En
primera fila
¡“Pobres” funcionarios millonarios!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras
la reactivación de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de un funcionario
nombrado por la Presidencia de la República, y antes consejero electoral nombrado
de la misma manera, la pregunta obligada es si realmente servirá para combatir
la corrupción o seguirá sirviendo para lo mismo de siempre: Para nada... y para
nada, como “La carabina de Ambrosio”.
Para
empezar, el nuevo funcionario, Virgilio Andrade Martínez, desmintió al propio
Peña Nieto, en el sentido de que el órgano anticorrupción del gobierno mexicano
no investigará si existió conflicto de intereses en la polémica compra de
inmuebles que hicieron el mismo Peña Nieto, la esposa de éste,
Angélica Rivera, o el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a una empresa
contratista del gobierno “por carecer de facultades”.
Pero
además, sería interesante determinar con qué tanta credibilidad puede contar un
funcionario nombrado y directamente dependiente del Jefe del Ejecutivo y cuyos
encargos anteriores han estado ligados a la administración pública
y al mismito PRI, ya que su desempeño más notable en gobierno ocurrió entre
2003 y 2010, como consejero electoral del IFE, y destaca su participación en la
reforma electoral del 2007, considerada la más importante y controvertida del
órgano electoral.
Más
recientemente titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer),
dependiente de la Secretaría de Economía, Andrade Martínez, licenciado en
Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en
Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, se
desempeñó en 1994 como representante del PRI ante el Consejo General del IFE.
Sobre
la elección presidencial del 2006, cuando Felipe Calderón “derrotó” con 0.56%
de diferencia a Andrés Manuel López Obrador, considera que fue el ejercicio
electoral más cerrado que afectó la credibilidad del IFE, ya que “un resultado
errado difícilmente coadyuva a la credibilidad”, dijo en 2012, aunque “la ley
establecía condiciones especiales para abrir los paquetes y frente a la
imposibilidad legal de abrirlos todos quedó siempre la suspicacia”.
Ahora bien, su mayor reto será atarles las
manos a los “servidores” públicos para “evitar” que se sirvan con la “cuchara”
grande, tal y como todo hace suponer que ha ocurrido en los últimos años,
aunque, a decir de sus últimas declaraciones patrimoniales, todos consideran “bien
habidas” sus propiedades, pese a mover a risa a cualquiera con un centímetro de
frente y un gramo de cerebro.
En
los últimos meses, el patrimonio de altos funcionarios ha sido objeto de
escrutinio público, luego de que se revelara que Grupo Higa, contratista del Gobierno
Federal, vendió una casa a la esposa de Peña Nieto y otra al titular de
Hacienda, Luis Videgaray, aunque también mueven a sospechas las declaraciones
públicas de los 25 miembros del gabinete legal y ampliado de Peña Nieto y de
éste mismo.
Uno
posee un palco de 12 metros cuadrados en un estadio, y otro terrenos por más de
222 hectáreas; otro más un cuadro de Picasso y otro de Dalí; uno posee 110
autos, y uno más una casa que reporta con un valor menor a un peso.
Así,
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, posee ese palco en el
estadio de futbol de los Tuzos de Pachuca, capital de Hidalgo, Estado que gobernó de 2005 a 2011. Lo adquirió en 2001 y reportó en su declaración
patrimonial de 2013, aunque la versión pública de ésta, en la página web de la
Presidencia de la República, cataloga esta propiedad como departamento.
Por
su parte, el titular de la Sagarpa, el ex gobernador del saqueado Estado de
Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, posee la mayor cantidad de bienes
inmuebles, con 18, entre ellos 16 terrenos, un edificio y una casa, todo en un
área de 2 millones 224,625 metros cuadrados, es decir, 222.4 hectáreas, equivalentes
a una tercera parte del Bosque de Chapultepec.
Entre
los nueve inmuebles que declaró Peña Nieto, uno es de 560 metros cuadrados y
492 de construcción, reportado en su declaración como adquirido al contado en
1982 por 924 viejos pesos, es decir, menos de un peso de los actuales, aunque
también dijo haber comprado al contado en mayo de 2007 -como gobernador del
Estado de México- joyas y relojes por 1.9 millones de pesos.
El
director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, reportó poseer de “herencia” un
cuadro de Pablo Picasso, así como una obra de Salvador Dalí, que adquirió al
contado en 2005, y cuatro pinturas de Luis Zárate, en tanto que, como aficionado
a los relojes de lujo, dijo haber adquirido de contado en 2006 un reloj “Franck
Muller”, y cuatro “Patek Philippe” entre 2005 y 2011.
De
los 25 integrantes del gabinete, tres reportaron carecer de inmuebles a su
nombre -¿alguien lo cree?-: Juan José Guerra Abud (Semarnat); Rosario Robles
Berlanga (Sedesol) y Aurelio Nuño Mayer, jefe de la Oficina de la Presidencia.
El
director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, declaró poseer 110 autos, 109
de ellos en una flotilla de taxis del Distrito Federal, Monterrey y Puebla, además
de una Porsche Cayenne 2008, adquirida en agosto de 2011, aunque aclaró haberla
vendido el 10 de julio del 2014, dos meses después de la actualización anual de
su declaración, la que por ley se hace en mayo.
Además
de sus taxis, reportó una colección de arte con 31 obras plásticas, entre ellas
la pintura “Las tres Fridas”, de autor anónimo; seis litografías del oaxaqueño
Israel Nazario y dos del también oaxaqueño Amador Montes.
24
de los 25 miembros del gabinete publicaron “una versión” de su declaración, en
el caso de Peña Nieto la totalidad de la misma, donde se desprende que su
patrimonio asciende a 45.2 millones de pesos. Solo el titular de la PGR, Jesús
Murillo Karam, optó -como se lo permite la ley- por no publicar sus bienes,
aunque, en teoría, debiera ser el primero en hacerlo, dada la falta de
credibilidad y opacidad en la dependencia.
El
propio encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública -Julián
Alfonso Olivas Ugalde-, responsable de recibir y procesar las declaraciones, no
tuvo disponibles los datos de su propia declaración, por lo que en el apartado
de inmuebles, donde debía detallar la clave en el Registro Público de la
Propiedad, escribió en cuatro de sus ocho propiedades “no se cuenta con el
dato, se investigará”.
El
secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo ser propietario de siete
vehículos, entre ellos un Jaguar clásico 1960, un BMW 550 GT de 2012 -a crédito-,
un Mercedes Benz E 500 de 2012 y un Mini Cooper Country Man 2011.
Por
su lado, el secretario de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, cuenta con cinco
vehículos, entre ellos dos Jeep Wrangler 2004 y 2009; una camioneta Ford Expedition
2012, una pick-up Honda Ridgeline 2012 y una moto de agua Yamaha 2012.
Con
la interrogante en el sentido de que si son transeúntes o utilizan el Metro, el
presidente de la República y dos colaboradores suyos, Osorio Chong y Emilio
Lozoya Austin, aseguraron carecer de algún vehículo a su nombre, mientras que
el propio mandatario y otros siete más declararon carecer de pasivos o alguna tarjeta
de crédito.
Ellos
son Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo (Economía); Emilio Chuayffet (SEP), Mercedes
Juan (Salud), Lozoya Austin, José Antonio González (IMSS), Sebastián Lerdo de
Tejada (ISSSTE) y David Korenfeld (Conagua)
Por
el contrario, quienes poseen más tarjetas de crédito son Rosario Robles y
Claudia Ruiz Massieu (Turismo), la primera con cinco, y la segunda con seis.
A
estos ricos funcionarios “pobres” deberá vigilar principalmente el nuevo secretario,
aunque, irónicamente, su jefe directo -el presidente Peña Nieto- fungirá como
juez y parte para decidir a quién castigar y cómo hacerlo. ¿Será que él se castigará
a sí mismo?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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