¡De nuevo, “jueguito” de la gobernadora!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Al igual que como inició, a su modo, el juego de la supuesta reforma al Poder Judicial en Quintana Roo, la gobernadora “morenista” Mara Lezama filtró los nombres de los “elegidos”, sus elegidos, para convertirse en nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre los que destacan conocidos personajes de la vida política.

         Entre ellos, por servilismo, se incluye Héctor Hernán Pérez Rivero, quien fuera encargado del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a quien la titular de la Secretaría de Gobierno, la cuestionada Cristina Torres, avaló sus requisitos y solicitud, pese a denuncias penales en su contra, pues podrá fungir como juez y parte, ya que su despacho sigue litigando, según excelente primicia del portal Información sin límite Quintana Roo.

Así las cosas, la reforma al Poder Judicial impuesta por López Obrador y aprobada por la mayoría morenista, abrió las puertas a políticos y amigos fieles al sistema que, sin contar con conocimientos ni preparación necesarios, se conviertan en jueces y magistrados federales -y ahora estatales-, a las órdenes del poder político, en este caso de la gobernadora.

Pérez Rivero es señalado por defender a un acusado por fraude, pero, a base de marrullerías, como abogado experto en chicanadas y trampas, que posteriormente se incorporó a la política, como candidato de Movimiento Autentico Social (MAS), con lo que, una vez con regiduría, saltó a Morena.

En mayo de 2022, la organización civil Somos Tus Ojos publicó que Pérez Rivero tenía en nómina de la Comuna de OPB a los abogados de su despacho “Pérez Rivero Abogados Corporativos SC”, sin que lo evitaran la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández y regidores, que permitieron ese atraco a las arcas públicas por utilizar dinero del pueblo.

Así, el regidor incluyó en la nómina a Miguel José Ancona Ancona, Carlos Jafett Góngora Alcocer y Cinthia González Gómez, el primero, según Plataforma Nacional de Transparencia, como director de Unidad de Mejora Regulatoria, con un sueldo mensual bruto de 6,509 pesos mensuales, el segundo como su supuesto asistente, con 8,237 pesos mensuales, y la tercera adscrita a la Oficialía Mayor, supuestamente como auxiliar administrativo, con 6,079 pesos mensuales.

Pero, además, en octubre de 2024, Pérez Rivero, en información del portal Cambio 22, aparece como involucrado, junto con el senador Adán Augusto López Hernández y funcionarios locales, en la desaparición del empresario Juan Carlos Ortega Prados, de Mahahual: “Políticos de alto nivel y cárteles lucran con el despojo violento de tierras en Quintana Roo, mientras las víctimas quedan sin justicia”.

En tanto damos cuenta de esa, amplia, publicación, Información sin límite Quintana Roo indica que Quintana Roo tendría otra magistrada corrupta en el “nuevo” Tribunal Superior de “justicia”: Claudette Yanell González Arellano, a quien el comité evaluador del Poder Judicial avaló sus requisitos.

Como se sabe, es una ex comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, con negro historial… como si el requisito principal para ser juez en la entidad fuera ser corrupto.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/01/hablando-de-transparencia-claros.html

Como comisionada, nuestro personaje protegió descaradamente a funcionarios corruptos, al “batear” denuncias ciudadanas como recurso de apelación para obtener información pública, inclusive algunas que interpuso el portal, pese a pruebas contundentes sobre irregularidades.

Entre éstas se incluyen denuncias contra los Ayuntamientos gobernados por Morena en José María Morelos y Benito Juárez, que ocultan miles de contratos de obras públicas entregados por sus respectivos alcaldes, Erik Borges y Ana Patricia Peralta, a empresas “fantasmas” para desviar millones de pesos de recursos públicos que fueron mal aplicados.

Con todo Claudette González Arellano, plenamente identificada con el ex alcalde mitómano de OPB, Carlos Mario Villanueva Tenorio, está a un paso de ser nombrada magistrada del Tribunal, gracias a la panista disfrazada de morenista Cristina Torres, secretaría de Gobierno de Mara Lezama.

Como se recuerda, “gracias” a Claudette y a Roberto Agundis Yerena, Quintana Roo fue vergüenza nacional al ser reprendidos en vivo con burlas maquiavélicas de los participantes en una sesión nacional de transparencia del Instituto, con lo que demostraron su falta de respeto y profesionalismo.

En este entonces, la comisionada exponente les señaló que, si no les interesaba la plataforma nacional de transparencia ni el sistema, por qué seguían en el IDAIPQROO.

 Ahora bien, apenas en octubre Cambio 22 publicó que el lucrativo negocio de las invasiones de terrenos nacionales o en manos de particulares sin legalidad en su posesión, llegó a niveles donde se involucra la clase gobernante en turno: “Ahora la justicia toca las puertas del Senado por un secuestro en el Sur del Estado y que tiene que ver con invasiones donde delincuencia organizada y políticos juegan papel preponderante”.

En mayo del 2019, inversionistas y pequeños propietarios de Mahahual clamaban justicia, exigían al gobierno de Carlos Joaquín protección ante las amenazas de muerte de quienes habían invadido sus tierras, entre ellos Ortega Prados, quien aseguraba que la situación los había obligado a conformar un consejo ciudadano para enfrentar organizados el problema de invasión que afectaba unas 300 hectáreas de 2 mil, de unos 35 inversionistas.

La inseguridad a causa de las invasiones, decía, lo obligó a sacar a su familia de Mahahual, ante amenazas de muerte de líderes que encabezaban la ocupación ilegal. Su peregrinar exigiendo justicia duró más de dos años. Las invasiones crecían, la violencia se desbordaba. Cartas a López Obrador no tenían respuestas y llamadas al gobernador Carlos Joaquín, nunca regresaban.

El 15 de septiembre de 2021, Ortega Prados fue secuestrado por un comando armado cuando se transportaba por carretera a Cancún y se desconocía su paradero, estaba en calidad de desaparecido.

La víctima, quien lideró la organización de empresarios del poblado contra la invasión de terrenos, señaló a presuntos responsables de apoderarse de predios privados de manera violenta. Han pasado tres años de su “levantón” y su familia no pierde la esperanza, entre los denunciados se agrega el del senador tabasqueño López Hernández.

Ortega Prado había denunciado el modus operandi de los delincuentes para quedarse con propiedades. Primero, ocupar el terreno de forma violenta y desmontar la vegetación. Después, solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano enajenar los predios, alegando posesión legítima.

El periodista Óscar Meza publicó que Adán Augusto, José Alberto Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, y el ex encargado de despacho de la presidencia de OPB, Pérez Rivero, figuran en dos carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General, precisamente por la desaparición forzada de Ortega Prado.

Refiere que, según averiguaciones de abogados, del violento incidente de fines de 2021 están involucrados involuntaria, directa o indirectamente, al menos 15 personas, entre ellas López Hernández, Alonso Ovando, Pérez Rivero y Gustavo Gutiérrez Cruz, éste ex secretario general del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco y familiares cercanos del desaparecido, en un levantón en carretera en un municipio del Sur de Quintana Roo.

En su entrega “Involucran a Adán Augusto y Alonso Ovando en desaparición forzada en Quintana Roo”, Meza subraya que entre la maraña de obstáculos e intereses económicos y políticos, hay discrepancias entre Aurelinda Cañamar Juárez, esposa de la víctima, con la hija, de identidad reservada, y que en la camioneta blindada, Ford Expedition, hallada en la carretera El Cafetal-Mahahual, al sur de Limones, el 21 de mayo de 2023, por personal de infantería de la Secretaría de Marina, había 5 armas largas, una granada, 5 chalecos balísticos, un lanzagranadas, cargadores y municiones usados en el secuestro.

También establecieron que el vehículo pertenece a Gutiérrez Cruz y que, en audios transcritos, que obran en carpeta certificada bajo resguardo de los abogados de la familia del empresario turístico, Cañamar Juárez refiere a López Hernández: “Sabe todo, que él tenía bajo control y todo planeado sobre la desaparición de la víctima”.

Otro audio, establece la entrega de un predio de alta plusvalía del secuestrado, en los que estarían involucrados Alonso Ovando y Pérez Rivera. De hecho, el primero reveló que Pérez Rivero le entregó un terreno, propiedad de la víctima, tras la desaparición de éste.

Para variar, la Fiscalía General sólo emitió el 13 de septiembre de 2021 la alerta ¡Ayúdale a regresar a casa! a Ortega Prados. de 58 años de edad, tez morena, complexión mediana, estatura unos 1,85m y 85 kilos de peso, visto por última vez ese 13 de septiembre en Mahahual.

De esa fecha a junio de 2014, se han este presentado 23 invasiones a terrenos nacionales y privados en Mahahual, pese a que Mara Lezama asegura que el problema es promovido, principalmente, por grupos de yucatecos que, en redes sociales, ofrecen terrenos “de alta oportunidad” cerca del Tren Maya y las zonas costeras.

Por su parte, Alonso Ovando señala que estas invasiones buscan grandes ganancias a través de fraudes inmobiliarios y que, si algunos buscan una vivienda de forma legítima, muchos simplemente lucrar con la ubicación privilegiada de los terrenos.

Y aunque advirtió que son estafas, ya que no planean regularizar colonias nuevas, el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares sólo se enfoca a bienes de dominio privado que forman parte del patrimonio del Estado, aunque ya está involucrado en la propiedad invadida y en proceso de regulación de la propiedad de Ortega Prado.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.