¡Adiós “mochadas” para diputados!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No
cabe duda de que uno de los mayores reconocimientos al Senado corresponde a su
Comisión de Hacienda, cuya adición al artículo 9º Transitorio de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que había elaborado y negociado a
“a modo” la Cámara de Diputados, no sólo fortaleció la fiscalización de recursos
que omite el presupuesto de Egresos de la Federación.
Como
parte de sus atribuciones, los diputados los dictaminaban en forma etiquetada,
como parte de la negociación derivada de su gestión, en función de las demandas
de sus Distritos, entidades o municipios, aunque la enmienda de los senadores
es sólo un primer paso para contener una de las peores prácticas en los anales
del Poder Legislativo: El “moche” o “mochada”.
De
tristes recuerdos para los diputados el PAN, tras que se fundamentó este artículo
9º en el artículo 79 de la Constitución, forma parte ya del Sistema Nacional
Anticorrupción, con lo que se fortalecerá fiscalización de recursos federales de
los Estados, municipios y Distrito Federal, así como los que se destinen y se
ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, de modo tal que podrán
fiscalizarse en cualquier momento, ya sea por el ejercicio de la atribución del
auditor federal o por denuncia de un
tercero o propio afectado.
Esto
significa que en cualquier momento, alcaldes o gobernadores sujetos a esa extorsión que representa el “moche”
legislativo, que se acreditó como práctica -sobre todo del PAN- y que permeó de
manera significativa la negociación del
Presupuesto de Egresos de la Federación, pueden empezar a combatirlo y erradicarlo.
Lamentablemente,
la modificación no avanzó en disminuir el déficit programado del 3 al 2.9%, que
parece insignificante, pero que implican unos 17 mil millones de pesos, que
entrarán a la bolsa de los diputados para su supuesta “gestión”, convertida en
nueva modalidad de extorsión a los alcaldes, a los que ya no sólo extorsiona la
delincuencia organizada, sino también este tipo de “moche” legislativo, con cierto
porcentaje o los obligan a contratar a determinadas empresas para obras.
El
candado “antimoches”, para evitar es mala gestión de diputados en la asignación
de recursos, surgió a propuesta del perredista Armando Ríos Píter, que reforzó
su compañero Alejandro Encinas, para facultar a la Auditoría Superior de la
Federación a revisar directamente los proyectos de infraestructura de entidades
y municipios excluidos del proyecto de Presupuesto de Egresos, pero que implica
asignaciones con gestión legislativa.
De
este modo, se evitará que el “derecho de piso” que pagan los municipios a la delincuencia
organizada, equivalgan al “moche” que se paga por partidas presupuestales
asignadas por grupos de legisladores.
Aunque
nadie acusó -Justificación no pedida, culpabilidad manifiesta-, quien protestó
por el tema fue el senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, quien calificó de
injusto calificar de corruptos los diputados de la LXII Legislatura; ya que se
les prejuzga, como una falta de respeto, aun cuando votó a favor del “candado”.
El
único en votar contra éste fue el senador del PT, Marco Antonio Blázquez
Salinas, quien argumentó que los legisladores en México son acusados de
corruptos por recibir dinero a través de las asignaciones presupuestales, e
ironizó: “¿Cómo vamos a corregir a los diputados, nosotros que somos castos y
puros?”.
Al
igual que él, el priísta David Penchyna expresó que los diputados no son delincuentes;
que ha sido diputado y no hizo mal uso de los recursos públicos, y que cuando
se ha pertenecido a la Cámara Baja “no se vale ser borracho y luego cantinero”.
No
obstante, el panista Héctor Larios, quien defendió el “candado” antimoches, dijo
que, en efecto, nadie acusó que los diputados fueran indignos de confianza, y
que la disposición “busca establecer métodos de auditoría a recursos difíciles
de auditar, y que se aplicaban en medio de irregularidades.
Contra
lo ocurrido en esta ocasión, apenas en abril último los senadores del PRI y sus
“hermanos” del Verde “Ecologista” rechazaron en la anterior Legislatura una
propuesta del PAN con reforma constitucional para que la Auditoría Superior
indagara los “moches” que diputados federales y alcaldes cobran a las
constructoras con cargo al Presupuesto de Egresos.
En
efecto, el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, planteó reformar el
artículo 74 de la Constitución, al advertir que la bolsa discrecional del Ramo
23 que se reparten los diputados federales rebasaba los 122 mil millones de
pesos.
Aseguró
que la práctica de “moches” se castiga en otros países por tratarse de un
delito, mientras que en México permanece impune a pesar de encontrarse a
milímetros de considerarse soborno, por lo que, sin el cambio, la reforma
constitucional en materia de corrupción resultaría insuficiente.
Al
igual que él, su correligionario Javier Corral presentó una reserva particular
para frenar lo que calificó como un “mercado negro de corrupción”, donde
diputados, alcaldes y empresas cobran “diezmos” o “comisiones” con cargo al
erario público.
No
obstante, al igual que en la ahora LXIII Legislatura, la “aplanadora” PRI-Verde
sumó 57 votos contra la propuesta del PAN, por lo que ni siquiera se aceptó a
discusión el planteamiento, y cuando el texto original del dictamen se sometió
a votación del pleno para ratificar sus términos, apenas alcanzó por un voto
las dos terceras partes requeridas.
Quienes
presumen memoria de elefante recordarán que desde fines de 2013, algunos medios
reportaron que el entonces coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis
Alberto Villarreal, habría condicionado la entrega de recursos a varios
municipios, a cambio de que sus alcaldes le entregaran un “moche”, “diezmo” o
dieran contratos de obra a empresas ligadas a su familia.
Inclusive,
el 4 de noviembre de ese año, el alcalde panista de Celaya, Guanajuato, Ismael
Pérez Ordaz, exhibió abiertamente ante su Cabildo una red de “moches” a cambio
de asignaciones presupuestales, y que en diciembre de 2012 acordó con
legisladores del blanquiazul recibir una partida de 160 millones de pesos para
2013, a cambio de una comisión de 35% y contratar a determinada constructora.
La
empresa, según propias fuentes panistas -publicó el diario Reforma- está
vinculada con el grupo político de Villarreal.
Documentada en audio, la prueba señala que para obra pública
llegó una aportación de 160 millones de pesos para pavimentaciones, promocionados
por los diputados del PAN, cuya cúpula los patrocinó con la consigna de que se
los dieran a una constructora que ellos les asignarían, y que “inflaran” la
obra un 35% para poder solventarse.
En
agosto de 2012, el dirigente del CEN del PAN, Gustavo Madero, nombró a
Villarreal coordinador de bancada, como uno de los políticos más cercanos a él,
que le apoya en la contienda interna para su reelección como líder,
irónicamente contra las infructuosas aspiraciones del mismo Cordero.
Apenas
en enero de este año, en medio de la campaña mediática para promover la
propuesta panista del Sistema Nacional Anticorrupción, circuló un audio con
presunta llamada telefónica del 2014 entre el actual líder nacional del PAN, Ricardo
Anaya Cortés, y el entonces aspirante a diputado federal, Miguel Ángel Yunes
Linares, quienes hablan de forma encriptada sobre “entregar números” e
“incrementar porcentajes para entregar”.
Cosas
y casos de “familia” que, sin embargo, meses después afectan al PAN con la
desaparición de sus “moches”
¡Valió
la pena!... por lo menos para el sacrificado erario que paga el pueblo.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
luancaba.qroo@gmail.com
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