Militares, ¡al banquillo de
acusados!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Recientemente
envueltos en el ojo del huracán por su papel en la desaparición de
los 43 normalistas de Iguala y la supuesta ejecución de 22 presuntos delincuentes
de Tlatlaya el 30 de junio del 2014, del que sólo tres permanecen detenidos,
los militares vuelven a ser tema de controversia tras la reciente propuesta de
reformar los artículos 57 y 584 del Código de Justicia Militar.
Para ese efecto, el diputado Víctor Manuel
Sánchez Orozco argumentó que el artículo 13 constitucional contempla el fuero
de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, y que los
tribunales del ramo en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su
jurisdicción sobre quienes no pertenezcan al Ejército, pese a lo cual dicho
fuero ha servido de pretexto para impunidad de violaciones a derechos humanos en
las que están involucrados.
El
17 de octubre último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que eran
insuficientes las adecuaciones legislativas de México en el Código de Justicia
Militar, ya que incumplían resoluciones, so pretexto de que el artículo 57 de
su Código aún autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en los que
imputado y víctima sean militares, así como en los que el imputado sea militar
y no sea civil el sujeto pasivo
Así,
en los delitos contra la salud y la seguridad nacional entre otros, la Corte Interamericana
considera que la actual legislación sigue parcialmente sin adaptarse, por lo
que resolvió en sentencia, primero, declarar que el Estado cumple parcialmente su
obligación de adoptar las reformas legislativas pertinentes para hacer compatible
el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares
internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo,
dispuso que el Estado presente a la
Corte Interamericana, a más tardar el 5 de octubre último, informes en los que
indique las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones que ordenó en las
sentencias de los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú.
Igualmente,
resolvió que el fuero militar solo debe ser para casos estrictamente contra la
disciplina militar.
En
este sentido, cualquier delito que no se refiera a esa disciplina no debe
investigarlo la jurisdicción castrense, ni dividirse la investigación cuando en
un mismo hecho delictivo se generen tanto conductas de disciplina militar como
del fuero común: Deben integrarse en una misma investigación, bajo reglas
civiles.
De
lo contrario, existe el riesgo de impunidad, de que se pierda alguna prueba o
que no se valore en conjunto con otros medios de convicción, además de que haya
dos juicios sobre un mismo asunto, generando irregularidades de proceso, como
juzgar la misma causa dos veces o dictar resoluciones contrarias sobre el mismo
hecho.
En
torno a la importancia de restringir el fuero militar atendiendo a los bienes
jurídicos lesionados, diversas organizaciones señalan que si bien el estándar
internacional enfatiza la restricción de la jurisdicción militar en tratándose
de violaciones a derechos humanos, es relevante acotar su alcance en delitos que
vulneran bienes jurídicos exclusivamente castrenses, cuya persecución interesa
a la sociedad.
Además,
si se considera que las instancias castrenses de procuración y administración
de justicia no otorgan garantías orgánicas de independencia e imparcialidad, es
posible que las acusaciones dirigidas contra militares por este tipo de delitos
en dichas instancias atenten contra el Debido Proceso.
Por
otro lado, un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
Derechos Humanos dice que la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano informar
a más tardar el 3 de agosto y el 5 de octubre sobre las acciones para cumplir
las siguientes reparaciones pendientes:
Una,
adecuar completamente en un plazo razonable el derecho interno en materia de
jurisdicción militar; dos, investigar, juzgar y sancionar los actos de tortura
enunciados por los casos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la desaparición
forzada en el caso Radilla, y las violaciones contra Valentina Rosendo e Inés
Fernández.
Finalmente,
le pide adoptar las medidas necesarias para fortalecer el registro de detenidos
en todo el país, así como reformar el Código Penal Federal para tipificar
adecuadamente la desaparición forzada de las personas.
Por
otro lado, la figura del arraigo en el procedimiento de tribunales militares
abre la puerta a posibles violaciones a derechos humanos, y con carácter de
grave como es la tortura.
En
este caso, el Código Militar establece que el arraigo puede darse incluso para
testigos, algo sumamente grave, cuyo cumplimiento demanda la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, y conste que la figura de
Estado mexicano también incluye al Congreso de la Unión.
La
confianza de la ciudadanía ante las instituciones que deben brindarle seguridad
es prácticamente nula, sobre todo porque el gobierno no ha respondido a quienes
representa, y de ahí la necesidad de realizar la adecuaciones pertinentes a
nuestra legislación para frenar las violaciones a los derechos humanos.
Lo
cierto es que podemos reconocer avances en materia de reformas en el tema de
justicia militar, pero resultan insuficientes, por lo que el proyecto d
iniciativa de Sánchez Orozco, de extracción de Movimiento Ciudadano, propone
que sea considerados delitos contra la disciplina militar “en todos los casos
en que concurran militares y civiles como sujetos activos o pasivos o se violen
derechos humanos”.
Turnado
a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen, el proyecto señala que deberán
ser juzgados por tribunales del Poder Judicial y o por la Justicia Militar.
Al
César lo que sea del César. O todos coludos o todos rabones
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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