Ir al contenido principal
En primera fila
                Caso Ayotzinapa, sin “manoseos”
                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Suscrito por el Comité de Padres de familia de los 42 estudiantes desaparecidos y 4 asesinados de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, así como estudiantes de la institución, y autorizando a Vidulfo Rosales Sierra, Isidoro Vicario Aguilar, Neil Arias Vitinio, Maribel González Pedro, Abel Barrera Hernández, Mario Ernesto Patrón Sánchez y Santiago Aguirre Espinoza para escuchar notificaciones, el siguiente es el relato formal de los hechos.
Sin “manoseos” y fundamentado en los artículos 1, 2, 3, 6, 9, 14, 16, 22, 35 fracción V y 39 constitucionales, los demandantes acudieron el 9 de diciembre al Senado a relatar la realidad del caso, solicitar formalmente la desaparición de Poderes en Guerrero y exhortar al Instituto Nacional Electoral a declarar la suspensión de elecciones en Guerrero por las razones que a continuación se describen.
Según explicaron, el 26 de septiembre a las 21 horas, 80 estudiantes de la Normal se dirigían a Chilpancingo desde la ciudad de Iguala a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line que tomaron pacíficamente momentos antes, tras recolectar recursos para sufragar los gastos del plantel.
Al salir de la central de autobuses, varias patrullas intentaron cerrarles el paso, disparando intermitentemente sin advertencia alguna, por lo que se bajaron e intentaron defenderse, lo que conllevó a un breve enfrentamiento. Los normalistas regresaron a los autobuses y continuaron la marcha, pero al llegar al periférico norte, la patrulla municipal 320 se le atravesó al autobús, al tiempo que llegaron más de 30 policías que se aposaron en posición de tiro.
Los normalistas quedaron totalmente cercados, pues las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 se apostaron en la parte posterior de la caravana de autobuses. Así, descendieron y se dirigieron a la patrulla estacionada frente a los autobuses, en un intento por salir del lugar.
Empero, sin mediar palabra, los policías comenzaron a disparar ráfagas de manera indiscriminada, hiriendo a Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, Ayutla, Guerrero. Los que estaban en el autobús de atrás fueron violentamente bajados por los policías y acostados en el piso, a un costado de una Bodega Aurrerá. El resto se dispersó, al tiempo que los policías seguían disparando. La balacera duró unos 40 minutos.
Finalmente, un policía que se identificó como “Comandante” se dirigió a los estudiantes: “Dialoguemos chavos”; lo que éstos aceptaron, pero que les permitieran levantar a Aldo Gutiérrez, pero los policías se negaron porque ya se iban y nada había pasado. Hoy, Aldo está internado, en estado vegetativo.
Los policías se retiraron con alrededor de 20 detenidos en las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028, y algunos estudiantes se reorganizaron, esperando al Ministerio Público para dar fe y recoger indicios.
A las 23:30 horas, diversas organizaciones sociales, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Iguala, así como periodistas locales comenzaron a arribar al lugar, donde los estudiantes esperaban para evitar alguna alteración de la escena, como sucedió el 12 de diciembre del 2011.
Media hora después, informaban de los hechos a la prensa, cuando arribó una camioneta de la que descendieron civiles con armas largas que empezaron a disparar indiscriminadamente, con saldo de dos estudiantes muertos -Daniel Solís Gallardo y un alumno de licenciatura bilingüe aún no identificado- y cinco heridos graves, Edgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez, Jhonatan Maldonado, y “Kevin”, así como los profesores Fátima Viridiana Bahena Peña y Alfredo Ramírez García.
Esta segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos, por lo que estudiantes profesores, periodistas y otras personas corrieron a diversos rumbos, varios de ellos a casas particulares.
Andrés Vargas ingresó a una clínica cercana, aunque en menos de 10 minutos llegaron elementos del Ejército, que encañonaron y desalojaron con violencia, aunque al explicarles lo sucedido se disculparon y llevaron al hospital al herido.
Al día siguiente a las 7, se reagruparon en la Fiscalía Norte de la Procuraduría  de Justicia de Guerrero, donde declararon sobre los hechos y acudieron a la Policía Preventiva para constatar la integridad de los detenidos en carretera, pero el director de la corporación les dijo que no tenían a ningún detenido, les permitió verificar y, efectivamente, no había ningún estudiante.
Durante la segunda agresión muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes, por lo que, aclararon, a la fecha están desaparecidos 57 estudiantes, entre ellos los detenidos.
A las 16 horas, cuando denunciaban, el Ministerio Público les dijo que a tres cuadras de los hechos encontraron el cadáver de un estudiante con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro. Tras identificarlo, constataron que se trataba de Julio César Fuentes Mondragón.
El 28 de septiembre se interpuso una denuncia por la desaparición de los 57 estudiantes, radicada bajo la averiguación previa AEBPNL/49/2014 en la Fiscalía Especial sobre personas desaparecidas de la PGJE en Chilpancingo.
Por su parte, el Gobierno de Guerrero informó sobre sus acciones ante éstos y otros hechos en el mismo contexto. Según el procurador de Justicia, Iñaki Blanco, la noche el 26 y madrugada del 27 de septiembre ocurrieron diversos hechos en Iguala, donde murieron seis personas y 20 resultaron heridas, por lo que el Ministerio Público inició las investigaciones con peritos y agentes, en coordinación con las policías estatal y federal, y el Ejército.
Así, se informó que cerca de las 24 horas hubo otra agresión armada en la carretera Iguala-Chilpancingo, cerca del crucero Santa Teresa, Iguala, donde resultaron afectados dos taxis y un autobús en el que viajaba  el equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, murieron un niño y una mujer y otra persona resultó herida, aunque momentos después perdió la vida.
Ahí, se aseguraron casquillos calibre .223, en tanto hubo un incidente en la carretera Chilpancingo-Iguala, a la altura del kilómetro 176, con dos vehículos con impacto de bala y otras dos personas heridas.
En este sentido, el Comité concluyó que las investigaciones siguen presentando debilidades, pues la PGR no ha logrado establecer con pruebas sólidas el paradero de todos los estudiantes, y su hipótesis carece de pruebas contundentes, que indiquen dónde están los 42 estudiantes desaparecidos.
Tres testigos sólo refieren a un número menor que habría sido asesinado en el basurero de Cocula, por lo que se ignora y no existe prueba contundente del paradero de sus hijos y compañeros, por lo que se pronunciaron porque las investigaciones se sigan fortaleciendo y que la búsqueda se mantenga intensa. De ningún modo alguno aceptan el cierre o “carpetazo” del caso.
A 84 días de la tragedia, las investigaciones y mesas de diálogo del gobierno con familiares y compañeros de los normalistas son insuficientes e infructuosas. El tamaño de la crisis de seguridad y social en los últimos meses y la solidaridad de la sociedad en calles, plazas y universidades contrasta con la lenta respuesta y escasos resultados de las investigaciones para la localización de los desaparecidos y castigo a los culpables.
La insensibilidad del Gobierno Federal es evidente, cuando la sociedad conoce las declaraciones de funcionarios que expresan barbaridades, tales como lo que se pide es sangre y espectáculo, en una amenaza a la continuidad y eficacia de las investigaciones, que debe motivar una actuación contundente y activa del Poder Legislativo, que lleva casi tres meses apartado del problema, como si no fuera parte del Estado, o como si en las Cámaras no estuvieran todos los partidos.
Es inadmisible que el Congreso de la Unión quede como simple espectador de la crisis con pronunciamientos débiles, tratando de tramitar propuestas sin rumbo y sin voluntad de ejercer un control real sobre las decisiones del Ejecutivo, que no han dejado satisfecho al movimiento ni a los sectores que se han solidarizado con Ayotzinapa.
La LXII Legislatura ha hecho cambios legales y constitucionales que, lejos de atacar la profunda desigualdad social e inseguridad, ha mantenido al statu quo en todos los ámbitos de la vida nacional, pero su responsabilidad con la lucha de Ayotzinapa debe ser total y sin barreras políticas creadas por los intereses legítimos que la han orillado a desatender el problema.
De ahí que el Comité rechace contundentemente que el papel del Congreso se limite a atender y tramitar las iniciativas presidenciales emanadas del decálogo de Enrique Peña Nieto, construido lejos de la sociedad, ignorando propuestas y acciones de los mismos guerrerenses en seguridad pública, desarrollo social y educación, como es el caso de la instalación de consejos ciudadanos y agrarios en diversos municipios.
Por otro lado, dada la falta de respuestas e indignación sobre la desaparición de los 42 compañeros y el asesinato de cuatro estudiantes, los poderes de Guerrero no han podido funcionar con normalidad, pues 50 de los 81 municipios ha sido tomados por diversas organizaciones que exigen la representación con vida de sus hijos.
Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no funcionan con normalidad, aunado a que fueron omisos en prevenir y evitar que se perpetraran los hechos, por lo que plantearon cinco demandas:
La presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos y justicia por los 4 estudiantes asesinados, así como atención médica a los lesionados; un proceso para declarar formalmente la desaparición de poderes en Guerrero.
Un punto de acuerdo mediante el cual declaren la suspensión de las elecciones por falta de condiciones; ratificar de inmediato la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para que conozca peticiones individuales conforme a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra Desapariciones Forzadas.
Finalmente, un acuerdo para exhortar a la PGR a abrir líneas adicionales de investigación más allá de la hipótesis del basurero de Cocula, que atienda los elementos de prueba que implican al Ejército, la policía federal y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                      http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                
@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

Comentarios

Entradas populares de este blog

¡Nuevo, sonado escándalo en la Fiscalía!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*          Mientras la gobernadora de Quintana Roo, la verde-morenista Mara Lezama, está más preocupada por la supuesta posibilidad de ser nombrada una de las últimas colaboradoras de la virtual nueva presidente de México como próxima Secretaria de Turismo, sus propios colaboradores siguen haciendo de las suyas, principalmente en la Fiscalía General del Estado.          No sabemos qué tanto esté involucrado el titular de la dependencia, Raciel López Salazar, no así el Fiscal del Distrito Zona Norte, Sergio Iván Cruz Ledezma, a quien el sábado acusaron desde el portal Noti-Ulin , de tener un  “Edén” y habla de una “red de corrupción y poliamor en la Fiscalía”, según sugestivo título que aparece en redes sociales.          Ignoramos si la propia Mara Lezama lo nombró o si sería “chanchullo” de Raciel López, como lo han sido sus demás
¡Lluvia... de millones de pesos en la SCJN!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Mientras nosotros preocupados por el huracán “Beryl”, una lluvia de millones de pesos gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ahí su “indignación” en que se reforme el Poder Judicial, según se puso de manifiesto el martes, con ocasión del tercer foro para la reforma que, bajo el título “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores”, se realizó en Toluca, Estado de México. Ante el presidente del Tribunal en el Estado de México -también del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esa entidad-, a quien el senador Ricardo Monreal Ávila dijo :  “¡viva también la austeridad para usted!”, el tema de este foro tuvo que ver con la austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores del Poder, posición jurídica y política. Según se explicó, los derechos laborales de los trabajad
Infierno de mujeres… ¡paraíso de juzgadores!                                                                                  Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Las renombradas reformas al Poder Judicial, donde jueces, magistrados y ministros son los principales cuestionados, en estos tiempos de mujeres, que hace 69 años votaron por primera vez, el reclamo popular es que la justicia está muy lejos de la gente, y existe un reproche constante y permanente, donde, tan sólo en el ámbito penal, ¡el 40% de los reclusos de los centros penitenciarios! carecen de sentencia. Acorde con el tema, lo más grave es que, en la mayoría de los casos, las afectadas son mujeres, la mitad de las cuales, por si fuera poco, tampoco tiene sentencia, y tres de cada 10 de ellas han esperado más de dos años una resolución, sin olvidar casos en los que llevan más de 15 años. Lo cierto es que tan sólo el 4% de las investigaciones de las Fiscalías federales o estatales avanza en los tribunales que, para todo, les