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En primera fila
               ¡Se desmorona México!
                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En sendas sesiones en las que los partidos oficiales y oficialistas se encargaron de atizar el fuego de la indignación nacional, el Senado de la República y la Cámara de Diputados dieron entrada ayer a las primeras iniciativas del “decálogo” del presidente Peña Nieto, en la segunda con una controvertida iniciativa cómplice que disfrazó el PAN para impedir las manifestaciones públicas.
Se trata de un dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 y 73 de la Carta Magna en materia de movilidad universal que, en apariencia progresista, innovadora, podría utilizarse en la coyuntura político-social que vive el país como coartada para la reprimir y frenar el legítimo derecho a manifestarse en términos de la Constitución, pese a que ya se había advertido una contradicción entre dos derechos constitucionales: La libertad de tránsito y ahora el de “movilidad universal”.
Lo cierto es que el dictamen es políticamente inoportuno, ya que la crítica situación del país de intensas movilizaciones sociales, repudio al gobierno federal y enojo ante las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica, impiden que se envuelva bajo el tema de la movilidad, que podría ser puerta de entrada para frenar otros derechos fundamentales.
Es verdad que nada impide que los Congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con necesidades especiales en materia de transporte, se procure la utilización ecológica del transporte público y haya campañas para desincentivar el uso del automóvil y privilegiar  el transporte público. Nada en el marco jurídico mexicano impide avanzar en esas medidas legislativas o reglamentarias para facilitar el transporte y la movilidad urbana.
Empero, reformar hoy los artículos 11 y 73 para introducir este derecho de “movilidad universal”, puede ser la vía para justificar, frenar movilizaciones y actos legítimos de protesta, así como impedir el libre tránsito o violentar derechos humanos.
Desde luego que no lo dice así el dictamen, pero no faltará algún tramposo desde el gobierno o los tribunales que con esa apreciación justifique atrocidades y violaciones a los derechos.
Y conste que no faltan justificantes para esos reclamos sociales, ya que México atraviesa por severa crisis económica que avalan analistas del sector privado, que ayer ajustaron nuevamente a la baja la meta de crecimiento económico del 2.30 al 2.19, en tanto que persiste el permanente deslizamiento del peso y el precio del barril de petróleo está en franco descenso.
Así pues, se trata de un escenario difícil en materia económica, que se suma a un escenario de inconformidad social creciente, la que se reflejó en la contundente encuesta del lunes en periódicos nacionales: El 91% de los líderes del país y el 72% de la población abierta reprueban el manejo del tema de la corrupción por parte de Peña Nieto.
Y si se trata de la calificación de la popularidad del mandatario, entre los líderes desciende hasta 4.1, pese a que fueron los que al inicio del sexenio lo calificaban de la manera más favorable.
Así, frente a este escenario de inconformidad, introducir la reforma en el tema de movilidad, que pueda utilizarse para frenar el descontento social, no se puede justificar, y menos cuando la iniciativa estuvo en la “congeladora” desde abril, cuando eran otras las condiciones del país, en circunstancias en las que se le pudo dar trámite.
Hoy en día, no obstante, podría servir de pretexto a Peña Nieto para reprimir a los manifestantes, aunque, de hecho, ya lo están haciendo, puesto que ahora primero detienen a la gente, la mandan a los penales de alta seguridad y luego la sueltan, como una medida para sembrar terror, atemorizar e inhibir la participación.
Paradójicamente, en el norte del país, donde todo pareciera estar bien porque no existe la magnitud de las marchas del sur y centro, es donde más se reprueba al gobierno de Peña Nieto, según encuestas de los periódicos nacionales Reforma y El Universal.
Por otro lado, en estos años, particularmente en los últimos dos, uno de los sectores particularmente golpeado, vejado y perseguido ha sido, sin duda, la juventud mexicana, una juventud a la que ha tocado crecer en un entorno de crisis económica y dificultades sociales con falta de oferta educativa y empleo.
En este sentido, otro de los temas de la sesión del martes el proyecto de decreto para reformar de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo de menores, no atiende a fondo la problemática del empleo juvenil ni de las oportunidades para que cuenten con una vida digna que les permita estudiar, trabajar, crecer, formar una familia y ser parte de un país con armonía y estabilidad.
Por ello se cuestiona el manejo de la política económica, ya que no ha generado los empleos que se publicitaron en campaña, y la reforma laboral fue la primera reforma estructural fallida, que si bien se dio formalmente en el sexenio anterior, fue el preámbulo ominoso del Pacto por México.
Hoy no sólo el país está crispado socialmente, no sólo hay violaciones graves a los derechos humanos, no sólo la corrupción está hasta el tuétano del poder público, empezando por la Presidencia de la República, sino que la economía del país trae signos de una crisis que no se alcanza a vislumbrar.
Aunado a la baja de la meta de crecimiento, el precio del dólar se ha cotizado a casi 14.30 pesos, y el petróleo está en su peor nivel desde mayo del 2010, casi rondando la cifra de 60 dólares por barril, mientras que la mayoría “oficiosa” de la Cámara  lo proyectó a 79 dólares en la Ley de Ingresos, lo que, pero como está la economía del país, se antoja como propósito utópico.
Sin embargo, viene al caso el tema de los jóvenes porque las bajas tasas de ocupación afectan a casi un millón de jóvenes que, además de perseguidos y sin posibilidades de manifestarse, son primer blanco de las policías, más allá de los delincuentes, tanto de la delincuencia organizada como la de “cuello blanco”.
Por ese motivo, las reformas son insuficientes, aunque formalmente tenga que adecuarse a todo el sistema jurídico laboral. No obstante, ante la realidad que vive el país, los jóvenes requieren verdaderas respuestas, no represión, no falta de empleo ni persecución, sino oportunidades para desarrollarse con dignidad y mejor futuro.
Ahora bien, respecto a la iniciativa de “movilidad universal”, aprobada con el “visto bueno” del PAN, la presentó su correligionario Marco Antonio Aguilar, quien muy probablemente pudo haberlo hecho con la mejor intención, como una Ley avanzada en materia de Movilidad Urbana, tendiendo precedentes legislativos, pero ha corrido muchísima agua debajo del “puente” de abril a la fecha.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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