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En primera fila
                “Píldoras” para penales
                                   Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Ante la cada vez más incontenible ola de extorsiones telefónicas por todo el país y que no pocos atribuyen a internos con acceso a la tecnología,  la Cámara de Diputados, a iniciativa del PAN, aprobó un decreto que reforma la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahora en manos del Senado.
Avalado por todos los partidos, inclusive el combativo Movimiento Ciudadano, la iniciativa prevé un mayor control de ese sistema en las penitenciarías, a efecto de que los responsables del manejo de equipos -son autoridades distintas del sistema penitenciario-, informen semestralmente a la Conferencia Nacional Penitenciaria.
Asimismo, propone que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones tengan también la obligación de informar semestralmente sobre los resultados de su trabajo, para que las autoridades de los penales puedan actuar y corregir errores para evitar que se siga cometiendo este delito que tanto lacera a las familias mexicanas.
Según la Policía Federal, la extorsiones por teléfono se han duplicado en los últimos tres años, al  pasar de 43 mil 356 en 2010 a 89 mil casos en 2013, lapso en el que se han atendido 310 mil 691 denuncias en todo el país, aunque pero en Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Distrito Federal es donde se presenta el mayor número de estos delitos.
Para dar una idea de la gravedad del problema, según al Gobierno federal, en 15 mil 226 casos de llamadas los afectados sucumbieron a los exigencias de los delincuentes con la entrega de dinero, mientras que en 295 mil 465 casos las víctimas no cayeron en el engaño.
Cabe señalar que en este delito se incluyen diversas modalidades de operación, que van desde la simulación del secuestro de un familiar hasta la obtención de algún premio o una llamada donde se escucha a alguien gritando de fondo para simular una situación de peligro de algún supuesto familiar.
Entre 2006 y 2012, este tipo de delitos se incrementó un 160%, pues en el año 2006, en el que el panista Felipe Calderón tomó posesión como presidente, se registraron 3 mil 123 extorsiones. En el 2013 se consumaron 8 mil 24, lo que se traduce en un promedio de 260 casos mensuales en 2006, contra los ¡668 mensuales al inicio de la gestión del priísta Peña Nieto!
Tan sólo en septiembre de este año se denunciaron 425 delitos de esta naturaleza, y en octubre 476, con 449 y 490 víctimas, respectivamente, aunque en lo que va del año la estadísticas demuestran 5 mil 416 extorsionados, en un delito que se ha vinculado directamente a otros como secuestro y robo.
Las llamadas para este tipo de delitos se realizan desde las cárceles que administran los Estados, donde para contrarrestarlo se han implementado tecnologías que auxilian a restringir las señales de celular, pero el problema es que, en la mayoría de los casos, las propias las autoridades están coludidas con los reos o simplemente los equipos no funcionan.
En este sentido, resulta ser imperioso contar con algún tipo de sistema que permita bloquear las llamadas en las cárceles para un mayor control que evite a los reos conseguir teléfonos celulares, los cuales proveen algunas autoridades, así como familiares que los ingresan sin mayor problema, claro, siempre y cuando paguen su cuota a las autoridades carcelarias.
Lamentablemente, los penales se han convertido en escuelas de convictos, que adquieren mayor experiencia y habilidad para la comisión de ilícitos tras su liberación, y de ahí la necesidad, no sólo de tecnología, sino también de personal adecuado para evitar estos delitos, ya que, en la mayoría de los casos, las propias autoridades lo saben y permiten abiertamente.
Así, sólo es posible abatir las extorsiones a través del bloqueo de las señales de celulares, contar con personal calificado y verificar sus actividades a través de un informe semestral que permita sustentar el combate al delito.
Lamentablemente, si bien es necesario vigilar y regular lo que ocurre en el sistema penal, particularmente los telefonemas, que los han convertido en “call center” de extorsionadores, también es urgente una política eficaz de readaptación social, porque no sólo se trata de evitar por medio de la ley este tipo de ilícitos, intimidaciones, extorsiones y amenazas desde el anonimato y o complicidad de las autoridades.
No. Las penitenciarías estatales o federales no son genuinos centros de readaptación social que procuren la capacitación y reinserción social de los internos, ya que el hacinamiento, saturación, coexistencia de procesados y sentenciados y entre personas con delitos graves y culposos, han generado todo un deterioro del sistema penitenciario nacional.
De poco o nada serviría que entregar el mencionado informe si desde el propio gobierno federal no se impulsa una verdadera política de readaptación social que incluya la reinserción de los detenidos, el combate de la justicia a conveniencia ni que inocentes que pueblan estos reclusorios estén purgando condenas o estén sujetos a proceso.
El problema de la seguridad pública tiene diferentes ángulos y enfoques, y preocupa que, según publicaciones serias y consistentes, como el semanario “Zeta”, haya documentado que entre diciembre del 2012 y octubre de 2014 se hayan dado más de 41 mil homicidios dolosos en el país, entre ejecuciones, enfrentamientos, homicidios dolosos producto del narcomenudeo y asesinatos intencionales con armas de alto calibre o con tiros de gracia.
Según estas estadísticas, el primero en homicidios dolosos, es el Estado de México, que gobernó Peña nieto -y hoy gobierna el también priísta Erubiel Avila-, con cinco mil 450; seguido de Guerrero, con tres mil 680; Chihuahua, con tres mil 357, y Jalisco y Michoacán, con dos mil 650 y dos mil 649, respectivamente.
La conclusión es que falta una política integral de combate a la delincuencia, tanto la organizada como la común, aunque este tipo de reformas contra la extorsión, conllevan una buena intención, pero siguen cortas frente a una problemática de mayor profundidad en los centros de readaptación social y la política de seguridad pública del país.
En 2010 se reformó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en abril de 2011, la ley de normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, que incluyó bloquear las señales de celulares para contener la extorsión, mientras en 2012, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emitió líneas de colaboración entre autoridades penitenciarias y concesionarios de telecomunicaciones y bases técnicas para la operación de sistemas de inhibición ¡Nada ha sido suficiente!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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