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Candidatos de “uñas largas”


                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Promovido hace más de 22 años por el panista veracruzano Luis Pazos, escritor que años después se convertiría en funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón, el tema de las declaraciones patrimoniales se ha vuelto parte de la agenda diaria, sobre todo hoy que la corrupción está “de moda” entre los gobiernos de todos los niveles y partidos políticos, donde se han descubierto docenas de escandalosos desvíos de recursos.
Más allá de la obligatoriedad de rendir la declaración anualmente y antes y después de concluida una gestión pública, Luis Pazos, actual director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, pugnó porque el resultado del trámite se hiciera del dominio público, decía, como una de las mejores medidas para prevenir la corrupción. 
 Con un pequeño “avance” sobre el tema, donde el propio presidente Peña Nieto publicó su declaración con más dudas que certeza, día a día surgen nuevos descubrimientos de ex gobernadores y ex munícipes con propiedades nunca declaradas, principalmente en el extranjero, como lo fue el reciente caso del candidato del PAN a gobernador de Sonora, Javier Gándara Magaña.
Los descubrimientos, sin embargo, también han embarrado a priístas, como los ex gobernadores de Tabasco y Oaxaca, Andrés Rafael Granier Melo y José Murat Casab, respectivamente, aunque las sospechas también recaen sobre los hoy candidatos cuyas propiedades nunca han sido del dominio público, entre ellos los de Quintana Roo.   
El ex presidente municipal de Hermosillo (2009-2012), Gándara, aspirante a sucesor de su correligionario Guillermo Padrés, es señalado  de poseer junto a familiares directos unas nueve propiedades en Estados Unidos, al igual que un avión, que nunca reportó durante ni después de su gestión.
Así, posee una mansión valuada en 3.6 millones de dólares en La Jolla Scenic Drive, de las zonas más exclusivas de San Diego, California, de la que figura como propietaria Mannon LTD, firma británica cuyo giro era la compra de inmuebles por parte de quienes no desean que se hagan públicos sus nombres. Su sede era Irlanda del Norte, pero está disuelta.
Gándara y su esposa Marcela Fernández, también son propietarios de dos condominios en el suburbio Bonita, también en San Diego, con costo de 540 mil dólares, mientras que en el fraccionamiento Fashion Hills tiene otra propiedad de 172 metros cuadrados, con precio de 372 mil dólares, a nombre de Ana Marcela Gándara, su hija.
Otra propiedad del matrimonio Gándara-Fernández en San Diego, valuada en 1.2 millones de dólares, se ubica en la zona residencial University City, y la quinta, en Chula Vista, con precio de 320 mil dólares, aunque en enero de 2015 otorgó un poder para que su yerno Juan Carlos Tirado Woolfolk, esposo de su hija Alejandra, quedara como responsable al menos de una casa de San Diego.
Las otras tres propiedades no declaradas están en Arizona, la primera a nombre de su hijo Gerardo Gándara -predio 7751 de la East Via Casta, en Scottsdale, condado de Maricopa-, adquirida en enero de 2007 por 537 mil dólares. Al momento de la compra Gerardo tenía 23 años y, según su padre, era su codependiente.
La segunda se ubica en Phoenix, en el club de equitación Sandspur Ranch, y aunque aparece a nombre de su cuñado Tirado Woolfolk, quien la habría adquirido en 2010, ese mismo año la cedió a Marcela Fernández, pero ésta no la ha había dado de alta y sigue apareciendo a nombre del primero.
Marcada con el número 6171 del residencial Placita Manantial La Paloma, la tercera casa se ubica en Tucson, costó 400 mil dólares y está a nombre de otra hija, Adreana Gándara, cuyo padre también citó en su declaración como codependiente.
La suma del valor de las seis propiedades asciende a 117 millones de pesos, los cuales no aparecen en ninguna declaración patrimonial de Javier Gándara como munícipe de Hermosillo, como tampoco reportó el jet matrícula XA-USS, a nombre de su esposa y con valor de dos millones de dólares que, según él, sirve a una compañía de taxis aéreos.
Recién se supo que lo rentó el actual gobernador del estado, Guillermo Padrés, y el propio Gándara lo alquila para su campaña.
Por otro lado, su familia también dio de alta un restaurante en Maricopa, Arizona que, según registros públicos, se estableció un mes antes de terminar su gestión como alcalde e incorporó a toda su familia como directivos, lo que tampoco consta en sus declaraciones, donde dice haber ganado 285 mil pesos mensuales durante sus tres años de alcalde.
Durante su último año reportó haber ganado 73 mil pesos mensuales; 150 mil pesos por actividades empresariales (sobre todo con ganado); 34 mil 500 pesos por arrendamientos y 20 mil 500 en inversiones, para un total de 3.3 millones de pesos anuales durante su primera etapa como funcionario, cuando incluyó en cada declaración seis camionetas, dos casas, un predio, un rancho y un parque industrial, así como cuentas bancarias por 2.2 millones de pesos.
Irónicamente, un “indignado” PRI es quien exige una investigación sobre el tema, cuando que correligionarios suyos, entre ellos ex gobernadores como el quintanarroense Félix González o el coahuilense Humberto Moreira Valdez han sido señalados -y protegidos- por las propias autoridades y, en el caso del primero, por el propio PRI, que lo hizo senador para su impunidad.
Guardadas las proporciones, pero no por ello de menor gravedad, el caso de los aspirantes del PRI de Quintana Roo también constituyen un tema de suyo delicado, por ejemplo todo con la candidata a diputada federal por el II Distrito, Arlet Mólgora Glóver, ya que, con un paso como funcionaria por sólo dos dependencias, “de pronto” surgieron por lo menos dos propiedades suyas en Chetumal.
Una de ellas es un inmueble que, habilitado como salón de fiestas y denominado “Los cuatro elementos”, le rindió jugosos dividendos gracias al PRI en las últimas campañas electorales locales, aunque después de éstas debió cambiar de giro, pero también posee otra propiedad a unos 500 metros, cerca de la residencia de su candidata suplente, María Hadad Castillo, y también pretende rentarla para pachangas.
¡Ah!, pero también es propietaria del predio donde habita, entre otros bienes.
Sería cuestión de compulsar los ingresos-egresos de la cuestionada funcionaria, así como de su esposo, el Rector de la Universidad Politécnica de Bacalar, Miguel Pérez Cetina, para determinar el origen de sus propiedades, por cierto ignoradas por todos, pese a que sus únicos ingresos han sido vía gobierno, siempre apoyada, sospechosamente, por el ex gobernador Félix González y del “padrinazgo” del ex Secretario de Finanzas de éste, Freddy Marrufo Martín, actual alcalde de Cozumel.
¿Sería capaz Arlet Mólgora de publicar su declaración patrimonial y permitir una auditoría externa? O tendrá “trapitos” viejos que ocultar.
Conocemos su respuesta, aunque ¿Cree Usted en milagros? Nosotros, ¡NO!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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