¡Oscuridad y nuevas alzas de
gasolina!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La
reciente, nuevamente cuestionable aprobación de la Ley de Ingresos en torno al
presupuesto federal, ahora del 2016,
cuando, al igual que en los análisis de años anteriores, desaparecieron los
representantes “populares” de la Cámara de Diputados -sólo figuraron
representantes de intereses partidistas-, nuevamente arrojó más indignación, sospechas
y dudas que claridad.
Hasta
el viernes último, la versión de la mayoría de los medios era: “Aprueban nuevo
impuesto a la gasolina en 2016”, con lo que “en 2016 se pagaría hasta 4.16
pesos más por litro de gasolina” y que “a partir del próximo año,
automovilistas y transportistas deberán pagar entre 3.52 y 4.58 pesos por litro
de gasolina o diésel, adicionales al precio vigente del energético”.
Lo
cierto es que tanto el dictamen de la Cámara “baja” como el análisis de
propuestas y reservas sólo dejaron claro una cosa: El precio del combustible en
México costó este año ¡84% más que en Estados Unidos! ¡Imagínese hasta dónde
piensa llegar el gobierno de Peña Nieto!
Ahora
bien, el caso es que, pese a sus acostumbradas mentiras, aunadas a las del
titular de Hacienda, Luis Videgaray -el dúo diabólico de mayor peligro en la
historia del país-, el mandatario le sigue exprime y exprime el bolsillo a los
mexicanos por ese medio que, aunque Usted no lo crea, en nada beneficia siquiera
a los gobiernos estatales.
Verá
Usted. Derivado del Artículo 2º-A de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), la participación que perciben las entidades por
concepto de recaudación asciende a una determinada cantidad por cada litro de
gasolina o diésel que venden las gasolineras de todo el país.
En
este sentido, prevé que a la gasolina Magna le deberían restar 36.68 centavos; a
la Premium, 44.75, y al diésel 30.44, por concepto de IEPS que pagan
automáticamente todos los guiadores cuando cargan gasolina en sus coches o
camiones.
El
problema es la opacidad y nula transparencia en el procedimiento y recaudación
de este impuesto, ineludible para cualquier mexicano propietario o no de un
vehículo automotor, y que exhibió la Auditoría Superior de la Federación, al demostrar
omisiones en materia recaudatoria por parte del Servicio de Administración
Tributaria.
Conforme
a las auditorías financieras a cargo de ese máximo órgano de fiscalización, desde
el ejercicio fiscal 2013 existe grave omisión en el pago de esta cuota
impositiva por parte de los contribuyentes.
En
efecto, los gasolineros no reportan cabalmente el IEPS que pagan los
consumidores, por lo que la Auditoría refiere la necesidad de mejores
mecanismos de coordinación entre Pemex Refinación, Secretaría de Hacienda y
Servicio de Administración Tributaria, a efecto de evitar la constante y
reiterada evasión fiscal por parte de los expendedores.
Ahora
bien, derivado del nuevo modelo de comercialización de combustible, la reforma
energética planteó la liberación de comercialización de combustibles, que la
Comisión Reguladora de Energía se encargue de emitir permisos y que el IEPS
también se aplique a ductos y otros medios de distribución como auto tanques.
En
este sentido, una de las propuestas desechadas consideró necesario modificar el
párrafo octavo del referido artículo, con el fin de que, como dice la Auditoría
Superior, existan esos mecanismos de coordinación y que involucren a entidades
y municipios para elaborar un padrón de contribuyentes por este impuesto.
Asimismo,
prevé un cálculo de ventas que genere una recaudación eficiente para que los
recursos que se retienen a los consumidores -y que pagamos cada que cargamos-
regresen a la Federación, Estados y municipios.
Por
otro lado, ante la aprobación del paquete de reformas en materia energética del
año anterior, el mercado de gasolinas y diésel cambiará sustancialmente
respecto al diseño previo a la reforma.
En
particular, el Transitorio 14º de la Ley de Hidrocarburos prevé que a partir de
2016 se otorguen permisos a terceros para los expendios, que en 2017 se permita
la libre importación de gasolinas y diésel, y que a partir de 2018 los precios
se determinen por condiciones del libre mercado.
El
derecho a la información pública es una prerrogativa de todos para acceder a
datos, registros y todo tipo de información de las entidades públicas y
empresas privadas, por lo que, con el fin de avanzar hacia una sociedad más
democrática en México, ese derecho se elevó a rango constitucional.
Su
objetivo es claro: Que gobierno y sociedad colaboren para erradicar de una vez
por todas la corrupción que tanto daño causa al país, y de ahí que el derecho se
elevara a rango constitucional, con estatus de derechos humanos, según la Carta
Magna en su artículo 6º, que dice que “toda persona tiene derecho al libre
acceso a información plural y oportuna”.
Los
estudios discrecionales deben reducirse al máximo, al mínimo, acotarse y
reglamentarse mediante normas de orden público para evitar alguna oportunidad
de corrupción, al permitir a la ciudadanía valorar la honestidad y honradez de
los servidores públicos, tan desprestigiados en México.
En
síntesis, el dictamen aprobado por la “aplanadora” PRI-Verde-Encuentro Social carece
de principios de eficiencia, transparencia o rendición de cuentas por falta de
publicidad del estudio sobre los montos máximos y mínimos de los precios de
venta del combustible.
Así,
al liberarse el precio estaríamos en condiciones de conocer las “bandas” entre
los topes máximo y mínimo, como un derecho de conocer el precio que pagaríamos
el resto del año.
En
este sentido, la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, solicitó
infructuosamente analizar y apoyar que se incluyera en el mencionado artículo que
la Secretaría de Hacienda publique y transparente los estudios financieros de
referencia el mismo día que se publiquen las bandas aplicables para cada año.
Al
igual que el 99% de las reservas de la oposición, no prosperó la propuesta, con
lo que, como parte de la miscelánea fiscal 2016, la Cámara de Diputados creó un
impuesto especial para liberar el precio de los combustibles a la oferta y la
demanda, así como un costo de referencia mensual.
Así,
los consumidores deberán cubrir una tasa fija adicional de 4.16 pesos por litro
de gasolina Magna; de 3.52 pesos por litro de Premium, y de 4.58 pesos por
litro de diésel.
¿Y
sabe Ud. qué sigue después del aumento? ¡Los precios de todos los productos se
irán por las nubes! ¡Gracias PRI! ¡Gracias diputados! ¡Gracias Peña Nieto!
Lo
cierto es que el incremento se debe a la nueva cotización “oficial” del dólar, que
aumentó el dictamen de 15.90 a 16.40 pesos -al fin reconocieron la devaluación
del paso-, aunque, si de “consuelo” sirve, el nuevo impuesto a las gasolinas será
estable, pero se actualizará anualmente.
Al igual que en la
fallida propuesta de disminuir el IVA fronterizo, ningún diputado de Quintana
Roo dijo “ni pío”, alguno porque nada le importa -al fin y al cabo, utiliza
vales de gasolina de gobierno gratis-, otro porque sentía que el dictamen
estaba “en chino”, y otra más porque prefirió estar en Chetumal para “la foto”
con los afectados por las lluvias ¿Verdad Arlet?
Lo curioso es que, pese a sus garrafales yerros, ya los
veremos en unos años buscando la candidatura para la gubernatura ¿Verdad
Raymundo King? Bueno, el tal “Chanito” ya se adelantó. No cabe duda, ¡Son una
vergüenza!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
luancaba.qroo@gmail.com
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