¡Fallida política de compra, causa de desabasto!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque para la presidenta Claudia Sheinbaum la principal causa del desabasto de medicamentos en México es por burocracia, lo cierto es que es de carácter logístico, administrativo y estructural, provocado, principalmente, por cambios drásticos en las políticas de compra pública impuestos desde 2019, ya que, a diferencia de otros países, el problema no es por escasez de sustancias químicas o bancarrota, sino por fallas en cadena de suministro.

Entre otras, las causas centrales que explican especialistas del sector salud y que reconocen parcialmente las propias autoridades incluye haber desmantelado del sistema de compras y veto a distribuidores que, en el primer caso, hasta 2018 el IMSS centralizaba compra consolidada masiva y eficiente para casi todo el sector salud, pero, con el argumento de combatir la corrupción, el gobierno federal lo desmanteló.

En el segundo caso, se prohibió participar a grandes empresas privadas encargadas de la distribución nacional y el gobierno creyó que comprar medicinas directamente a laboratorios resolvería el problema, pero subestimó que, fabricar una medicina, es muy diferente a transportarla de forma segura a miles de hospitales públicos.

Por otro lado, el fracaso de Birmex y la Megafarmacia fue otra causa, pues la responsabilidad de distribuir fármacos se asignó de forma sucesiva al extinto INSABI y, finalmente, a la empresa pública Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.

La propia directiva de Birmex y la presidencia de la República reconocen graves dificultades en distribuir insumos a clínicas, ya que el sector público carece de camiones con control de temperatura, sistemas informáticos de inventario en tiempo real e infraestructura especializada para cubrir la “última milla” -llevar el fármaco desde las bodegas centrales hasta la ventanilla del hospital regional o rural.

Además, las facultades de adquisición pasaron por la Secretaría de Hacienda, luego por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el INSABI y el modelo IMSS-Bienestar, por lo que el cambio constante de dependencias rompió la planeación y provocó desiertas múltiples licitaciones por falta de coordinación técnica o precios mal calculados.

Un factor más fue la falta de certeza en pagos gubernamentales y cambios abruptos en contratos generaron que laboratorios nacionales e internacionales prioricen el mercado privado o disminuyan manufactura para el sector público.

La federalización de los servicios estatales de salud bajo el esquema IMSS-Bienestar sumó retos operativos masivos. Autoridades de salud reportan que, por tratarse de un sistema en construcción que absorbió clínicas precarias en más de 24 estados, armonizar catálogos y reabastecer más de 8,000 unidades médicas mantiene una brecha de desabasto cercana a 20% en algunas regiones.

Por último, la población envejece con rapidez y padece altas tasas de enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal, por lo que el sistema de salud enfrenta demanda exponencial de tratamientos costosos y uso diario que superan el presupuesto asignado o las proyecciones de compras anuales de las farmacias institucionales.

En este sentido, las responsabilidades del desabasto en México no recaen en un solo actor, sino en una cadena de decisiones políticas, operativas y de gestión tanto de Gobierno Federal como de proveedores y distribuidores privados.

Según auditorías oficiales, análisis de políticas públicas e informes del sector salud, los principales responsables del problema de fondo son, primero, el Poder Ejecutivo Federal y sus cambios de estrategia, máxima responsabilidad política y de diseño, debido a las modificaciones radicales en el sistema de salud pública.

En efecto, en 2019 se decidió desmantelar el modelo de compra consolidada del IMSS y vetar a distribuidoras privadas con premisa de combatir la corrupción, sin tener listo un plan alternativo de distribución. Las compras quedaron inicialmente centralizadas en la Oficialía Mayor de Hacienda, dependencia sin experiencia en sector farmacéutico, lo que generó los primeros retrasos masivos.

Directivos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) asumieron las compras de medicamentos, pero su gestión estuvo marcada por falta de planeación y claras reglas de operación. Su incapacidad para surtir el sistema llevó a su desaparición legal pocos años después de ser creado.

La empresa de participación estatal mayoritaria Birmex, por su lado, fue designada única responsable de compra consolidada y distribución nacional. Su dirección técnica comparte la responsabilidad de los problemas logísticos, al no haber logrado consolidar una red de transporte eficiente para la “última milla”.

Otro responsable fue el sector farmacéutico y de distribución privado, ya que, antes de 2018, un pequeño grupo de empresas concentraba el mercado de la distribución de medicamentos. Su responsabilidad en el fondo del problema incluye prácticas monopólicas e intermediarismo.

En efecto, investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) señalaron en su momento que pocas distribuidoras controlaban precios y licitaciones públicas, pero al ser vetadas, el mercado nacional se fragmentó.

Tras los cambios de reglas del juego, algunos laboratorios privados y proveedores nacionales disminuyeron su interés en venderle al gobierno debido a retrasos en sus pagos, burocracia y precios fijos mal calculados, lo que llevó a que muchas licitaciones públicas se declaren “desiertas”, pues nadie se postulaba para vender.

Otra responsable es la UNOPS -Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos-, con la que el Gobierno Federal firmó un acuerdo para que se encargara de licitaciones internacionales de medicamentos, buscando evitar corrupción local, pero este organismo operó con lentitud, desconocimiento de mercado y falta de transparencia, lo que agravó el desabasto entre 2021 y 2022 y obligó al gobierno a rescindir parte del convenio.

Finalmente, antes de la centralización del sector salud al modelo IMSS-Bienestar, la compra dependía de dinero federal que se transfería a Estados -a través del Seguro Popular- donde la Auditoría Superior de la Federación detectó durante años que múltiples gobiernos estatales desviaban recursos públicos o simulaban la compra de medicamentos, dejando clínicas locales en abandono físico y de inventario antes de las reformas recientes.

A todo esto, IMSS e ISSSTE comparten responsabilidad operativa, presupuestal y de control interno de nivel corresponsable en el desabasto de medicamentos. Si bien las decisiones de consolidación de compras y las estrategias macro de distribución han recaído centralmente, ambos tienen un papel crítico y directo en la afectación a los pacientes.

Entre 2019 y 2024, el desabasto dejó más de 78 millones de recetas sin surtir en todo el país. En promedio, 2 de cada 10 recetas no se surten en sus farmacias, una cifra que en estados como Veracruz, Guerrero o Chiapas se eleva hasta 4 de cada 10.

La responsabilidad de estos institutos se divide en tres frentes clave: Deficiencias de logística operativa local, gestión y desigualdad presupuestal, y fugas por corrupción y falta de control interno

         En el primer caso, aunque el esquema centralizado del gobierno federal define qué y cuánto se compra, el IMSS y el ISSSTE controlan la gestión de la última milla, pero muestran fallas crónicas en planeación e inventario diario de sus clínicas, provocando desfases entre el medicamento que reportan “en papel” y existencias reales en los anaqueles.

Los reportes de colectivos de salud señalan que ambas dependencias subestimaron la complejidad de los canales de acceso y distribución interna.

Como segundo frente, se incluye su gestión y desigualdad presupuestal, ya que, históricamente, ambos operan bajo condiciones de asignación desigual de recursos. Pese a contar con presupuestos por consulta significativamente más altos que la Secretaría de Salud, su falta de optimización de gasto administrativo y atropellados cambios en procesos de adquisición pública diluyen la eficiencia de sus fondos disponibles para fármacos.

Por último, las autoridades han documentado casos graves de sustracción ilícita y robo de insumos cometidos por personal en las propias unidades médicas del IMSS y el ISSSTE, donde su debilidad en mecanismos de auditoría interna facilita que costosos medicamentos o de alta especialidad -como los oncológicos- terminen en el “mercado negro” o se pierdan por caducidad antes de llegar al paciente.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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