¡Oscuridad y nuevas alzas de gasolina!

                                    Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La reciente, nuevamente cuestionable aprobación de la Ley de Ingresos en torno al presupuesto federal, ahora  del 2016, cuando, al igual que en los análisis de años anteriores, desaparecieron los representantes “populares” de la Cámara de Diputados -sólo figuraron representantes de intereses partidistas-, nuevamente arrojó más indignación, sospechas y dudas que claridad.

Hasta el viernes último, la versión de la mayoría de los medios era: “Aprueban nuevo impuesto a la gasolina en 2016”, con lo que “en 2016 se pagaría hasta 4.16 pesos más por litro de gasolina” y que “a partir del próximo año, automovilistas y transportistas deberán pagar entre 3.52 y 4.58 pesos por litro de gasolina o diésel, adicionales al precio vigente del energético”.

Lo cierto es que tanto el dictamen de la Cámara “baja” como el análisis de propuestas y reservas sólo dejaron claro una cosa: El precio del combustible en México costó este año ¡84% más que en Estados Unidos! ¡Imagínese hasta dónde piensa llegar el gobierno de Peña Nieto!

Ahora bien, el caso es que, pese a sus acostumbradas mentiras, aunadas a las del titular de Hacienda, Luis Videgaray -el dúo diabólico de mayor peligro en la historia del país-, el mandatario le sigue exprime y exprime el bolsillo a los mexicanos por ese medio que, aunque Usted no lo crea, en nada beneficia siquiera a los gobiernos estatales.

Verá Usted. Derivado del Artículo 2º-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la participación que perciben las entidades por concepto de recaudación asciende a una determinada cantidad por cada litro de gasolina o diésel que venden las gasolineras de todo el país.

En este sentido, prevé que a la gasolina Magna le deberían restar 36.68 centavos; a la Premium, 44.75, y al diésel 30.44, por concepto de IEPS que pagan automáticamente todos los guiadores cuando cargan gasolina en sus coches o camiones.

El problema es la opacidad y nula transparencia en el procedimiento y recaudación de este impuesto, ineludible para cualquier mexicano propietario o no de un vehículo automotor, y que exhibió la Auditoría Superior de la Federación, al demostrar omisiones en materia recaudatoria por parte del Servicio de Administración Tributaria.

Conforme a las auditorías financieras a cargo de ese máximo órgano de fiscalización, desde el ejercicio fiscal 2013 existe grave omisión en el pago de esta cuota impositiva por parte de los contribuyentes.

En efecto, los gasolineros no reportan cabalmente el IEPS que pagan los consumidores, por lo que la Auditoría refiere la necesidad de mejores mecanismos de coordinación entre Pemex Refinación, Secretaría de Hacienda y Servicio de Administración Tributaria, a efecto de evitar la constante y reiterada evasión fiscal por parte de los expendedores.

Ahora bien, derivado del nuevo modelo de comercialización de combustible, la reforma energética planteó la liberación de comercialización de combustibles, que la Comisión Reguladora de Energía se encargue de emitir permisos y que el IEPS también se aplique a ductos y otros medios de distribución como auto tanques.

En este sentido, una de las propuestas desechadas consideró necesario modificar el párrafo octavo del referido artículo, con el fin de que, como dice la Auditoría Superior, existan esos mecanismos de coordinación y que involucren a entidades y municipios para elaborar un padrón de contribuyentes por este impuesto.

Asimismo, prevé un cálculo de ventas que genere una recaudación eficiente para que los recursos que se retienen a los consumidores -y que pagamos cada que cargamos- regresen a la Federación, Estados y municipios.

Por otro lado, ante la aprobación del paquete de reformas en materia energética del año anterior, el mercado de gasolinas y diésel cambiará sustancialmente respecto al diseño previo a la reforma.

En particular, el Transitorio 14º de la Ley de Hidrocarburos prevé que a partir de 2016 se otorguen permisos a terceros para los expendios, que en 2017 se permita la libre importación de gasolinas y diésel, y que a partir de 2018 los precios se determinen por condiciones del libre mercado.

El derecho a la información pública es una prerrogativa de todos para acceder a datos, registros y todo tipo de información de las entidades públicas y empresas privadas, por lo que, con el fin de avanzar hacia una sociedad más democrática en México, ese derecho se elevó a rango constitucional.

Su objetivo es claro: Que gobierno y sociedad colaboren para erradicar de una vez por todas la corrupción que tanto daño causa al país, y de ahí que el derecho se elevara a rango constitucional, con estatus de derechos humanos, según la Carta Magna en su artículo 6º, que dice que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna”.

Los estudios discrecionales deben reducirse al máximo, al mínimo, acotarse y reglamentarse mediante normas de orden público para evitar alguna oportunidad de corrupción, al permitir a la ciudadanía valorar la honestidad y honradez de los servidores públicos, tan desprestigiados en México.

En síntesis, el dictamen aprobado por la “aplanadora” PRI-Verde-Encuentro Social carece de principios de eficiencia, transparencia o rendición de cuentas por falta de publicidad del estudio sobre los montos máximos y mínimos de los precios de venta del combustible.

Así, al liberarse el precio estaríamos en condiciones de conocer las “bandas” entre los topes máximo y mínimo, como un derecho de conocer el precio que pagaríamos el resto del año.

En este sentido, la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, solicitó infructuosamente analizar y apoyar que se incluyera en el mencionado artículo que la Secretaría de Hacienda publique y transparente los estudios financieros de referencia el mismo día que se publiquen las bandas aplicables para cada año.

Al igual que el 99% de las reservas de la oposición, no prosperó la propuesta, con lo que, como parte de la miscelánea fiscal 2016, la Cámara de Diputados creó un impuesto especial para liberar el precio de los combustibles a la oferta y la demanda, así como un costo de referencia mensual.

Así, los consumidores deberán cubrir una tasa fija adicional de 4.16 pesos por litro de gasolina Magna; de 3.52 pesos por litro de Premium, y de 4.58 pesos por litro de diésel.

¿Y sabe Ud. qué sigue después del aumento? ¡Los precios de todos los productos se irán por las nubes! ¡Gracias PRI! ¡Gracias diputados! ¡Gracias Peña Nieto!

Lo cierto es que el incremento se debe a la nueva cotización “oficial” del dólar, que aumentó el dictamen de 15.90 a 16.40 pesos -al fin reconocieron la devaluación del paso-, aunque, si de “consuelo” sirve, el nuevo impuesto a las gasolinas será estable, pero se actualizará anualmente.

         Al igual que en la fallida propuesta de disminuir el IVA fronterizo, ningún diputado de Quintana Roo dijo “ni pío”, alguno porque nada le importa -al fin y al cabo, utiliza vales de gasolina de gobierno gratis-, otro porque sentía que el dictamen estaba “en chino”, y otra más porque prefirió estar en Chetumal para “la foto” con los afectados por las lluvias ¿Verdad Arlet?

         Lo curioso es que, pese a sus garrafales yerros, ya los veremos en unos años buscando la candidatura para la gubernatura ¿Verdad Raymundo King? Bueno, el tal “Chanito” ya se adelantó. No cabe duda, ¡Son una vergüenza!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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