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En primera fila
                ¡SOS para todos los niños!
                                    Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En una nueva pausa frente a la severa crisis nacional y las insatisfechas demandas ciudadanas, el Senado de la República tuvo un avance parcial en la lucha contra la discriminación de la población estudiantil vulnerable, al aprobar un “proyecto de decreto en las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la General de Infraestructura Física Educativa para establecer criterios de accesibilidad para personas con discapacidad”.
         Ahora en el centro del debate ese sensible tema, como la discriminación de estudiantes del país con capacidades diferentes -no discapacitados como lo abordan los legisladores-, desde diciembre del 2012 se había discutido con ocasión de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias, cuando el PRD votó en contra porque, a pesar de su insistencia de que se tratara de manera integral el modelo educativo, PRI, Verde y PAN se resistieron tenazmente.
En ese entonces los perredistas insistían en que no se podría garantizar la educación de calidad que conceptúa el artículo tercero constitucional porque la reforma no abordaba temas torales para una realidad concreta, y pedían definir el perfil del educando que debería  surgir del Sistema Educativo Nacional, y revisar la currícula para ver si ésta correspondía a ese perfil.
Así, infructuosamente demandaron revisar puntualmente el tipo de educando de las escuelas en cuanto a capacidades diferentes, con problemas de aprendizaje o nutrición y de escuelas ubicadas en lugares de pobreza extrema, condiciones necesarias de superar para una educación de calidad.
No obstante, el bloque oficial priísta le negó al país esa posibilidad, así como la de revisar las condiciones de las escuelas en iluminación, ventilación, acústica, sanitarios, accesibilidad para alumnos con capacidades diferentes y espacios para atender problemas de aprendizaje y accidentes escolares, así como adecuados espacios deportivos, para actividades extracurriculares y la lectura, entre otros.
Con todo, jamás quisieron aceptar que las escuelas cumplieran a cabalidad estas condiciones a partir de la reforma o sus leyes secundarias por una razón: No existe voluntad política del presidente Peña Nieto, su secretario de Educación y, por supuesto, de ningunos de los que pueden remediarlo en la práctica. No pretenden transformar a fondo el Sistema Educativo Nacional.
En las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, es imposible una educación de calidad, y miente quien diga lo contrario. No es suficiente modificar leyes si no las acompañan políticas públicas y presupuesto suficiente para modificar las condiciones materiales de las escuelas.
Adecuar las leyes es el inicio. El Legislativo  ha hecho su trabajo al garantizar que los alumnos con capacidades diferentes tengan accesibilidad universal para que su inclusión en el proceso enseñanza-aprendizaje se dé en condiciones de igualdad y respeto a su derecho de educación y demás derechos.
Corresponde ahora al Ejecutivo Federal hacer su parte con políticas públicas que hagan efectiva la ley para evitar la discriminación, la violación de los derechos fundamentales, la vejación y sufrimiento de estos seres humanos por su particular condición.
Ya veremos en la práctica qué tan grande es el amor del presidente y su secretario de Educación por estas personas, que siguen padeciendo de manera sistemática el desprecio de un sistema que parece no tener voluntad para evitar su sufrimiento.
Hasta 2010 la población con algún tipo de discapacidad representaba el 5.1% de la población, es decir, poco más de 5.7 millones de personas, en tanto que, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre Discapacidad, cuatro de cada 10 consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan.
Estos datos nos acercan a una realidad que vive este sector, que todos los días experimenta distintas formas de discriminación, pero impactando de manera muy especial los factores productivos, asociados al nivel de desempleo, los perjuicios en cuanto a su productividad y la evidente exclusión del mercado laboral.
No obstante, el dictamen aporta elementos para facilitar su movilidad y atiende directamente al principio de igualdad de sus derechos, donde las necesidades de las personas deben constituirse en base a la planificación de la sociedad y sus recursos, con la intención de garantizar que todos participen activamente en su papel social.
Para ese efecto, serían deseables campañas de información y difusión de la cartilla de información básica para la localización de niños y adolescentes, implementada en el marco del Programa Nacional de Alerta Amber México, a efecto de que lleguen a un número mayor de padres y puedan contar con medidas de prevención para el cuidado de sus hijos, puesto que este programa sólo lo conoce el 31% de la gente, es decir, tres de cada 10 personas.
Ahora bien, si lo que se busca es la protección integral de los niños, también sería aconsejable que los Estados donde aún se permite el matrimonio entre menores ajusten su marco jurídico para establecer como requisito la mayoría de edad, a efecto de garantizar el sano desarrollo de las personas antes de pretender formar una familia.
Asimismo, el INEGI debería incluir en su plan de trabajo el desarrollo de indicadores específicos sobre la problemática de la explotación infantil a través de los medios electrónicos, un problema que en los últimos años se ha colocado de manera importante en la agenda pública, pues son alarmantes las cifras de niños enganchados por esos medios, que los convierten en víctimas de la explotación con fines de explotación sexual o pornográfica.
Finalmente, sería pertinente la elaboración de un reglamento que permita que los niños que viven con madres reclusas cuenten con condiciones necesarias para un desarrollo integral acorde con su edad, ya que por largo tiempo han sido víctimas del sistema penitenciario, lo que resulta inadmisible y contrario al marco jurídico internacional y nacional.
Estos niños reflejan la falta de buena alimentación, servicios médicos y psicológicos, además de servicios educativos y lúdicos apropiados a su edad, ya que el estado debe garantizar por todos los medios y recursos que los grupos en situación de vulnerabilidad ejerzan sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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