En
primera fila
Caso Ayotzinapa, sin “manoseos”
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Suscrito
por el Comité de Padres de familia de los 42 estudiantes desaparecidos y 4
asesinados de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, así como estudiantes de la
institución, y autorizando a Vidulfo Rosales Sierra, Isidoro Vicario Aguilar,
Neil Arias Vitinio, Maribel González Pedro, Abel Barrera Hernández, Mario
Ernesto Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinoza para escuchar notificaciones,
el siguiente es el relato formal de los hechos.
Sin
“manoseos” y fundamentado en los artículos 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 22, 35
fracción V y 39 constitucionales, los demandantes acudieron el 9 de diciembre al
Senado a relatar la realidad del caso, solicitar formalmente la desaparición de
Poderes en Guerrero y exhortar al Instituto Nacional Electoral a declarar la
suspensión de elecciones en Guerrero por las razones que a continuación se
describen.
Según
explicaron, el 26 de septiembre a las 21 horas, 80 estudiantes de la Normal se
dirigían a Chilpancingo desde la ciudad de Iguala a bordo de tres autobuses de
la empresa Costa Line que tomaron pacíficamente momentos antes, tras recolectar
recursos para sufragar los gastos del plantel.
Al
salir de la central de autobuses, varias patrullas intentaron cerrarles el paso,
disparando intermitentemente sin advertencia alguna, por lo que se bajaron e
intentaron defenderse, lo que conllevó a un breve enfrentamiento. Los
normalistas regresaron a los autobuses y continuaron la marcha, pero al llegar
al periférico norte, la patrulla municipal 320 se le atravesó al autobús, al
tiempo que llegaron más de 30 policías que se aposaron en posición de tiro.
Los
normalistas quedaron totalmente cercados, pues las patrullas 017, 018, 022, 027
y 028 se apostaron en la parte posterior de la caravana de autobuses. Así, descendieron
y se dirigieron a la patrulla estacionada frente a los autobuses, en un intento
por salir del lugar.
Empero,
sin mediar palabra, los policías comenzaron a disparar ráfagas de manera
indiscriminada, hiriendo a Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año,
originario de El Refugio, Ayutla, Guerrero. Los que estaban en el autobús de
atrás fueron violentamente bajados por los policías y acostados en el piso, a
un costado de una Bodega Aurrerá. El resto se dispersó, al tiempo que los
policías seguían disparando. La balacera duró unos 40 minutos.
Finalmente,
un policía que se identificó como “Comandante” se dirigió a los estudiantes: “Dialoguemos
chavos”; lo que éstos aceptaron, pero que les permitieran levantar a Aldo
Gutiérrez, pero los policías se negaron porque ya se iban y nada había pasado. Hoy,
Aldo está internado, en estado vegetativo.
Los
policías se retiraron con alrededor de 20 detenidos en las patrullas 017, 018,
020, 022 y 028, y algunos estudiantes se reorganizaron, esperando al Ministerio
Público para dar fe y recoger indicios.
A
las 23:30 horas, diversas organizaciones sociales, profesores de la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y alumnos del Centro Regional
de Educación Normal de Iguala, así como periodistas locales comenzaron a
arribar al lugar, donde los estudiantes esperaban para evitar alguna alteración
de la escena, como sucedió el 12 de diciembre del 2011.
Media
hora después, informaban de los hechos a la prensa, cuando arribó una camioneta
de la que descendieron civiles con armas largas que empezaron a disparar
indiscriminadamente, con saldo de dos estudiantes muertos -Daniel Solís
Gallardo y un alumno de licenciatura bilingüe aún no identificado- y cinco
heridos graves, Edgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez, Jhonatan
Maldonado, y “Kevin”, así como los profesores Fátima Viridiana Bahena Peña y
Alfredo Ramírez García.
Esta
segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos, por lo que estudiantes
profesores, periodistas y otras personas corrieron a diversos rumbos, varios de
ellos a casas particulares.
Andrés
Vargas ingresó a una clínica cercana, aunque en menos de 10 minutos llegaron
elementos del Ejército, que encañonaron y desalojaron con violencia, aunque al explicarles
lo sucedido se disculparon y llevaron al hospital al herido.
Al
día siguiente a las 7, se reagruparon en la Fiscalía Norte de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, donde declararon
sobre los hechos y acudieron a la Policía Preventiva para constatar la
integridad de los detenidos en carretera, pero el director de la corporación
les dijo que no tenían a ningún detenido, les permitió verificar y,
efectivamente, no había ningún estudiante.
Durante
la segunda agresión muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes,
por lo que, aclararon, a la fecha están desaparecidos 57 estudiantes, entre
ellos los detenidos.
A
las 16 horas, cuando denunciaban, el Ministerio Público les dijo que a tres
cuadras de los hechos encontraron el cadáver de un estudiante con visibles
huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro. Tras identificarlo,
constataron que se trataba de Julio César Fuentes Mondragón.
El
28 de septiembre se interpuso una denuncia por la desaparición de los 57
estudiantes, radicada bajo la averiguación previa AEBPNL/49/2014 en la Fiscalía
Especial sobre personas desaparecidas de la PGJE en Chilpancingo.
Por
su parte, el Gobierno de Guerrero informó sobre sus acciones ante éstos y otros
hechos en el mismo contexto. Según el procurador de Justicia, Iñaki Blanco, la
noche el 26 y madrugada del 27 de septiembre ocurrieron diversos hechos en
Iguala, donde murieron seis personas y 20 resultaron heridas, por lo que el
Ministerio Público inició las investigaciones con peritos y agentes, en
coordinación con las policías estatal y federal, y el Ejército.
Así,
se informó que cerca de las 24 horas hubo otra agresión armada en la carretera
Iguala-Chilpancingo, cerca del crucero Santa Teresa, Iguala, donde resultaron
afectados dos taxis y un autobús en el que viajaba el equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo,
murieron un niño y una mujer y otra persona resultó herida, aunque momentos
después perdió la vida.
Ahí,
se aseguraron casquillos calibre .223, en tanto hubo un incidente en la
carretera Chilpancingo-Iguala, a la altura del kilómetro 176, con dos vehículos
con impacto de bala y otras dos personas heridas.
En
este sentido, el Comité concluyó que las investigaciones siguen presentando
debilidades, pues la PGR no ha logrado establecer con pruebas sólidas el
paradero de todos los estudiantes, y su hipótesis carece de pruebas
contundentes, que indiquen dónde están los 42 estudiantes desaparecidos.
Tres
testigos sólo refieren a un número menor que habría sido asesinado en el
basurero de Cocula, por lo que se ignora y no existe prueba contundente del
paradero de sus hijos y compañeros, por lo que se pronunciaron porque las
investigaciones se sigan fortaleciendo y que la búsqueda se mantenga intensa. De
ningún modo alguno aceptan el cierre o “carpetazo” del caso.
A
84 días de la tragedia, las investigaciones y mesas de diálogo del gobierno con
familiares y compañeros de los normalistas son insuficientes e infructuosas. El
tamaño de la crisis de seguridad y social en los últimos meses y la solidaridad
de la sociedad en calles, plazas y universidades contrasta con la lenta
respuesta y escasos resultados de las investigaciones para la localización de
los desaparecidos y castigo a los culpables.
La
insensibilidad del Gobierno Federal es evidente, cuando la sociedad conoce las
declaraciones de funcionarios que expresan barbaridades, tales como lo que se
pide es sangre y espectáculo, en una amenaza a la continuidad y eficacia de las
investigaciones, que debe motivar una actuación contundente y activa del Poder
Legislativo, que lleva casi tres meses apartado del problema, como si no fuera
parte del Estado, o como si en las Cámaras no estuvieran todos los partidos.
Es
inadmisible que el Congreso de la Unión quede como simple espectador de la
crisis con pronunciamientos débiles, tratando de tramitar propuestas sin rumbo
y sin voluntad de ejercer un control real sobre las decisiones del Ejecutivo,
que no han dejado satisfecho al movimiento ni a los sectores que se han
solidarizado con Ayotzinapa.
La
LXII Legislatura ha hecho cambios legales y constitucionales que, lejos de
atacar la profunda desigualdad social e inseguridad, ha mantenido al statu quo
en todos los ámbitos de la vida nacional, pero su responsabilidad con la lucha
de Ayotzinapa debe ser total y sin barreras políticas creadas por los intereses
legítimos que la han orillado a desatender el problema.
De
ahí que el Comité rechace contundentemente que el papel del Congreso se limite
a atender y tramitar las iniciativas presidenciales emanadas del decálogo de
Enrique Peña Nieto, construido lejos de la sociedad, ignorando propuestas y
acciones de los mismos guerrerenses en seguridad pública, desarrollo social y
educación, como es el caso de la instalación de consejos ciudadanos y agrarios
en diversos municipios.
Por
otro lado, dada la falta de respuestas e indignación sobre la desaparición de
los 42 compañeros y el asesinato de cuatro estudiantes, los poderes de Guerrero
no han podido funcionar con normalidad, pues 50 de los 81 municipios ha sido
tomados por diversas organizaciones que exigen la representación con vida de sus
hijos.
Los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no funcionan con normalidad, aunado a
que fueron omisos en prevenir y evitar que se perpetraran los hechos, por lo
que plantearon cinco demandas:
La
presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos y justicia por los 4
estudiantes asesinados, así como atención médica a los lesionados; un proceso para
declarar formalmente la desaparición de poderes en Guerrero.
Un
punto de acuerdo mediante el cual declaren la suspensión de las elecciones por falta
de condiciones; ratificar de inmediato la competencia del Comité de
Desaparición Forzada de la ONU para que conozca peticiones individuales
conforme a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas
Contra Desapariciones Forzadas.
Finalmente,
un acuerdo para exhortar a la PGR a abrir líneas adicionales de investigación
más allá de la hipótesis del basurero de Cocula, que atienda los elementos de
prueba que implican al Ejército, la policía federal y el ex gobernador Ángel
Aguirre Rivero.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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