¡Toca turno a “roca en el zapato” de Mara!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Si bien la comparecencia de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción ante el Congreso del Estado este lunes amerita mención especial, las circunstancias obligan a referirnos hoy a la del cuestionado titular de la Fiscalía General de Quintana Roo, el chiapaneco Raciel López Salazar, prevista para el próximo lunes, a las 13 horas, ya que, quiérase o no, sigue siendo roca en el zapato de la gobernadora viajera, la Verde Mara Lezama.

Aunque muy probablemente los diputados de la XVIII Legislatura han sido instruidos -léase ordenados- sobre cómo tratar al funcionario consentido de la mandataria excursionista, existe la esperanza de que la oposición, contra su “actuación” frente al ahora ex titular de la Secretaría Estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado, ahora sí se comporten como representantes populares y no como simples “maiceados”.

Y es que son tantas, tantas interrogantes sobre Raciel López, que en no pocas ocasiones se vislumbró posible que buscaba ¡la postulación para gobernar su natal Chiapas!, para ya no cometer tantos yerros, sospechas e irregularidades junto con sus colaboradores paisanos chiapanecos hasta 2036, cuando concluya su período “gracias” a Mara Lezama, por lo que también tendrá que soportarlo el próximo gobernador todo su sexenio.

La recién, sonada detención del chiapaneco Ulises Fernando Euán Loeza, fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas en la Zona Norte y la complicidad de la también chiapaneca fiscal de Distrito, Nancy Benítez Rebollo, sólo forma parte de la red de complicidades en la Fiscalía General, donde la palabra mágica que todos conocen es: Corrupción.

Tan sólo unos días antes, José Luis Flores Rueda de León, comandante regional de la Policía de Investigación en Playa del Carmen, para variar también chiapaneco, enfrentó una serie de graves señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Caborca.

La controversia se intensificó en junio, tras la filtración de un audio que difundieron portales informativos, como Sin Fronteras Agencias, donde en una grabación se escucha presunta conversación del mando policial con supuesto operador criminal apodado “El Búfalo”, que incluyen negociaciones relativas a protección o gestión de puntos de venta de droga -“narcotienditas”-, detenciones y colocación de narco-mantas.

Pero estos sólo son los últimos casos, ya que, enumerar en los que la Fiscalía General está embarrada sería tanto como hablar a diario de Raciel López o de su “hada madrina” Mara Lezama, por extorsiones, secuestros abusos de autoridad, prepotencia, complicidad con cárteles y demás “linduras”, encabezadas por chiapanecos, por lo que necesariamente tenemos que creer en la consabida frase de ¡Quintana Roo, para los quintanarroenses!

Por si fuera poco, ¿sabe Usted hasta qué grado han llegado los “paisas” chiapanecos de Raciel López? ¡extorsionar a los más desprotegidos! Nos referimos, por citar un ejemplo, al golpeado municipio de Felipe Carillo Puerto, que se suma a abusos de la corrupta alcaldesa, más empresaria que funcionaria, Maricarmen Candelaria Hernández Solís, conocida como Mary Hernández.

Sí leyó Usted bien. Hasta ahí llega la Fiscalía General con sus Policías Ministeriales que, inclusive uniformados y con vehículos oficiales, cobran “cuotas” obligatorias, aunque parezca increíble, a humildes carniceros, polleros y vendedores de verduras, a los que exigen mensualmente 2,500 y 1,500 pesos… con el consabido “o ya sabes qué te espera”.

Ante tanto consentimiento de Mara Lezama a Raciel López, no una, sino varias veces se ha especulado sobre por qué tanta fuerza o quién lo recomendó tanto tiempo al pobre Quintana Roo. Al principio se insistió en que habría sido “ahijado” político del cuestionado senador tabasqueño Adán Augusto López.

Sin embargo, analistas políticos y reportes periodísticos nacionales señalan que su ascenso y permanencia en puestos de procuración de justicia se debe a fuertes vínculos con figuras de alto nivel de distintos partidos, que han respaldado su carrera a lo largo de los años.

Así, ahora se habla del Verde Manuel Velasco Coello, considerado uno de sus principales impulsores políticos. Raciel López fue Procurador General y luego primer Fiscal General de Chiapas durante el gobierno de Velasco (2012-2018) Además, fue diputado federal con el Verde “Ecologista”, aliado indispensable de Morena en la coalición oficialista que gobierna Quintana Roo.

Otro que podría haber sido su “padrino” es Alejandro Gertz Manero en el plano federal, donde su perfil operativo cuenta con aval de la Fiscalía General de la República: En 2019 lo nombró delegado de la FGR en Estado de México y luego envió con el mismo cargo a Quintana Roo, posición estratégica que sirvió como su plataforma directa para saltar a la Fiscalía Estatal tras la renuncia de su antecesor, Óscar Montes de Oca.

Finalmente, pudo ser “ahijado” de Juan Sabines Guerrero, pues su historial como fiscal de alto rango comenzó bajo el cobijo de este ex gobernador de Chiapas (2006-2012), cuando López Salazar consolidó su primer gran control de las estructuras policiales del sur del país.

Lo cierto es que, dadas estas credenciales y respaldos del Verde y la cúpula de seguridad federal, se dice que su llegada a Quintana Roo formó parte de acuerdo político de alto nivel institucional, diseñado para colocar un perfil de “mano dura” en el Estado -sin chiapanecos, seguramente- lo que explica su sólido blindaje político frente al “gobierno” de Mara Lezama.

En el caso concreto del Estado, Raciel López y “su” Fiscalía enfrentan fuertes señalamientos públicos y periodísticos por redes de corrupción, simulación y graves abusos de sus agentes, grupo conocido como “Los chiapanecos”.

Desde su nombramiento, colectivos locales y periodistas denunciaron la llegada masiva de funcionarios procedentes de Chiapas, por lo que se acusa al Fiscal General de desplazar a quintanarroenses con carrera civil para colocar a agentes y mandos de su absoluta confianza criminalizados en otras entidades.

De hecho, para atenuar las críticas por corrupción, el propio Raciel López reconoció públicamente en junio haber tenido que dar de baja a 589 servidores públicos y readscribir a más de mil 300 porque no cumplían con los perfiles institucionales, aunque nunca dijo de dónde eran originarios unos y otros.

Con todo, ciudadanos y defensores legales acusan a la Fiscalía General de operar como red de “fabricantes de delitos falsos” -los conocidos “chivos expiatorios”- para encarcelar a personas inocentes bajo presiones de cuotas de efectividad o para proteger a verdaderos operadores criminales.

Tan sólo en el caso del fiscal Euán Loeza por trata de personas, aunque su postura oficial es defender “no hay simulaciones” y actuar de manera pareja, el funcionario de la Fiscalía fue capturado tras operativos en Cancún, acusado de estar directamente implicado en ese delito, lo que evidenció que el crimen organizado se ha infiltró en escritorios de la institución.

En un caso de alta repercusión de septiembre, las acusaciones de colusión criminal alcanzaron niveles críticos en la zona sur, cuando cuatro policías activos interceptaron a tres jóvenes y, en lugar de ponerlos a disposición de un juez, los entregaron directamente a un grupo criminal de la región.

Aunque las víctimas fueron localizadas vivas días después con huellas de tortura, el caso desató indignación civil por haber expuesto la complicidad sistemática entre agentes encargados de la seguridad y células delictivas.

Ante la aparición constante de narcomantas en Cancún y Playa del Carmen dirigidas a los mandos policiacos que él nombró, Raciel López declaró públicamente que acusaciones de complicidad son “campañas de desprestigio” que orquestó el crimen organizado.

Así, sostiene que los señalamientos mediáticos contra agentes de la Policía de Investigación surgen porque su gestión “tocó intereses ilícitos” y se niega a pactar con las células de la delincuencia organizada.

Con todo esto, su permanencia en la Fiscalía, respaldada decididamente por Mara Lezama, obedece a una estrategia de control político, alineación institucional y narrativa de resultados. Analistas políticos y reportes informativos coinciden en factores que explican por qué lo mantiene en el cargo pese a las irregularidades.

Para la gobernadora y su “gobierno”, Raciel López no es elemento de complicidad criminal, sino operador altamente eficaz. Cada vez que surgen audios filtrados, narcomantas o señalamientos contra mandos, como Rueda de León, la postura de la mandataria se alinea con la del fiscal: Los califica como “campaña de desprestigio” organizada por cárteles en represalia por operativos.

El binomio Mara Lezama-Raciel López ha construido una narrativa basada en “golpes contundentes” a la impunidad -como detenciones de ex alcaldes o desmantelamiento de bandas de extorsionadores-, con la frase “trabajo mata grilla” para minimizar críticas de la opinión pública.

Aunque mediáticamente se dice que Mara Lezama “lo sostiene”, la realidad jurídica es que el fiscal cuenta con sólido blindaje constitucional, ya que no es secretario de despacho modificable a voluntad, sino elegido por unanimidad por el Congreso del Estado tras una terna que envío el Ejecutivo.

Además, las reformas estructurales recientes no sólo afianzaron su permanencia, sino extendieron su periodo, garantizando continuidad al grupo político y policial que comanda en la “persecución” de delitos en Quintana Roo.

Cuando los escándalos de corrupción entre los agentes de la Policía de Investigación o ministerios públicos son imposibles de negar, la Fiscalía General responde mediáticamente con una narrativa de autodepuración.

Por ejemplo, la destitución masiva de cientos de agentes que no cumplían con el perfil, o la captura del Ministerio Público en Cancún acusado de trata de personas, los presenta el Gobierno del Estado no como síntoma de infiltración criminal, sino como prueba de que “en la institución no hay vacas sagradas” y que la corrupción se combate desde adentro.

Raciel López cuenta con perfil transexenal y vínculos con estructuras federales de seguridad -fue delegado de la FGR en el Estado-, y para Mara Lezama removerlo significaría abrir boquete de inestabilidad política y pugnas internas en un Estado críticamente vigilado por la Federación por megaproyectos turísticos y de transporte.

Mantener un mando duro y coordinado en la Mesa de Seguridad estatal es prioritario para el orden de la administración, por encima del costo político que generen denuncias de corrupción de sus subalternos.

Sin embargo, el caso Rueda de León representa un verdadero desafío a las autoridades, ya que, de manera irónica, el funcionario, también ex comandante regional de la Policía Ministerial y parte de la Fiscalía Especializada en Secuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas, presume inamovilidad en el cargo asegurando que, pese a que le cuelguen mantas, no lograrán correrlo por sus influencias políticas.

Como antecedente, reportes periodísticos señalan que el jefe policial ya arrastraba acusaciones por presuntos actos delincuenciales durante su trayectoria en Chiapas. Hasta el momento de difundirse la grabación, su autenticidad no había sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General ni por ninguna otra autoridad judicial.

Lamentablemente, durante el paso de Raciel López por Quintana Roo, grupos de derechos humanos y reportes de prensa denuncian recurrentemente que la Policía de Investigación opera redes de extorsión y robo en cateos o detenciones.

Críticos de su gestión señalan que existe protección institucional hacia estos agentes, argumentando que las prácticas de abuso de autoridad presuntamente ocurren bajo su conocimiento o complicidad indirecta.

 De manera oficial, la Fiscalía General ha rechazado reiteradamente estos vínculos criminales. Como contraestrategia mediática, Raciel López suele destacar depuración interna y operativos, como la detención del agente del Ministerio Público Euán Loeza, acusado de trata de personas.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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