Sobrepeso, obesidad ¡y corrupción!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Definidos por la Organización Mundial de la Salud como
acumulación anormal o excesiva de grasa perjudicial para la salud, el sobrepeso
y la obesidad constituyen un problema prioritario y preocupante de trastorno de
la conducta alimentaria, traducido en grave problema de salud pública que
afecta a gran parte de los mexicanos, menores de edad principalmente.
En este sentido, se reforma de manera integral la
Ley de Salud y los trastornos de la conducta alimentaria, ya que se trata de un
problema mundial que afecta progresivamente a muchos países de bajos y medianos
ingresos, sobre todo en el medio urbano, donde ha aumentado a un ritmo
alarmante.
La reciente reforma, en manos del Senado, busca
orientar respecto a la importancia de una alimentación correcta y su relación
con los beneficios a la salud, así como diseñar y ejecutar políticas públicas
que propicien la correcta alimentación que contrarreste eficientemente el
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
En teoría, la Secretaría de Salud impulsaría la
prevención y control de esos temas en coordinación con las entidades, entre
otros con la prohibición de publicar alimentos y bebidas con bajo valor
nutricional y alta densidad energética en los centros escolares.
Entre las enfermedades que propician la obesidad y
el sobrepeso se incluyen padecimientos alarmantes, como la diabetes mellitus,
la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres, los cuales
propiciaron un gasto social de más de 80 mil millones de pesos en 2012, y se
espera que en 2017 ascienda a 150 mil millones.
Según la OMS el sobrepeso y la obesidad originan el
44% de la carga de diabetes, el 23% de la cardiopatía sistémica y entre el 7 y
41% de algunos cánceres.
Si bien el gobierno federal ha implementado
estrategias para contrarrestar este grave problema, como el programa para la
prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes, ésta no ha sido
suficiente, sino apenas una parte de las acciones que se requieren para
combatirlo.
Con el objeto de mantener un control sobre los niños
en este tema, se plantea el seguimiento de los menores estudiantes en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública, a través de su evaluación de peso,
talla e índice de masa corporal para llevar el expediente nutrimental de cada uno.
Respecto al etiquetado de alimentos, deberán
llevarlo invariablemente éstos y las bebidas no alcohólicas, que deberán
incluir datos de valor nutricional y evitar que contengan alto contenido
calórico y energético, con alto contenido en grasas, azúcares y sodio.
Lamentablemente, sobre este tema se adoptaron ya algunas
medidas en la Cámara, una de ellas duro golpe a la economía de las familias con
la mal llamada reforma hacendaria porque, lejos de buscar la eficacia de la
norma y financiar el sistema de salud, se le dio prioridad y seguirá dando al comercio
de la comida “chatarra”.
Un ejemplo de lo que representó la reforma fiscal
fue el incremento del 8 y 14% el impuesto en alimentos procesados, supuestamente
por contener un alto valor calórico de acuerdo a razonamientos medianos que se
expusieron en el debate sobre el tema.
Como consecuencia, se disparó un 8 y 14% el precio
del jamón de pavo y de cerdo; tocino, chorizo, salchichas, leche, queso y todos
los lácteos; los procesados enlatados, como el atún, chiles curados, sardinas y
hasta el chocolate que los niños consumen con la leche.
Asimismo, más de 100 productos de la canasta básica
se encarecieron desde enero de 2014, con el demagógico argumento de cuidar la
salud del pueblo, lo que es más falso que las promesas de un candidato.
¿Qué come un estudiante? Un pastelillo y un
refresco, cuando bien le va. ¿Qué come un albañil antes de cobrar cuando llega
el viernes y cobra hasta el sábado? Comida chatarra, desgraciadamente, porque
vive mal pagado y, por lo tanto, mal alimentado ¿Qué come un burócrata antes de
llegar la quincena?
Es decir, la gente seguirá consumiendo este tipo de
alimentos, y con medidas generales, verdaderamente limitadas, que dicen un
poquito más de lo mismo de lo que se viene diciendo en los últimos 20 años, no
se combatirán la obesidad, sobrepeso y enfermedades ligadas a trastornos
alimentarios.
Es una gran mentira y no se debe permitir que este
tipo de demagogia se venda a la ciudadanía como medida a favor de la salud, a
favor de las familias y para vetar a nuestros niños de una mala alimentación.
Por lo que realmente se tiene que luchar es porque
se incremente el presupuesto del sistema de salud, ya que la falta de recursos
ha llevado a la “chatarrización” del IMSS el ISSSTE. Basta con darse una vuelta
al Instituto de Neurología, donde demoran hasta año y medio en dar una
consulta.
Claro, nuestros legisladores y demás altos
funcionarios de gobierno cuentan con el financiamiento para gastos médicos
mayores ¡Qué padre es ser diputado! Pero el pobre pueblo debe esperar hasta año
y medio para tener acceso a una consulta de especialidad en el sistema de
salud.
Por su parte, el Seguro Popular se ha convertido en
una gran farsa porque sobrecarga al IMSS, ISSSTE y sector salud federal,
llevando a la población, acercando a la población a este servicio, pero sin que
el Congreso de la Unión financie el sistema de salud.
Y es que los trabajadores del IMSS, por ejemplo,
son los mejores testigos de cómo se ha ido desmantelando la seguridad social del
país. No hay gasas, jeringas, mucho menos medicamentos, porque los grupos
mayoritarios de legisladores irresponsables han votado por otros privilegios y negocios,
pero menos por apoyar la salud.
Precisamente por eso los partidos alcanzan para
viajar en helicóptero a donde quieran llegar, por eso el ex titular de Conagua,
David Korenfeld, se iba de vacaciones con el helicóptero oficial de una
instancia federal y un presupuesto que autorizan los legisladores, pero que
hace mucha más falta para sostener más camas en el sistema nacional de salud.
Otro pequeño ejemplo es que, con una inversión de
15 mil millones de pesos, durante el gobierno de Peña Nieto se construyeron dos
hospitales generales en el Estado de México, mientras que, durante el mismo
periodo, el siempre criticado Andrés Manuel López Obrador hizo dos nosocomios
en el Distrito Federal, con un costo de 750 millones de pesos cada uno.
La corrupción que encabezan y encubren los priístas
es descomunal. y los que pagan los platos rotos son el pueblo y la gente
enferma que toca las puertas del Seguro Social, ISSSTE y sistema de salud, y lo
único que encontrará será una plática, una orientación y un diseño
institucional para combatir la obesidad y el sobrepeso.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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