En
primera fila
Ludópatas, ¡de fiesta!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Enmarcado
por la difícil situación por la que atraviesa el país, el PRI presentó este miércoles,
sin embargo, una polémica iniciativa con proyecto de decreto para la expedición
de una Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que, como era de esperarse,
aprobada finalmente, se turnó para su análisis al Senado de la República.
El
antecedente de la propuesta surgió desde enero de 2013, cuando los diputados de
Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila propusieron
inicialmente ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la instalación
de una Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias
relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.
La
sugerencia prosperó cuatro meses después, encabezada por Mejía Berdeja, con el
apoyo de los diputados Willi Ochoa, Héctor Gutiérrez de la Garza y Jesús Valdés
(PRI); Aurora Aguilar y José Arturo Salinas (PAN); Fernando Zárate y Agustín
Barrios Gómez (PRD); Mónica García de la Fuente (Verde), Rubén Benjamín Félix
Hays (Panal) y Magdalena del Socorro Núñez Monreal (MC)
En
ese entonces operaban 385 casinos legales y 70 ilegales, aunque, como resultado
de la presión e investigación que coordinó Félix Hays, hoy sólo existen 286 casinos,
prácticamente 150 menos. Lo que motivó los trabajos fue la disputa entre los
grupos “Entretenimiento de México”, del zar de los casinos, Juan José “Pepe” Rojas
Cardona, con las empresas Exciting Games y Producciones Móviles.
Hasta
ahora se habían revocado definitivamente los permisos a “Entretenimiento de
México” y Exciting Games, y seguramente se haría lo propio con Producciones
Móviles, ya que está en proceso.
Este
resultado fue producto de la presión de esta Comisión en 14 reuniones en tres
foros de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, donde se escuchó a todas
las organizaciones, aunque, más allá de revocar permisos o hacer diagnósticos, se
consideró necesario atacar de raíz el problema de los casinos y reconocer que el
juego, en una sociedad liberal, se quiera o no, siempre existirá.
Si
se prohíbe habrá clandestinaje, “brincos” y casas de apuestas ilegales, sin
ninguna regulación del Estado capaz de someter la actividad, ya que el juego está
muy ligado a nuestra historia con la lotería, los bingos y diferentes tareas, y
de ahí que haya necesidad de regularlo desde el Estado para evitar discrecionalidad,
opacidad, corrupción, tráfico de influencias y “lavado” de dinero, que se
combatirían en la nueva ley.
La
actual ley data de 1947, con una antigüedad de 67 años, sin embargo, con sólo
17 artículos que dejan todo un mar de discrecionalidad para que, a través de
normas, reglamentos y disposiciones, se regule el juego en el país, mientras
que lo que se pretende con la nueva ley es precisamente establecer obvias medidas
de seguridad.
Entre
otros, refiere que sólo podrían acceder a los casinos personas desde los 21
años de edad, además de que contempla un programa de autoexclusión para que
aquellos que jueguen por adicción o sus familias accedan en un periodo de
sobriedad a un programa de autoexclusión y ser boletinados en todos los casinos
para negarles el ingreso.
Según
la Dirección de Juegos y Sorteos, actualmente existen 350 mil máquinas “tragamonedas”
en misceláneas, farmacias y tienditas de todo el país como mercados ambulantes,
aunque según las asociaciones de permisionarios, sólo son 250 mil, pero con la nueva
ley se prohibirían de tajo todas esas máquinas.
Además
cualquier máquina tendría que operar en un establecimiento, pero quien quiera
ingresar requerirá contar con 21 años de edad, con lo que,al menos en teoría,
se evitaría que nuestros niños y nuestros jóvenes sufran de adicciones
patológicas al juego desde temprana edad.
Asimismo,
se introducirían medidas también contra el lavado de dinero, amén de que cada
permiso sólo amparará a un establecimiento, ya que actualmente existen permisos
que amparan hasta a 96 locales sin establecer para qué municipios, y de ahí la
corrupción en estas demarcaciones y papelería apócrifa que se clonó para abrir
algunos casinos.
Estos
fueron el caso de la delegación Miguel Hidalgo, en Polanco, donde finalmente se
prohibió un casino que operaba o iba a operar con papelería ilegal en la Ciudad
de México, aunque en municipios lejanos como Othón P. Blanco, en Quintana Roo,
operaba sospechosamente uno en el Boulevard Bahía, al parecer tolerado por el
Ayuntamiento que encabeza Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Por
estos motivos no poco legisladores votaron a favor de ese trabajo plural que
incluyó a los de oposición -excepto el Partido del Trabajo-, pese a que falta
mucho por avanzar en varios renglones y subsanar deficiencias para regular esta
industria, cuyas “contras” daremos a conocer en nueva colaboración.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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