¡“Focos rojos” para periodistas!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
En
un evidente acto de intimidación y atentado contra el periodismo, el director
de un periódico de Coahuila fue víctima de una detención arbitraria por parte
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR (FEPADE), increíblemente,
¡por publicar tres años atrás una encuesta sobre el ahora presidente Peña Nieto!,
lo que prendió “focos rojos” en esa actividad.
Y
es que el caso del periodista, a quien nunca habían notificado de la existencia
de algún proceso en su contra, no sólo sugiere una abierta violación a los
derechos humanos, sino el criticable hermetismo de esa dependencia de la PGR, a
la que poco parece importarle el nuevo marco legal sobre el sistema penal
acusatorio.
El
arresto tomó por sorpresa al periodista, que, con más de 40 años de
trayectoria, nunca recibió notificación respecto a algún proceso en su contra
desde el 2012, cuando, en forma extemporánea, publicó la réplica de los
resultados de una encuesta nacional en torno a las elecciones en las que
participó Peña Nieto.
El
día de los hechos, al llegar al periódico, dos personas, con cuyo vehículo
irrumpieron en el estacionamiento del periódico, le dijeron que estaba detenido
por un delito electoral, para lo cual llevaban unas hojas que no le enseñaron.
Lo subieron a una camioneta, y nunca le mostraron la orden de aprehensión.
Hoy
libre con apoyo de un abogado, informó que los agentes de la PGR pretendieron ocultar
la denuncia de los hechos a cambio de su libertad, ya que lo trataron como
criminal en Monclova, pero no lo canalizaron a la Región Centro como correspondía,
sino directamente a Saltillo, pese a que la sede estatal se ubica en Torreón.
Afortunadamente
le dieron “chance” de hacer una llamada, con su jefe directo, para decirle los
pendientes del periódico y que estaba detenido, pero no pudo hacerlo con su
familia, pese a necesitar medicinas contra la depresión por el recién fallecimiento
de un hijo suyo, además de que manipulaban su teléfono.
Aparentemente,
su periódico no cumplió con presentar su informe de metodología de encuesta
ante el entonces Instituto Federal Electoral, sin embargo, pobre argumento de
la PGR para encarcelar al periodista y trasladarlo a un penal de máxima
seguridad como peligroso delincuente por su ejercicio periodístico.
Lo
cierto es que resulta lamentable que se ataque el ejercicio del periodismo por un
tema que bien podría resolverse en forma administrativa, ya que fuera de la
cárcel abundan muchos criminales, secuestradores, violadores y demás, como para
proceder con vicios de procedimiento, frente a lo que la mayoría de periodistas
se siente vulnerable, lo que no merece.
Lamentablemente,
cualquier colega puede ser víctima de una detención arbitraria, y no debemos
permitir que se nos trate de esa manera, que se nos tache como delincuentes,
como en Coahuila, donde la subdelegada de la PGR, María Bueno Páez, dijo
desconocer los hechos, pero que la información de la prensa era mentira y canalizó
a los reporteros al área de Comunicación Social de la PGR en Torreón.
Esta
evidente irregularidad en materia de información es recurrente en la dependencia,
cuya subdelegada, tras 20 horas del arresto del periodista, dijo carecer aún de
información, y que para alguna entrevista con su superior inmediato, el
delegado, era necesario enviar las preguntas por correo para ser reenviadas a
la ciudad de México para su eventual autorización.
Ante
lo ocurrido, el diputado federal de ese Estado, Armando Luna Canales -de los
que SÍ se ocupan de sus gobernados- canalizó a su Cámara una iniciativa de
decreto para reformar el Código Penal Federal y las leyes generales en Delitos
Electorales y de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A
punto de aprobarse, el proyecto no pudo llegar en mejor momento, ya que
difundir por cualquier medio un sondeo electoral durante el periodo de “veda”,
es decir, durante tres días previos a la elección, o bien –según la Ley General
de Delitos Electorales- durante los ocho días previos el Código Penal Federal
lo marca como un delito que, además de multa, implica posible cárcel hasta por
tres años.
La
disposición obedece a la necesidad de respetar el voto libre de todos, como
privilegio de uno de los principios básicos de nuestro sistema electoral,
aunque su sanción penal como restricción de la libertad de expresión es un
derroche, un exceso de coerción de parte de las autoridades y de nuestro
sistema legal hacia una acción que, reprochable, cierto, no debiera hacerse vía
ámbito penal.
La
ley contemplan la posibilidad de sanciones económicas, multas y de otro tipo en
el ámbito administrativo en una situación tan sencilla como “retwitear” o
compartir esas encuestas que, empero, pudieran haberse elaborado y difundido legalmente
durante el proceso electoral o la campaña.
Hacerlo
durante el periodo más inmediato implica la posible comisión de un delito
sencillamente por compartir una opinión o una publicación.
El
caso pudiera parecer hipotético, pero lo vemos materializado en el caso de Coahuila,
donde el periodista enfrentó la posibilidad de cárcel hasta de tres años por un
análisis de encuestas que se presentaron durante la campaña, ese periodo de
reflexión, ocho días previos a la elección.
Con
todo, resulta excesiva esta sanción en el ámbito penal, opinión que comparten no
pocos abogados, y de ahí las bondades de la iniciativa, en el sentido de que una
instancia administrativa aplique una sanción que pudiera ser económica, y dejar
en la esfera penal las conductas que realmente lesionen el bien jurídico
tutelado, conductas que afectan la voluntad de los electores y que en verdad
ponen en riesgo un proceso electoral.
Restringir
innecesariamente la libertad de expresión y, sobre todo, poner en riesgo a
personas que de manera inocente pudieran compartir esas encuestas o sondeos de
opinión a través de sus redes sociales o cualquier otro medio, constituye un
exceso que existe la posibilidad de corregir.
La
iniciativa de Luna Canales, por cierto presidente de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara, se turnó a las Comisiones de Gobernación y de Justicia
para su dictamen, apoyada, entre otros por los diputados Bárbara Botello
Santibáñez
y Alfredo Basurto Román, quien reconoció que hoy en día implica un riesgo para
los periodistas hablar y decir la verdad.
En
efecto, de ahí las graves estadísticas de periodistas desaparecidos por todo el
país, particularmente del Estado priísta de Veracruz, aunque debemos tener
cuidado en Quintana Roo, donde la proximidad de los procesos implica una serie
de riesgos ante los evidentes intereses en juego, sobre todo en el caso de la
gubernatura.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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