EPN y Chuayffet, acusados
intocables
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Acorde con los tiempos difíciles en materia de
educación, en la que recién intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para analizar y rechazar una serie de amparos de docentes disidentes, la nueva
“generación” de diputados que se incorporará durante el próximo periodo
ordinario de sesiones enfrentará un reto que le heredó el Senado desde abril
último.
Se trata de la reforma de la Ley General de
Educación en materia del interés superior de la niñez, donde tendrán la trascendente
oportunidad de modificar por primera ocasión el texto de la Ley General de
Educación, ya que el principio de interés superior de la niñez no figura en la
ley general de la materia.
Y conste que, al menos en teoría, durante la
aprobación de esa ley se analizaron todas las vertientes que, en una suerte de
mea culpa obliga a señalar deficiencias a quien le corresponde.
Así, el Senado, a través de su Comisión de
Educación y la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda propone reformar la
Ley General de Educación con un sentido concreto: Que las acciones educativas
tengan un enfoque de derechos humanos.
Una de las responsabilidades constitucionales del
Senado es elaborar, reformar y modificar leyes, en el caso del tema educativo,
para crear un andamiaje jurídico que permita
garantizar a plenitud los derechos de los niños y adolescentes.
No obstante, hoy todo mundo se pregunta por qué se
ha desatado la violencia en las escuelas y la sociedad misma, como sello
característico de esta nueva generación.
Pedagogos de todo mundo coinciden en algo que no han
querido atender ni el presidente Peña Nieto, el secretario de Educación, los subsecretarios
de éste ni los directores de los institutos de educación básica del país: La
violencia es un fracaso pedagógico, y es necesario entenderlo de ese modo.
Cuando se discutió la reforma educativa quedó claro
que no sería posible hacerlo de la manera deseable porque no se ponía en el
centro del debate el perfil del educando que se pretendía obtener de esa
reforma. Y nunca se quiso discutir.
Se discutieron otras cuestiones, pero nunca se
dijo: “Vamos a modificar el perfil violento del egresado del Sistema Educativo
Nacional, vamos a mejorar la percepción de los niños y adolescentes en relación
con el amor a la Patria, con los derechos humanos, con la convivencia pacífica”.
Hace tres meses se inició una serie de diálogos con
especialistas en temas de violencia escolar, pero, al igual que los pedagogos, y
desde la visión de la UNICEF y otros organismos internacionales y nacionales,
se requiere revisar la currícula tanto del educando como del educador.
Está comprobado que lo que se obtiene del Sistema
Educativo Nacional es un perfil que no le gusta absolutamente a nadie. Hoy todo
mundo habla del bullying, de la violencia y de sancionar.
Por ejemplo, la senadora perredista Angélica de la
Peña Gómez, por cierto coautora de la iniciativa -junto con su correligionario
Sofío Ramírez Hernández-, sugiere sancionar a los profesores que maltraten a
los niños y adolescentes.
Sin embargo, nos preguntamos, ¿Quién sancionará al
que ha desatado la violencia institucional contra nuestros infantes? ¿Quién
tiene la obligación de garantizarles que la educación sea de calidad? ¿El
Estado mexicano?
En efecto, ya lo adivinó Usted. Hay un responsable
final, el Presidente de la República, y un responsable de sector, el secretario
de Educación, Emilio Chuayffet, ninguno de los cuales se preocupa por lo que se
plantea, pero a ninguno de ellos no se le sanciona tampoco.
Para empezar, el presidente Peña Nieto goza de
fuero constitucional que lo protege de este tipo de sanciones, pese a ser
necesario que también lo alcancen, porque está perjudicando lo más hermoso que
tiene un país: Sus niños y adolescentes.
Para un enfoque de derechos humanos en materia educativa
es necesario modificar las currículas del educador y de los educandos.
La implementación de la ley cuesta, pero no hacerlo
cuesta más, porque nuestros niños están viviendo violaciones sistemáticas de
sus derechos humanos, y son víctimas de la cooptación de delincuentes y redes
de prostitución en muchas partes del país, donde los usan como narcomenudistas
para vender las famosas “grapas”.
Es cierto: Hay que reformar la ley, pero el Senado
tiene concretamente el peso político para exigirle al Ejecutivo cumplir con sus
obligaciones, y hay que hacerlo valer por el bien de la niñez y la educación.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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