En
primera fila
Fiscalía, ¿nuevo fiasco?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Un
antiguo conocido de los chetumaleños, una yucateca y dos ex procuradores
sobresalen entre 33 los aspirantes a la nueva fiscalía, en vía de creación,
comparecieron el lunes ante las comisiones de Anticorrupción y Participación
Ciudadana y Justicia del Senado de la República a presentar sus propuestas y
responder dudas, aunque, ante sus fuertes planteamientos, no se transcribieron
éstos.
Por
lo menos, Comunicación Social del Senado resumió importantes coincidencias de
los que aspiran a dirigir la primera Fiscalía Especializada en Materia de
Combate a la Corrupción: Reconocieron el hartazgo social y la desconfianza ciudadana
hacia las diversas instituciones del país, generadas por la corrupción e
impunidad.
En este sentido, entre
sus propuestas incluyeron sumar a la sociedad en el combate a la corrupción
para recuperar credibilidad, pues el nuevo organismo se enfrentará a personajes
y corporaciones poderosas; ampliar facultades
de la Fiscalía para investigar casos de enriquecimiento ilícito e indagar
irregularidades en la adjudicación de contratos.
Asimismo,
se refirieron a la urgencia de contar con una fiscalía autónoma que haga valer
la ley en materia de rendición de cuentas, transparencia, combate a ese ilícito
y que permita la participación de la ciudadanía, pues de lo contrario estaría
en peligro la gobernabilidad.
Uno de los candidatos es el mexiquense José Bernardo Rafael Espino
del Castillo Barrón, quien fuera delegado del ISSSTE en Quintana Roo, ex
delegado del CEN del PRI, candidato a gobernador de Baja California y Coordinador
General de Delegaciones de la PGR.
El
aspirante, Doctor en Derecho, planteó que nuestro país atraviesa por un momento
histórico, con un camino irreversible para que la Fiscalía actúe con plena
autonomía y, sin diferencias, aplique la ley y “el que meta la pata, se
aguanta, no hay vuelta”.
Hay
reformas importantísimas, destacó, como la energética y de competencia, que seguramente
atraerán capitales, por lo que no es conveniente para México de que se hable de
cuotas para la asignación de contratos y concesiones, como se sabe, se sospecha
del propio presidente Peña Nieto.
Por su parte, la yucateca Martha Elena Balam Marín, jefe del
Departamento de Atención al Público del Instituto Estatal para el Combate a la
Corrupción en ese Estado, consideró que el nuevo fiscal requerirá un respaldo
institucional que garantice resultados inmediatos, efectivos y trascendentes,
que permitan erradicar la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.
El
ex titular de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, Juan Miguel María
Alcántara Soria, dijo que la participación social es componente fundamental
para recuperar la legitimidad y credibilidad de los órganos del Estado,
mientras que para el ex procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez
García, corrupción e impunidad ponen en peligro la gobernabilidad, pues la
situación que vive el país es resultado de su avance en todo ámbito.
Ex
visitador general de la PGR, Ángel Buendía Buendía, por su lado, propuso una
política de Estado contra la corrupción y un plan de inteligencia que
identifique este tipo de conductas, además de ser importante la participación
ciudadana para evitar la impunidad y erradicar este problema.
Titular
del área de Quejas de Liconsa, Luz María del Sagrado Corazón Aguilar Haro, recalcó
la falta de capacidad de los funcionarios públicos para combatir la corrupción,
así como debilidad en los marcos legales para prevenir y sancionar este delito
en los tres niveles de gobierno.
Así
las cosas, preguntó cómo es posible que desaparezcan 43 estudiantes en Iguala,
Guerrero, que la autoridad municipal los haya entregado a la delincuencia
organizada y que en algunos Estados el crimen haya instaurado de facto
gobiernos paralelos que se adjudiquen un ilegal uso de fuerza y facultades para
sembrar terror y desolación ante la complacencia y pasividad de malos servidores
públicos.
Entre
otras ideas, César Alejandro Chávez Flores se pronunció por modificar el diseño
institucional de la fiscalía para ampliar sus facultades y poder investigar el
enriquecimiento ilícito de servidores públicos; Concepción Cornejo Oliver
advirtió que las autoridades enfrentan a un México exigente y ante el cual se
debe transparentar el gasto público, así como garantizar la aplicación de la
ley sin distingo.
Rafael
Estrada Michel enfatizó la necesidad de fortalecer la confianza en la Fiscalía
y revertir la indignación de la sociedad por la corrupción, por lo que propuso
“cero tolerancia”, aunada a la apertura ciudadana, mayor cercanía al Senado y
mecanismos anticorrupción con personal profesionalizado y recursos
presupuestales necesarios.
José
Fernández de Cevallos pidió convencer a la población de que la fiscalía será
realmente un instrumento de justicia, con absoluta transparencia, rendición de
cuentas al Senado y escrutinio público; Regino Herón Guevara Cabrera dijo que
es necesario romper el círculo vicioso entre sociedad y gobierno para una
estabilidad y paz social.
Bernardo
María León Olea indicó que el nuevo organismo debe ser transparente, autónomo y
sigiloso en investigaciones para evitar su desprestigio, además de aplicar
estrictamente las leyes porque el aumento de sanciones a los corruptos no
inhibe el delito.
Antonio
López Ramírez señaló que ante la descomposición no se puede ser expectante
mientras la corrupción carcome y socava la integridad del país porque ésta fractura
los valores democráticos, contribuyen a la inestabilidad política y propicia el
fortalecimiento de las organizaciones delictivas, mientras Jorge Antonio Luna
Calderón aseguró que es una patología social y endémica que constituye un
término antijurídico de las ciencias sociales.
Por
respeto a su paciencia, sólo mencionaremos a parte de los demás candidatos,
todos ellos con interesantes propuestas: Laura Patricia Luna Sánchez Galán, Laura
Patricia Luna Sánchez Galán, José Guadalupe Medina Romero, Marco Antonio Medrano
Cruz, Américo Irineo Meléndez Reina, Mauricio Moreno Vargas, Jorge Nader Kuri y
Ángeles Navarro Rueda.
Ante este panorama, lo más deseable sería exigirle honradez
y transparencia al Senado para evitar el típico, tradicional “mayoriteo” que
practica el PRI con sus aliados y “satélites” para avasallar a la cada vez más
escasa oposición en las Cámaras, y menos aún que la designación del titular de
la Fiscalía se realice con dados “cargados”, tal y como ocurrió con el caso del
nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el aún
cuestionado Luis Raúl González Pérez.
Ojalá que esta muestra de voluntad de hacer bien las cosas
no sea un nuevo fiasco para los mexicanos, ¡y menos en estos momentos difíciles
que vive el país!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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