En
primera fila
¡SOS para todos los niños!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En
una nueva pausa frente a la severa crisis nacional y las insatisfechas demandas
ciudadanas, el Senado de la República tuvo un avance parcial en la lucha contra
la discriminación de la población estudiantil vulnerable, al aprobar un “proyecto
de decreto en las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas y la General de Infraestructura Física Educativa para establecer
criterios de accesibilidad para personas con discapacidad”.
Ahora en el centro del
debate ese sensible tema, como la discriminación de estudiantes del país con
capacidades diferentes -no discapacitados como lo abordan los legisladores-,
desde diciembre del 2012 se había discutido con ocasión de la Reforma Educativa
y sus leyes secundarias, cuando el PRD votó en contra porque, a pesar de su
insistencia de que se tratara de manera integral el modelo educativo, PRI,
Verde y PAN se resistieron tenazmente.
En
ese entonces los perredistas insistían en que no se podría garantizar la
educación de calidad que conceptúa el artículo tercero constitucional porque la
reforma no abordaba temas torales para una realidad concreta, y pedían definir
el perfil del educando que debería
surgir del Sistema Educativo Nacional, y revisar la currícula para ver
si ésta correspondía a ese perfil.
Así,
infructuosamente demandaron revisar puntualmente el tipo de educando de las
escuelas en cuanto a capacidades diferentes, con problemas de aprendizaje o
nutrición y de escuelas ubicadas en lugares de pobreza extrema, condiciones
necesarias de superar para una educación de calidad.
No
obstante, el bloque oficial priísta le negó al país esa posibilidad, así como la
de revisar las condiciones de las escuelas en iluminación, ventilación,
acústica, sanitarios, accesibilidad para alumnos con capacidades diferentes y
espacios para atender problemas de aprendizaje y accidentes escolares, así como
adecuados espacios deportivos, para actividades extracurriculares y la lectura,
entre otros.
Con
todo, jamás quisieron aceptar que las escuelas cumplieran a cabalidad estas
condiciones a partir de la reforma o sus leyes secundarias por una razón: No existe
voluntad política del presidente Peña Nieto, su secretario de Educación y, por
supuesto, de ningunos de los que pueden remediarlo en la práctica. No pretenden
transformar a fondo el Sistema Educativo Nacional.
En
las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, es
imposible una educación de calidad, y miente quien diga lo contrario. No es
suficiente modificar leyes si no las acompañan políticas públicas y presupuesto
suficiente para modificar las condiciones materiales de las escuelas.
Adecuar
las leyes es el inicio. El Legislativo ha
hecho su trabajo al garantizar que los alumnos con capacidades diferentes
tengan accesibilidad universal para que su inclusión en el proceso
enseñanza-aprendizaje se dé en condiciones de igualdad y respeto a su derecho de
educación y demás derechos.
Corresponde
ahora al Ejecutivo Federal hacer su parte con políticas públicas que hagan
efectiva la ley para evitar la discriminación, la violación de los derechos
fundamentales, la vejación y sufrimiento de estos seres humanos por su particular
condición.
Ya
veremos en la práctica qué tan grande es el amor del presidente y su secretario
de Educación por estas personas, que siguen padeciendo de manera sistemática el
desprecio de un sistema que parece no tener voluntad para evitar su
sufrimiento.
Hasta
2010 la población con algún tipo de discapacidad representaba el 5.1% de la población,
es decir, poco más de 5.7 millones de personas, en tanto que, de acuerdo con la
Segunda Encuesta Nacional sobre Discapacidad, cuatro de cada 10 consideran que
los derechos de las personas con discapacidad no se respetan.
Estos
datos nos acercan a una realidad que vive este sector, que todos los días
experimenta distintas formas de discriminación, pero impactando de manera muy
especial los factores productivos, asociados al nivel de desempleo, los
perjuicios en cuanto a su productividad y la evidente exclusión del mercado
laboral.
No
obstante, el dictamen aporta elementos para facilitar su movilidad y atiende
directamente al principio de igualdad de sus derechos, donde las necesidades de
las personas deben constituirse en base a la planificación de la sociedad y sus
recursos, con la intención de garantizar que todos participen activamente en su
papel social.
Para
ese efecto, serían deseables campañas de información y difusión de la cartilla
de información básica para la localización de niños y adolescentes,
implementada en el marco del Programa Nacional de Alerta Amber México, a efecto
de que lleguen a un número mayor de padres y puedan contar con medidas de
prevención para el cuidado de sus hijos, puesto que este programa sólo lo conoce
el 31% de la gente, es decir, tres de cada 10 personas.
Ahora
bien, si lo que se busca es la protección integral de los niños, también sería
aconsejable que los Estados donde aún se permite el matrimonio entre menores
ajusten su marco jurídico para establecer como requisito la mayoría de edad, a
efecto de garantizar el sano desarrollo de las personas antes de pretender
formar una familia.
Asimismo,
el INEGI debería incluir en su plan de trabajo el desarrollo de indicadores
específicos sobre la problemática de la explotación infantil a través de los
medios electrónicos, un problema que en los últimos años se ha colocado de
manera importante en la agenda pública, pues son alarmantes las cifras de niños
enganchados por esos medios, que los convierten en víctimas de la explotación
con fines de explotación sexual o pornográfica.
Finalmente,
sería pertinente la elaboración de un reglamento que permita que los niños que
viven con madres reclusas cuenten con condiciones necesarias para un desarrollo
integral acorde con su edad, ya que por largo tiempo han sido víctimas del
sistema penitenciario, lo que resulta inadmisible y contrario al marco jurídico
internacional y nacional.
Estos
niños reflejan la falta de buena alimentación, servicios médicos y
psicológicos, además de servicios educativos y lúdicos apropiados a su edad, ya
que el estado debe garantizar por todos los medios y recursos que los grupos en
situación de vulnerabilidad ejerzan sus derechos civiles, políticos, sociales y
culturales.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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