“¿Renunció” cuestionado titular de SESA?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

En medio de una serie de especulaciones, aunque merecidamente, el titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA), el cuestionado Flavio Carlos Rosado, anunció este domingo su renuncia al cargo, aunque la pregunta obligada es si lo “invitaron” a hacerlo o porque se inscribirá en el proceso interno de Morena para buscar la presidencia municipal de Isla Mujeres.

Tras el siempre sonado caso de los medicamentos caducados hallados en el almacén de SESA en Subteniente López, se cuestionó que el funcionario estaba más interesado en su imagen política en Isla Mujeres que en su trabajo, entre ellos la supervisión de insumos, por lo que se esperaba alguna “justificación” por ese problema, lo que nunca ocurrió después de cuatro meses.

Por su parte, la gobernadora viajera, la Verde Mara Lezama, lejos de intervenir o fijar postura sobre los medicamentos, nunca dijo tampoco “esta boca es mía” y siempre mostró favoritismo por el funcionario, con quien se identificó desde que fungió como alcaldesa de Cancún, donde, inclusive, fue uno de sus más cercanos colaboradores.

Ante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Quintana Roo, ésta fue objeto de reclamos de la ciudadanía por el desabasto de medicamentos, y aunque se centraron más en los necesarios para el tratamiento de cáncer, el problema incluyó otras claves medicinales que prácticamente se esfumaron de los nosocomios locales, en buena parte atribuible a los medicamentos caducados de Santa Elena.

Dado que las autoridades locales, ante la “línea” de Mara Lezama, tampoco investigaron sobre el tema ni mostraron mayor interés, sobre todo la Secretaría Anticorrupción del Estado y la Fiscalía General, la Federación se vio obligada a tomar cartas en el asunto y hasta hoy tiene en sus manos el caso, aunque se ha demorado por casos de mayor volumen, entre ellos en la Ciudad de México.

De no buscar participar Carlos Rosado en el proceso morenista de Isla Mujeres, todo hace suponer que la mandataria excursionista había sido objeto de alguna “sugerencia” de Claudia Sheinbaum en el sentido de tomar alguna medida en torno al funcionario, al que prácticamente se le marginó de la gira presidencial a pesar de que el tema era precisamente del sector salud, hasta entonces bajo su responsabilidad.

Así las cosas, Mara Lezama le habría “invitado” a renunciar a SESA, aunque -ojalá no seamos sabios-, como consolación, le habría sugerido buscar la alcaldía de Isla Mujeres donde, si se dieran bien las cosas, no tendría ninguna posibilidad de triunfo.

Lo cierto es que el desabasto de medicamentos en Quintana Roo, sumado al caso de los caducados en Subteniente López, es una realidad documentada y grave en todo el país y afecta de forma continua a millones de pacientes en el sector público.

Aunque el gobierno federal afirma de forma periódica que el suministro está garantizado o que el problema se ha resuelto con nuevos modelos como el IMSS-Bienestar, datos de organizaciones civiles, quejas ante comisiones de derechos humanos y testimonios de personal médico y pacientes demuestran una crisis estructural persistente. El desabasto está plenamente verificado por métricas del propio sistema de salud y de colectivos ciudadanos.

En este sentido, informes del colectivo “Cero Desabasto” revelan que millones de recetas médicas no se surten de forma efectiva cada año en las instituciones públicas de salud. Tan solo en un año se llegaron a reportar más de 7.5 millones de recetas inconclusas en los subsistemas del sector.

Entre las instituciones más afectadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra históricamente el mayor volumen de quejas por recetas incompletas, seguido por el ISSSTE y las clínicas del sistema IMSS-Bienestar, de donde denuncias formales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por falta de suministro de fármacos mantienen tendencia al alza.

¿Qué tan grave es el impacto en la salud? Su gravedad radica en el tipo de medicamentos faltantes y el impacto directo en la economía y vida de las personas, sobre todo en el caso de medicamentos especializados y básicos.

Su desabasto no sólo afecta a fármacos de alta especialidad -como agentes antineoplásicos para tratamientos contra el cáncer, o tratamientos inmunomoduladores y del sistema nervioso-, sino también a claves básicas para control de enfermedades crónicas comunes, incluyendo insulina, fármacos para hipertensión -como el Amlodipino- y protectores cardiovasculares, como la Atorvastatina.

Ante la negativa en farmacias institucionales, los pacientes se ven obligados a recurrir al sector privado, lo que representa severo golpe económico para las familias de bajos recursos, que terminan financiando sus propios tratamientos o interrumpiéndolos por falta de dinero.

Denuncias del sector médico señalan que las instituciones han recortado el número de claves disponibles en sus catálogos oficiales para mitigar artificialmente los porcentajes de desabasto.

Entre las principales causas detrás de la escasez, la problemática no es por falta de recursos financieros globales, sino a decisiones de políticas públicas y logística, entre ellos el desmantelamiento del sistema previo: A partir de 2019, el Gobierno Federal modificó drásticamente el sistema consolidado de compras que operaba a través del IMSS y con el argumento de combatir la corrupción, se vetó a distribuidoras tradicionales.

Las facultades de adquisición y distribución pasaron de manera sucesiva por la Secretaría de Hacienda, el INSABI, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) e IMSS-Bienestar, aunque la falta de experiencia logística de estas entidades públicas para almacenar, inventariar y distribuir la última milla hacia los hospitales periféricos, creó críticos cuellos de botella.

Así las cosas, mientras las narrativas oficiales defienden que el abasto ronda niveles óptimos mediante compras preventivas o programas complementarios, médicos y pacientes de clínicas continúan reportando que la búsqueda diaria de insumos básicos y especializados es una constante sin resolver en todo México.

Pese a señalamientos del gobierno federal, el desabasto no se trata sólo de críticas políticas o de la oposición, y aunque los partidos políticos rivales utilizan el tema en sus agendas, la existencia del problema está respaldada por auditorías, datos oficiales, reportes de organizaciones técnicas apartidistas y protestas del propio personal de salud.

Entre los elementos que demuestran que el desabasto es problema real y estructural que va más allá de disputas partidistas, existen datos técnicos de organizaciones no políticas, es decir organizaciones civiles dedicadas a la transparencia y la salud pública que monitorean matemáticamente la escasez.

Entre éstas se incluye Cero Desabasto, una plataforma que impulsa la organización ciudadana Nosotrxs y agrupa a pacientes, médicos y académicos sin pertenecer a ningún partido y cuyos informes demuestran la persistencia de recetas inconclusas mediante solicitudes de información pública y reportes directos de ciudadanos.

El propio IMSS dejó pendientes de surtir o negó por completo 4.53 millones de recetas, una cifra que, aunque representa mejoría respecto a picos más críticos de años anteriores -cuando se superaban 7.5 millones-, sigue reflejando que millones de personas se quedaron sin su tratamiento de forma oportuna.

El propio gobierno federal modificó su estrategia en múltiples ocasiones, lo que equivale a un reconocimiento implícito de que los modelos anteriores fallaron y el problema persiste.         Tras desmantelar el sistema previo en 2019, las facultades de compra y distribución pasaron de manera sucesiva por la Secretaría de Hacienda, el INSABI -terminó desapareciendo- y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex)

Como un giro en la política, ante la ineficacia del almacenamiento centralizado masivo, el gobierno federal reestructuró el modelo comercial para permitir de nuevo la participación de distribuidores privados en las licitaciones de compra consolidada, devolviendo la rectoría a la Secretaría de Salud.

Además, lanzó plataformas públicas como la página Receta Completa, cuyo objetivo es precisamente que los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar reporten los fármacos que sus clínicas no les pudieron entregar, lo que confirma que el desabasto en ventanilla es un hecho contemplado institucionalmente.

Las quejas no provienen solo de pacientes o discursos en el Congreso, ya que personal médico y de enfermería de diversas instituciones públicas ha realizado paros y protestas por carecer de insumos básicos y medicamentos necesarios para atender enfermos, deslindándose de la narrativa política y enfocándose en la imposibilidad técnica de hacer su trabajo de forma segura.

Una controversia política entre “adquirido” y “entregado” surgió por la diferencia en la manera de medir cifras, dado que las autoridades reportan de manera frecuente niveles de abasto superiores a 97% basándose en compras mayoristas consolidadas y contratos firmados con laboratorios.

Empero, analistas de salud explican que alto porcentaje de compra a nivel centralizado no garantiza distribución de “última milla”. Si un medicamento está almacenado en un centro de distribución o se retrasa por incumplimiento de proveedores, el paciente de clínica rural o de provincia sigue encontrando vacía la farmacia.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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