¿Nueva anarquía ambiental de Sedena?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Pese a ofrecimientos de la gobernadora Verde, Mara Lezama, la organización ambiental Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la autorización al proyecto “Puerta al Mar”, promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional en Vigía Chico, Felipe Carrillo Puerto, por violentar la legislación ambiental.

Como con otros proyectos en la Península de Yucatán, el Ejército inició obras, este caso desde hace dos años, sin autorización de impacto ambiental y cambio de uso del suelo para desarrollar trabajos. El trámite se presentó en diciembre de 2024 y se retomó en julio pasado, tras suspenderse su evaluación en abril.

El proyecto, parte de los que se asociaron con el Tren Maya, fragmenta el Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y buscaría replicar el modelo de control militar aplicado en el Parque del Jaguar, en Tulum, con la posible privatización del acceso a la zona de playas que pretende crearse, con cobros.

Viridiana Maldonado Galindo, miembro de TerraVida, dijo que el proyecto no se limita a mejorar el camino artesanal a Vigía Chico, como difunden Defensa Nacional y autoridades locales, sino que plantea un complejo turístico y recreativo de amplia escala, con infraestructura y equipamiento nuevos en la zona de amortiguamiento de la reserva.

Lo que se plantea es un conjunto de obras en la zona de amortiguamiento de Sian Ka’an, que incluyen la ampliación del camino artesanal de acceso a Vigía Chico, advirtió.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental de la Sedena presentada a evaluación de la Semarnat, el proyecto, en efecto, contempla rehabilitar y ampliar el camino de acceso artesanal, con base hidráulica y carpeta asfáltica y no sólo su remodelación.

Asimismo, pretende construir un muelle y un malecón para embarcaciones menores, para lo cual se taló manglar; áreas de servicios turísticos que incluyen restaurantes, módulos sanitarios, zona comercial, estacionamiento para más de un centenar de vehículos y áreas de descanso.

Además, incluye instalaciones para actividades recreativas y náuticas; un muro para honrar a presos políticos llevados como castigo a esa zona, durante la época de Porfirio Diaz y, de manera destacada, una puerta de acceso controlada por personal militar como punto de vigilancia y probable cobro, según la activista.

Me recuerda lo que hicieron con el Parque Jaguar, en Tulum”, dijo la ambientalista, respecto a esta Área Natural Protegida que, además de absorber a otro polígono protegido, como el Parque Nacional Tulum, sin explicación jurídica clara, ha privatizado el acceso a las playas públicas, a las que se tiene que pagar por ingresar, a menos de que sea a pie, en su acceso tradicional.

TerraVida subrayó que esta puerta sustituiría el acceso actualmente administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, modificando el esquema de manejo del sitio y trasladando su operación a la Defensa Nacional, lo que implica un cambio en la autoridad responsable de regular las actividades en la reserva.

Esta misma situación prevalece en Parque Jaguar, en Tulum, donde la administración y cobra para entrar a esa área natural protegida que debería recaer en la Comisión, según la ley, pero se dejó en manos de la Defensa, a través de la empresa Grupo Mundo Maya.

Lo más grave es que el Ejército inició “Puerta al Mar” desde hace dos años, violentando el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

El 18 de diciembre del 2024 la institución militar solicitó a Semarnat autorización de impacto ambiental, el trámite que se suspendió en abril del 2025 y se retomó el 31 de julio pasado, lo que generó reacciones negativas y fuertes críticas de organizaciones y pobladores mayas, que han intentado ser acallados, bajo el argumento de que el proyecto es una “demanda” anhelada por la población indígena.

Vecinos de Punta Allen y Rojo Gómez solicitaron a Semarnat la apertura de la consulta y reunión pública de información para que Defensa presentara el proyecto. Ésta última ocurrió el 15 de octubre.

Viridiana Maldonado aseguró que 90% de los asistentes rechazó las obras que, además de violentar el carácter preventivo de la ley, contravinieron la prohibición legal de talar manglares.

Asistieron al evento 91 personas, con 10 participaciones orales “con intervenciones muy generales” y diversos cuestionamientos contra el proyecto, señaló la entrevistada.

TerraVida, dijo, documentó que en el polígono de intervención se registró tala de manglar y vegetación costera sin permisos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales ni autorización ambiental federal.

Recordó que tales acciones las prohíben la Ley General de Vida Silvestre y las normas que protegen los humedales costeros, por lo que constituyen una grave infracción.

El argumento de la Defensa para justificar el proyecto es “abrir el acceso al mar” a las comunidades de Felipe Carrillo Puerto, en cumplimiento de una “deuda histórica”.

Sin embargo, sostuvo que el discurso encubre un modelo turístico de control y recaudación que replica la estrategia del Parque del Jaguar, en Tulum, donde, con pretexto de conservación, se militarizó el ingreso y se destinaron recursos a infraestructura con fines recreativos y comerciales.

La agrupación advirtió que la instalación de la puerta controlada por la Defensa Nacional anticipa un esquema de acceso restringido o de pago, contra el principio de libre disfrute de bienes nacionales y mandato de conservación pública de las áreas naturales protegidas.

El proyecto, indicó, no incluye mecanismos de participación comunitaria ni estrategias de aprovechamiento sustentable que integren a pescadores y habitantes locales.

Destacó que el Programa de Manejo de la Reserva, atravesada por el camino artesanal pavimentado y ampliado, no permite varias obras realizadas, por lo que “Puerta al Mar” altera la integridad ecológica del corredor costero, con infraestructura turística en una zona destinada a la protección, lo que fragmenta hábitats y modifica la dinámica natural de los ecosistemas costeros.

La agrupación sostuvo que la militarización de la gestión ambiental en Quintana Roo responde a un patrón creciente, con la presencia de la Defensa en proyectos en zonas de conservación de Bacalar, Calakmul y Cancún, donde se construyen instalaciones habitacionales y turísticas bajo argumento de seguridad nacional.

Por tanto, TerraVida exigió que Semarnat niegue la autorización ambiental al proyecto “Puerta al Mar”, por contravenir los principios de legalidad y prevención ambiental, así como por iniciar obras sin evaluación previa, y pidió investigar las responsabilidades administrativas y ambientales derivadas de la tala de manglar y cambio de uso de suelo sin permisos.

Advirtió que, autorizar el proyecto, sentaría un precedente que normaliza la construcción sin permisos y debilita el marco jurídico ambiental del país, y consolida un modelo de militarización y privatización de áreas naturales protegidas bajo justificación de desarrollo turístico y acceso público al mar.

El fin de semana pasado personal de Defensa y la gobernadora Mara Lezama recorrieron las obras, que calificaron como “proyecto emblemático que responde a una demanda social histórica en Felipe Carrillo Puerto”.

Según la mandataria, con 22 kilómetros pavimentados y un camino artesanal de 32.2 kilómetros adicionales, “Puerta al Mar garantizará acceso seguro al litoral y detonará nuevas oportunidades para la zona maya”.

Por la Defensa Nacional, el ingeniero constructor, Apolo Castillo, detalló que se trabajan 22 km de longitud y 8 metros de ancho con asfalto y que el camino artesanal de 32.2 km de largo y cinco de ancho, “va muy avanzado”.

Lo anterior confirma que las obras transcurren en violación al PEIA y se presume que se amparan en permisos provisionales emanados del acuerdo de López Obrador a fines del 2021, para permitir el avance de trabajos para proyectos de gobierno “emblemáticos”, que en mayo de 2022 declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Según Mara Lezama, “Puerta al Mar” no se cobrará y lo administrará la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Tras una entrega de matrículas a agentes inmobiliarios, indicó que ha habido “desinformación” sobre supuestas restricciones, cuando lo que se construye es un acceso al mar, por muchos años negado a los habitantes de Carrillo Puerto.

Así, rechazó que quede en manos de ejidatarios o de algún otro grupo, pues pertenece a todos los mexicanos y a los carrilloportenses: “Es un camino artesanal, por eso hay una zona de transferencia, para que se entre solo con coche eléctrico o bicicleta”, indicó.

Aunque la construyó la Sedena, el acceso será abierto, sin cobro, aunque Sian Ka’an es un área natural protegida, por lo que visitantes deberán seguir el reglamento de la Conanp, que tiene su custodia.

Por último, exhortó a los quintanarroenses a “no hacerse el harakiri”, sino hablar bien de los destinos turísticos, de los que vive mucha gente.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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