EPN y Chuayffet, acusados intocables

                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Acorde con los tiempos difíciles en materia de educación, en la que recién intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación para analizar y rechazar una serie de amparos de docentes disidentes, la nueva “generación” de diputados que se incorporará durante el próximo periodo ordinario de sesiones enfrentará un reto que le heredó el Senado desde abril último.

Se trata de la reforma de la Ley General de Educación en materia del interés superior de la niñez, donde tendrán la trascendente oportunidad de modificar por primera ocasión el texto de la Ley General de Educación, ya que el principio de interés superior de la niñez no figura en la ley general de la materia.

Y conste que, al menos en teoría, durante la aprobación de esa ley se analizaron todas las vertientes que, en una suerte de mea culpa obliga a señalar deficiencias a quien le corresponde.

Así, el Senado, a través de su Comisión de Educación y la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda propone reformar la Ley General de Educación con un sentido concreto: Que las acciones educativas tengan un enfoque de derechos humanos.

Una de las responsabilidades constitucionales del Senado es elaborar, reformar y modificar leyes, en el caso del tema educativo, para  crear un andamiaje jurídico que permita garantizar a plenitud los derechos de los niños y adolescentes.

No obstante, hoy todo mundo se pregunta por qué se ha desatado la violencia en las escuelas y la sociedad misma, como sello característico de esta nueva generación.

Pedagogos de todo mundo coinciden en algo que no han querido atender ni el presidente Peña Nieto, el secretario de Educación, los subsecretarios de éste ni los directores de los institutos de educación básica del país: La violencia es un fracaso pedagógico, y es necesario entenderlo de ese modo.

Cuando se discutió la reforma educativa quedó claro que no sería posible hacerlo de la manera deseable porque no se ponía en el centro del debate el perfil del educando que se pretendía obtener de esa reforma. Y nunca se quiso discutir.

Se discutieron otras cuestiones, pero nunca se dijo: “Vamos a modificar el perfil violento del egresado del Sistema Educativo Nacional, vamos a mejorar la percepción de los niños y adolescentes en relación con el amor a la Patria, con los derechos humanos, con la convivencia pacífica”.

Hace tres meses se inició una serie de diálogos con especialistas en temas de violencia escolar, pero, al igual que los pedagogos, y desde la visión de la UNICEF y otros organismos internacionales y nacionales, se requiere revisar la currícula tanto del educando como del educador.

Está comprobado que lo que se obtiene del Sistema Educativo Nacional es un perfil que no le gusta absolutamente a nadie. Hoy todo mundo habla del bullying, de la violencia y de sancionar.

Por ejemplo, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, por cierto coautora de la iniciativa -junto con su correligionario Sofío Ramírez Hernández-, sugiere sancionar a los profesores que maltraten a los niños y adolescentes.

Sin embargo, nos preguntamos, ¿Quién sancionará al que ha desatado la violencia institucional contra nuestros infantes? ¿Quién tiene la obligación de garantizarles que la educación sea de calidad? ¿El Estado mexicano?

En efecto, ya lo adivinó Usted. Hay un responsable final, el Presidente de la República, y un responsable de sector, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, ninguno de los cuales se preocupa por lo que se plantea, pero a ninguno de ellos no se le sanciona tampoco.

Para empezar, el presidente Peña Nieto goza de fuero constitucional que lo protege de este tipo de sanciones, pese a ser necesario que también lo alcancen, porque está perjudicando lo más hermoso que tiene un país: Sus niños y adolescentes.

Para un enfoque de derechos humanos en materia educativa es necesario modificar las currículas del educador y de los educandos.

La implementación de la ley cuesta, pero no hacerlo cuesta más, porque nuestros niños están viviendo violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, y son víctimas de la cooptación de delincuentes y redes de prostitución en muchas partes del país, donde los usan como narcomenudistas para vender las famosas “grapas”.

Es cierto: Hay que reformar la ley, pero el Senado tiene concretamente el peso político para exigirle al Ejecutivo cumplir con sus obligaciones, y hay que hacerlo valer por el bien de la niñez y la educación.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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