¡Todas las baterías oficiales contra Aguakán!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como
están las cosas, el conocido refrán "a perro flaco, todo son pulgas”, o
bien el de “llueve sobre mojado” bien podrían aplicarse a la concesionaria Aguakán,
a la que, con la gobernadora Verde Mara Lezama encima, todo le ha salido mal,
lo último, la notificación de autoridades estatales de un crédito fiscal por 3,758
millones de pesos, 200 millones, por operaciones realizadas en 2019, que,
presuntamente, se apartan del modelo financiero, informó la compañía en la
Bolsa Mexicana de Valores.
No de
balde, en su columna Cuenta Corriente,
Alicia Salgado denunció el
lunes, con el título ¿Auditorías
fiscales amañadas en Quintana Roo?, en el portal “Dinero en
Imagen”, que el cuestionado guanajuatense Hugo Garza Sáenz, el nuevo director
general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo,
no deja de utilizar “instrumentos” que considera necesarios para doblegar a Aguakán.
Así,
ataca a la concesionaria que dirige Paul Rangel, que ha invertido 350 millones
de pesos en diversas obras este año, incluyendo 114 millones de pesos para
renovar la red de agua potable y construido una planta de saneamiento de
Cancún, para garantizar el servicio de agua potable y alcantarillado en el
norte de Quintana Roo.
Aguakán
ha sido culpada de los “altos costos” del agua, pero, sabrá Usted, las tarifas
no las fija ella, sino CAPA, como en Tulum, mientras que carece de drenaje la
planta de San Miguelito, en Cozumel, obsoleta y cuyas aguas residuales terminan
en zona natural protegida.
Y
en Chetumal, por si fuera poco, amén de su pésima mano de obra, se ha
documentado ampliamente que la planta Centenario vierte aguas tratadas al
humedal la Sabana, deterioro no anecdótico, y hace unos días, tres trabajadores
murieron en un accidente realizando trabajos en el drenaje por fallas de
supervisión, a lo que habría que preguntarse si fue accidente o síntoma del
desorden administrativo de la paraestatal.
Sin
embargo, la CAPA, junto con la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución
Fiscal, ahora tomó la vía de la discrecionalidad fiscal, pues practicó
auditorías a Aguakán de 2019 a 2023, cuyo resultado fue la notificación de un “adeudo”
por crédito fiscal por más de 3 mil 750 millones de pesos del ejercicio 2019.
Sí,
leyó bien: Un monto que supera 50% los ingresos totales de ese mismo año. Esta
supuesta cifra de crédito fiscal es, en opinión de fiscalistas, una arbitraria
y desproporcionada, no considera los términos de la concesión, no resiste el
menor análisis financiero y, en cualquier otra cancha, se llamaría expropiación
encubierta. ¿Lo sabe, conoce y avala la gobernadora Mara Lezama?
El
problema no es sólo el monto, ya que la CAPA “se vistió” de SAT sin tener
facultades y determinó créditos fiscales que no le corresponden. Este tema fue
resuelto anteriormente en tribunales con dos sentencias que determinaron que la
paraestatal carece de atribuciones para exigir la entrega de cantidades no
previstas en la ley. Aun así, insiste, con lo que busca asfixiar a la que
invierte en un servicio esencial para los habitantes y para las empresas en el
principal punto turístico del país.
Una
pregunta obligada es si así se premia la inversión privada, ya que la CAPA
parece decidida a castigar a quien cumple, presionar a quien invierte y se
extralimita sin freno, dando muestras de que la certidumbre regulatoria es sólo
un discurso en Quintana Roo. ¡La pura realidad!
Por
cierto, Garza Sáez, recién compareció ante la Comisión de Desarrollo Urbano
Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la siempre dócil XVIII Legislatura del
Congreso del Estado, para ampliar la glosa del Tercer Informe de Gobierno de la
gobernadora Mara Lezama.
Dijo
que en el tercer año destaca una inversión de 449 millones 873 mil pesos que,
en junto con la Federación, responde a la atención de las principales demandas
de los servicios que mejoran la calidad de vida de las personas, como establece
el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo.
Entre
las principales acciones del último año de gestión, destaca una inversión
superior a 21 millones 600 mil pesos para la ampliación y sustitución de redes de
distribución en ocho obras en comunidades rurales de diferentes municipios, en
beneficio de 5 mil 262 usuarios.
Por
cierto, como si se tratara de un protocolo en el que sólo interviene un personaje,
ningún legislador le preguntó sobre Aguakán.
Además,
para acabarla de amolar, por incumplir una sentencia laboral a favor de un
trabajador, se aseguraron cuatro cuentas bancarias de Aguakán, a petición de la
Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, en un juicio del antiguo
sistema laboral a favor de un trabajador profesionista de esta empresa, acusada
de abusos en los cuatro municipios donde tiene la concesión del suministro del
vital líquido.
El
trabajador, supuestamente, habría sido despedido injustificadamente e inició un
laudo en 2018 ante esa Junta de Conciliación y Arbitraje, a través del cual le
reclamó a la concesionaria diversas prestaciones y salarios “caídos”.
En
2023, la dependencia sentenció el laudo a favor del trabajador y le notificó a
Aguakán pagar la deuda que, al negarse, según expediente consultado, en
septiembre de 2024, la Junta de Conciliación ordenó asegurar de las cuentas de ésta
en los bancos HSBC, Monex, Banco del Bajío y Santander, con lo que se buscó
obligar a la concesionaria a saldar en un término no mayor de 24 horas.
Por
lo anterior, Aguakán tramitó un amparo indirecto, que resolvió en agosto pasado
el Juzgado Octavo de Distrito, que determinó, parcialmente, darle la razón a la
empresa que, inconforme con la falta de liberación de cuentas bancarias, este lunes
anunció que “Desarrollos Hidráulicos de Cancún” interpuso una apelación
mediante el amparo en revisión en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito.
De
este modo, Aguakán enfrenta problemas legales por diversas vías en un momento
en el que pende de un hilo la concesión del suministro de agua potable.
En
lo más reciente sobre la cuestionada concesionaria, su conflicto con el
Gobierno de Quintana Roo, aunque es una empresa respaldada con capital de
fondos de ahorro para el retiro, sumó nueva una fuente de tensión.
Aguakán,
que provee servicios de agua potable y alcantarillado a algunas de las mayores
ciudades turísticas del Caribe mexicano, fue notificada por autoridades
estatales de un crédito fiscal por cerca de 3.758 millones de pesos, 200
millones, por operaciones realizadas en 2019, que, presuntamente, se apartan
del modelo financiero, informó la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores.
El
requerimiento de pago del supuesto crédito fiscal es inconstitucional y
violatorio de las disposiciones fiscales de Quintana Roo, señaló en el
comunicado, agregando que buscará su defensa. La suma demandada por el gobierno
estatal corresponde a 95% de los ingresos de Aguakán en 2024, según cálculos de
Bloomberg Línea.
La
solicitud fue a siete meses de que la compañía deba responder al vencimiento de
mayo de 2026, como parte de una emisión de certificados bursátiles por 1.400
millones de pesos que realizó en 2022. El crédito fiscal lo consideró Aguakán,
controlada por Grupo Mexicano de Desarrollo y GBM Infraestructura, violatorio
de sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.
El
tema se suma al conflicto de la empresa con autoridades estatales, provocado
por la ampliación de la concesión realizada en 2014, que el gobierno considera irregular
y decidió revocar. Este movimiento otorgó a Aguakán la concesión de los
servicios hasta 2053.
El
conflicto ha escalado incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
rechazó atraer el caso, por lo que, en julio, Desarrollos Hidráulicos de
Cancún, solicitó un procedimiento ante la Cámara de Comercio Internacional
(ICC)
Por
todo lo anterior, HR Ratings, agencia calificadora de riesgo crediticio, habría
reducido la calificación de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, la empresa
detrás del operador de agua y alcantarillado Aguakán, ante las presiones
estatales de revocar su concesión.
Aunque
ignoramos sobre cuestiones bursátiles, la calificación deDHC pasó deHR AA+ aHR
A+, del segundo al quinto lugar en el grado de inversión, según comunicado de
la calificadora.
La
revisión a la baja de la calificación y la ratificación de la observación
negativa obedece a la incertidumbre respecto a la continuación de la
concesión”, señalaron Víctor Toriz y Álvaro Rodríguez, analistas deHR Ratings
sobre la acción. DHC fue consultada al respecto al movimiento, pero no se había
recibido respuesta.
La
empresa emitió el 24 de abril un comunicado en el que señaló que la sentencia
no era definitiva y no modificaba en forma alguna la situación de la
concesionaria, el cumplimiento de sus obligaciones ni sus derechos, y señaló
que realizó la Amortización Anticipada Voluntaria, que formalmente anunció a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Bolsa Mexicana de
Valores en marzo de 2025.
El
cambio en la calificación ocurrió a unos días de que la empresa fuera
notificada de una decisión judicial negativa, en la que un juez decidió
sobreseerle un juicio que inició en 2023 y negó un amparo definitivo que
buscaba frenar una decisión legislativa del Congreso de Quintana Roo o echar
por tierra la ampliación del término de la concesión a 2053.
Según
HR Ratings, esta situación-concesión, aumenta el riesgo sobre el pago o
refinanciamiento de la emisión DHIC 22B, por 1.400 millones de pesos, que vence
en mayo de 2026. La empresa dijo que interpondría un recurso de revisión para
revertir la sentencia y no descartó que el proceso pudiera escalar a la Corte.
La
controversia es bajo argumentos del gobierno contra la privatización de servicios
de agua potable y alcantarillado. En México, la responsabilidad de la
prestación de esos servicios y saneamiento corresponde a los municipios, que generalmente
cuentan con organismos operadores para desarrollar esa responsabilidad.
Aguakán
provee servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de
aguas residuales a los municipios turísticos de Benito Juárez, Isla Mujeres,
Solidaridad y Puerto Morelos, controlada por Grupo Mexicano de Desarrollo y GBM
Infraestructura y la administra un Certificado de Capital de Desarrollo, respaldado
por fondos de ahorro para el retiro.
En
febrero, Aguakán externó públicamente que consideraba estar siendo objeto de un
hostigamiento jurídico por parte de autoridades, aunque se mostró abierta a
concluir, aunque su caso fue incluso objeto de comentarios de la presidenta
Claudia Sheinbaum, señalando abusos de la compañía en materia de tarifas, lo que
rechazó la empresa. Pero fue una historia actualizada en abril, con posición de
la compañía publicada en la Bolsa Mexicana de Valores.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
*Luis
Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como
reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de
comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores
y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos
pendiente de publicar.
Titulado como Licenciado en Derecho
en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos
en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos
Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la
Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios,
Talleres, Cursos y Conferencias.
Información completa sobre el currículum
vitae, en este link:
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