¡ALTOS SALARIOS Y CORRUPCIÓN!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Mal,
muy mal han quedado ante el pueblo la LXII Legislatura del Congreso de la Unión
que, encabezada por el PRI, no sabríamos decir si peor en el caso de la Cámara
de Diputados o el Senado de la República, ya que ambas han dado mucho de qué
hablar sobre el tema de la corrupción que, irónicamente, encabeza el propio
presidente Peña Nieto.
Aunque
las propias autoridades se han dado por felicitarse a sí mismas por sus propias
decisiones, para lo cual a quienes menos consultan es curiosamente a los
mexicanos, lo cierto es que bien vendría al caso acusarles del tradicional “te
lo dije” que, sin embargo, para nada sirve una vez dado el golpe que ni Dios
quita.
En
efecto, como se sabe, apenas el 30 de enero la Secretaría de Hacienda anunció
un recorte presupuestal al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos, supuestamente
para estabilizar las finanzas públicas ante el entorno de volatilidad, derivado
de la caída internacional de los precios del petróleo.
Para
ello, la Secretaría señaló que el recorte incluye ajustes a los presupuestos de
Pemex y CFE, por 62 mil y 10 mil millones, respectivamente, mientras que en la
administración pública el ajuste ascendió a 52 mil millones de pesos, 60% de
los cuales del gasto corriente, y 35% a gastos de inversión.
Adicionalmente,
se anunciaron medidas de austeridad, como una reducción, pero sólo del 10%, en
servicios personales de gastos del gobierno, es decir, sueldos y salarios,
aunque es insuficiente para contrarrestar los efectos de la medida en la
economía nacional, ya que NO se prevén alcanzar las metas del crecimiento.
Sin
embargo, sexenio tras sexenio se ha insistido infructuosamente en que una forma
de dignificar la función pública es otorgar sueldos adecuados y transparentes,
evitando prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de alto nivel
que, con sobresueldos y otros emolumentos, violentan la Constitución y anulan
el control del Poder Legislativo, entidades y Cámara de Diputados, al
establecer ingresos anuales de los cargos creados por ley, como establecen los
artículos 75 y 127 de la Carta Magna.
En
este sentido, deberían eliminarse privilegios como seguros de gastos médicos
para funcionarios, pago de seguro por separación y eliminar plazas; pago de
pensiones a ex presidentes de la República; racionalizar y eficientar la compra
de bienes y servicios; eliminar gastos de telefonía celular, remodelación de
oficinas, y prohibir el uso de aviones privados y compra de vehículos para
funcionarios.
Se
trata de compromisos ineludibles en un Estado democrático, ya que el Diario
Oficial de la Federación publicó desde el 24 de agosto de 2009 un decreto que
reforma, adiciona y deroga los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la
Constitución, que regula esas percepciones y erradica la forma indiscriminada con
que se asignan salarios, compensaciones, bonos y otros ingresos, así como
pensiones, algunas vitalicias; jubilaciones y retiros.
No
obstante, han pasado casi cinco años sin aprobarse la legislación secundaria
que lo regule, por lo que seguimos atestiguando cómo se violenta la
Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios,
sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, que contrastan con
los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría.
Lamentablemente,
México se caracteriza como uno de los países donde es más latente la
desigualdad social, y de ahí la importancia de un proyecto de decreto sobre la
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que propuso la
senadora Angélica de la Peña Gómez.
Se
trata de la misma que presentó en 2919 el entonces senador Pablo Gómez Álvarez
presentó en 2010 al Senado respecto a la política salarial de este gobierno que
plantea el recorte presupuestal como medida coyuntural que, no obstante, no elimina
la discrecionalidad en política de sueldos.
Por
cierto, si hablamos sobre corrupción, no podemos omitir que el nuevo titular de
la Secretaría de la Función Pública llegó al cargo con dos años de retraso, aunque
con el respaldo absoluto, también coyuntural, del Ejecutivo Federal, que había
dejado sin efecto a la Secretaría, pese a que una de las primeras reformas de
esta Legislatura -precisamente del presidente Peña Nieto- fue la de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, donde desaparece esa dependencia.
Su
Artículo Segundo dice: “Las modificaciones previstas en el presente Decreto
para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta ley, exclusivamente por lo que
se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la
Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor a la fecha en que entre en
funciones el órgano constitucional autónomo que se propone en materia anticorrupción”.
En
este sentido, resultó inexplicable que la Junta de Coordinación Política hubiera
dicho a la prensa que estaba desierto el nombramiento del Fiscal Anticorrupción
después que ella misma lanzó una convocatoria, y entre sus atribuciones incluía
verificar a cada aspirante.
En
el informe formal de las comisiones encargadas de procesar ese nombramiento e
iniciar la etapa de comparecencias, la Junta informó que ninguno de los que se
habían inscrito era idóneo ni habían cumplido con los requisitos, por lo que
sólo por la prensa se supo que se reiniciaría el proceso.
Obviamente,
este tipo de cosas ofrecen mala “lectura”, dejan mal al Senado y la
Legislatura, que inició reformando la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y dos años después todavía no existe el Fiscal Anticorrupción
autónomo, que señala la Constitución.
Y si quiere Usted saber algo más sobre el tema, resulta que,
sospechosa y curiosamente, desde hace CUATRO DÍAS que resulta prácticamente
imposible acceder por Internet a la página de la Cámara de Diputados ¿Estará en
proceso de reconstrucción? O hay algo que ocultar… momentáneamente,
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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