su sospechosa adquisición de sendas mansiones, el primero de ellos la ahora conocida como “Casa Blanca”.
         Así las cosas, la sospecha vuelve a surgir entre millones de mexicanos, seguramente Usted entre ellos, una vez que nos enteramos que el próximo presupuesto de la Federación, recién aprobado por la Cámara de Diputados, incluye una inusual disminución del pago de impuestos -sí leyó Usted bien, dijimos ¡disminución!-, ya que nos tienen acostumbrados a los aumentos.
         La natural suspicacia surge tras enterarnos que, lejos de que esta rebaja beneficie al grueso de la población, es decir más de 50 millones de mexicanos que sufren de pobreza, favorece a una de las empresas más exitosas del país, irónicamente, la que mayor daña la salud: Las embotelladoras.
         En efecto, ahora resulta que la aplanadora PRI-Verde-Alianza de la Cámara “baja” aprobó en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que las bebidas cuyo contenido sea menor a cinco gramos de azúcar por litro, paguen sólo el 50% del impuesto anterior, es decir, 50 centavos en lugar del peso original.
Tal y como sugirió la diputada federal Isaura Pool Pech, lo que menos importa al gobierno federal en la recaudación y presupuesto es la atención de los problemas de salud pública, y claro ejemplo del fracaso de las políticas del gobierno de Peña Nieto es la falta de atención a la obesidad como uno de los más grandes problemas de salud pública.
Vayamos por partes. Para atender las enfermedades asociadas a este problema se requieren más de 85 mil millones de pesos, pero a pesar de que la recaudación del impuesto a la comida “chatarra” fue de más de 18 mil millones de pesos, solo se le destinó la ridícula suma de 336 millones de pesos, es decir, ¡sólo el 0.4$%!
¿Y la Cheyenne papá? ¿Y el dinero restante? ¡NADIE lo sabe! Desaparecieron como por arte de magia, aunque más preocupante aun que ese faltante es que ni los 18 millones serían suficientes para la atención de quienes padecen obesidad en México, pues apenas representa el 22.5% del presupuesto necesario.
Quizá muchos ya lo sepan, pero México es el principal consumidor del mundo en refrescos y bebidas azucaradas, por lo que existe una terrible cadena de padecimientos como la diabetes y enfermedades cardiovasculares, que anualmente provocan 24 mil muertes directas.
Por este motivo las autoridades deberían fortalecer y no debilitar las políticas sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, enfocados precisamente al tema de las bebidas azucaradas, cuyo objetivo, al menos en teoría, es la reducción del consumo de productos nocivos para la salud.
Conforme al Instituto Nacional de Salud Pública en México, el consumo de estas bebidas disminuyó un 6% durante 2014 con el impuesto original, que también provocó que aumentara 4% el consumo del agua, además de que con su disminución Hacienda iría contra el precepto de progresividad recaudatoria ante esa decisión regresiva.
Pero además, resulta incongruente -y sospechoso, desde luego- que el Gobierno Federal, llámense Peña Nieto y Luis Videgaray, plantee para el 2016 un recorte presupuestal de 124 mil millones de pesos al Presupuesto de Egresos de la Federación, peros condona un peso a las grandes empresas refresqueras por cada litro de bebidas azucaradas.
Así las cosas, la política del gobierno federal es seguir privilegiando a las grandes empresas, toda vez que si el planteamiento era que las bebidas azucaradas pagaran menos, la propuesta de impuesto gradual debería ser que ser que pagaran un peso por litro, y que pagaran más las que contuvieran más azúcar.
Lo más grave del caso no es sólo que el consumo de refresco sea una de las principales causas de diabetes, obesidad y caries -ningún otro producto por su alto consumo y alta concentración calórica está asociado a esos males-, sino que también atenta contra uno de los derechos humanos más fundamentales, el derecho universal a la salud
Su consumo se relaciona con trastornos de aprendizaje y concentración, así como con el equilibrio bioquímico del cerebro, en directa y silenciosa relación con la elevación o resistencia a la insulina, lo que inicia el círculo obesidad, diabetes y arterioesclerosis.
Como dijimos, estos problemas de salud cuestan a México unos 85 mil millones de pesos al año, más de la mitad del presupuesto de todo el sector salud, lo que ha provocado que el sistema de salud pública colapse por la obesidad y diabetes.
Según el Instituto Nacional de Salud Pública, con el impuesto total a los refrescos se recaudaron 31 mil millones de pesos que, comparados con el gasto para combatir la obesidad y diabetes, no representan ni la mitad de lo que cuestan.
Al atentar contra los derechos humanos, ahora resulta insuficiente crear conciencia entre la población sobre los riesgos del alto consumo de bebidas azucaradas y recomendar el consumo de agua simple para la hidratación, por lo que también resulta necesario desalentar su consumo en la medida de lo posible.
Y es que, en efecto, numerosos instrumentos jurídicos internacionales contemplan el derecho a la salud, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 12 dispone el derecho a disfrutar el más alto nivel posible.
Por su parte, el Derecho a la Salud establece las responsabilidades del Estado, en el sentido de respetarla, protegerla y satisfacerla, y como parte de esta última, debe destinar el máximo disponible de recursos a su alcance para hacer efectivo este derecho a toda la población.
El artículo 4º. Constitucional establece el derecho a la protección de la salud que, de reducirse como ocurrirá con el impuesto a refrescos, el Estado será omiso en respetar, proteger y satisfacer ese derecho universal a la salud.
Entre otras consecuencias negativas existe el riesgo de que las empresas aumenten sus productos “light” con endulzantes artificiales derivados de algún aminoácido que endulza mucho más que el azúcar, pero que con el tiempo se vuelven insulinogénicos y elevan los niveles de azúcar en la sangre.
Asimismo, se irá desplazando el consumo de agua natural y leche en la dieta infantil, lo que afecta en el aumento de peso y propensión a la diabetes, sobre todo diabetes infantil, vinculado estrechamente con los hábitos alimenticios, del que tan sólo este año se reportaron más de 400 mil casos.
Por todo lo anterior, tenemos que estar en contra de que las refresqueras sigan envenenando a los mexicanos, particularmente nuestros niños. Pretender que las autoridades del SAT o de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios puedan impedir que las grandes empresas refresqueras engañen al consumidor, es pretender que somos ingenuos.
Es totalmente falso que bajar los impuestos a las bebidas azucaradas promueva la producción de refrescos saludables. Tan sólo redundará en una mayor evasión y elusión fiscal, así como más corrupción. Los diputados que votaron a favor de la iniciativa, nos preguntamos, ¿Cómo verán a los ojos a sus hijos y familiares enfermos por el consumo excesivo de refrescos?
Es lamentable que hasta lo que más amamos, nuestros niños, queden atrapados como rehenes políticos de esos diputados que votaron por consigna, por “línea”.
Ahora bien, ¿Cómo es posible que los refrescos embotellados, independientemente de que sean de dieta o no, cuesten lo mismo?
         Es un interesante cuestionamiento, aunque más interesante aún es preguntarse si con la reducción del gravamen también disminuirá su precio. ¿Alguien cree aún en milagros? ¡Ah, qué Peña Nieto y Videgaray!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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