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Inseguridad, tarea de aspirantes


                                         Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Hace más de 30 años la PGR detuvo a Rafael Caro Quintero en Jalisco, lo que significó un escalamiento en lo que se llama guerra contra las drogas, profundo concepto como lógica militar para enfrentar este problema, pero la verdad es que, después de estos años, bien podemos hacer un corte de caja: Estamos mucho peor, la violencia se desborda cada vez más.
De cara al proceso electoral en el que mañana domingo elegiremos, entre otros, a los responsables de legislar frente a este problema, hemos llegado a niveles que ni siquiera imaginamos, a grado tal que la delincuencia ya derriban helicópteros con misiles, lo que es muy grave.
Sin embargo, mientras la mayoría priísta del Congreso obstaculice la revisión de la política de drogas, los cambios serán meros “cosméticos”, y de ahí la pregunta sobre ¿Cuándo le entrarán a esa cruzada moral que tiene a medio mundo rezando el rosario sobre fosas comunes?
México es segundo productor de mariguana y de amapola en el mundo, pero escasea la morfina en nuestros hospitales, mientras que 24 entidades de Estados Unidos están regulando la venta de mariguana, en un proceso avanzado, creciente, irreversible.
Puerto Rico recién reguló la mariguana medicinal, mientras nuestras autoridades de salud siguen en un oscurantismo conservador, dándose golpes de pecho, y nuestro bono demográfico, nuestra juventud, está en las tumbas, las cárceles o desaparecidos.
El filósofo Tzvetan Todorov, escribió una máxima para el siglo XXI, en el sentido de que, para empezar, “no debemos combatir el mal en nombre del bien, sino cuestionar las certezas de la gente, que siempre asegura saber dónde se encuentra el mal y dónde el bien”.
Pese a que las autoridades aseguren que han disminuido la inseguridad y la violencia, la realidad termina por imponerse: A tres años de iniciado el gobierno priísta de Peña Nieto, indicadores y argumentos señalan de sobra que su estrategia ha fallado.
En efecto, datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que de 2007 a 2009 se contabilizaron 39 mil 526 homicidios dolosos, mientras que en 2013, 2014 y hasta marzo de 2015, se han registrado 37 mil 837.
De manera particular en Jalisco, de 2007 a 2009 se registraron mil 421 homicidios dolosos y 45 secuestros, pero en lo que va de esta administración aumentaron a dos mil 313 homicidios, y los secuestros a 97 ¿Puede haber cifras más contundentes del fracaso que estas cifras oficiales?
Las autoridades de ese Estado han sido rebasadas por la violencia, y quedado reducidas a meros observadores. Es la incapacidad del gobierno federal la que se expresa hoy con elocuencia.
Hasta antes del “enfrentamiento” de Michoacán, Guadalajara estuvo sitiada, aterrorizada y nos preguntábamos cuál seguía ¿El Distrito Federal, Monterrey? Les ganó el conflictivo Michoacán.
El modus operandi que vimos en Jalisco no es un hecho aislado y pasajero, sino que se hace rutinario y duradero. La disputa es por el poder hegemónico, el monopolio de la violencia, que hace mucho dejó de corresponder al Estado.
Jalisco dio muestra de ser un estado fallido, en el entendido de que este adjetivo hace referencia a la situación de colapso o derrumbe inminente por factores de inseguridad o violencia. La seguridad pública, o sea acciones gubernamentales encaminadas a salvaguardar integridad y derechos, así como preservar las libertades, orden y paz para la prevención, investigación y persecución de los delitos, desapareció en esa entidad.
El terror, zozobra, miedo, autos y comercios incendiados, son epitafio triste para una autoridad incapaz, por lo que cada vez se escucha con más fuerza el reclamo social condenando la falta de resultados y el exceso de justificaciones del gobernador priísta Aristóteles Sandoval.
Bajo ninguna circunstancia es tolerable que grupos al margen de la ley, pongan en jaque a Jalisco, a los Estados aledaños y a sus ciudadanos, por lo que no podemos menos que condenar enérgicamente los hechos y refrendar nuestra solidaridad con los miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida.
No obstante, también tenemos preguntas, ¿Por qué no se ha dicho nada sobre el origen de las armas empleadas? ¿Por qué el gobierno mexicano no ha pedido aún una investigación sobre la posibilidad de que se trate de armas de “Rápido y Furioso”?
Que el Gobierno del Estado haga su tarea también es una exigencia, pues se trata de la vida de sus ciudadanos la que peligra y no debe jugar con eso tomando como bandera electoral un hecho tan serio.
Verá Usted: El diario La Jornada consignó que no sólo es una virtual declaración de guerra, sino una claudicación del poder civil, una sesión más en la espiral de control castrense y una toma de control militar, justo cuando Jalisco vive una campaña electoral que parece tener arrinconados al PRI y su gobernador Sandoval ante la fuerte intensión de voto a favor de Enrique Alfaro y otros candidatos de Movimiento Ciudadano en Guadalajara.
Ante este panorama, el apoderado jurídico del PRI en Jalisco, Benjamín Guerrero Cordero, solicitó a la PGR investigar al jefe de escoltas de Alfaro, al que pretende involucrar con el narcotráfico, con lo que han empezado a enlodar temas electorales con hechos tan lamentables, donde lo que está en juego es la vida y seguridad de la gente.
Más que una estrategia de seguridad, parece ser una medida de carácter electorero, aunque no podemos olvidar que hechos tan lamentables como los de Jalisco dan pie a que se justifiquen endurecimientos y excesos: No olvidemos lo ocurrido en Tlatlaya o Atenco, que no se nos olvide que se trata de garantizar la seguridad del pueblo.
Ojalá lo tengan presente -o que sus partidos se los permitan- los miembros de la próxima Legislatura del Congreso de la Unión. Se los exigiremos todos los días durante tres largos años que, con todo, seguramente querrán que se prolonguen. Políticos al fin

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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