¿Desaparecerá polémica figura del arraigo?

                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con sólo unas horas de diferencia entre las Cámaras del Congreso de la Unión, la diputada federal perredista Maricela Contreras Julián volvió a poner nuevamente en alto el nombre de una mujer, al presentar trascendental, novedosa iniciativa para la desaparición de la polémica figura del arraigo, considerada violatoria de los derechos humanos, incluso en foros internacionales.

Si bien la propuesta de la senadora Martha Tagle Martínez para reformar la Ley Orgánica del Congreso General sobre los partidos políticos levantó profunda ámpula en la víspera, la de Maricela Contreras trascendió en todos los ámbitos, ante la próxima puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio en todo el país, que incluye esa cuestionable figura “legal”.

Ahora bien, ¿Por qué nace el arraigo? Ante un precario trabajo de investigación por parte de los órganos de inteligencia, buena parte de los procesos penales se basaban en la confesión, por lo que las procuradurías de justicia le apostaban a mantener encerrados a los sospechosos de delitos federales -principalmente, crimen organizado-, hasta por 80 días, pero sin pruebas.

El profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Caballero, explica que el arraigo es una deficiencia quienes hacen una investigación criminal, ya que -inclusive hasta hoy- no pocos dependen completamente de las confesiones, y de ahí que si se le quita a una procuraduría ya no sabe qué hacer. Lo que se necesita son investigaciones de mejor calidad.

La figura surgió en septiembre de 2005 con reforma a la Constitución, y se ratificó en 2008, aunque no fue sino hasta el 2011 cuando se observó la gravedad de su impacto, al revelarse cuántas personas habían sido arraigadas, ya que la PGR le daba vueltas a la pregunta.

Así, con apoyo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, un recurso de revisión y nueve meses de espera, la PGR informaría que entre 2006 y 1010, con un gasto de $47.8 millones, la entonces SIEDO había arraigado a 4 mil 701 personas, mientras que la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, había arraigado (2004-10) a más de 7 mil “sospechosos”, con un gasto de $27.7 millones.

Lo que es peor, que el arraigo tenía un objetivo meramente confesional, ha llevado a múltiples denuncias de abusos de autoridad y tortura. Asimismo, el hecho de que las directrices y requerimientos para que se otorgue sigue sin en la opacidad y baste sólo la sospecha para que se conceda, ha llevado a un sinnúmero de quejas desde el ámbito de los derechos humanos.

 Al turnar a dictamen la iniciativa de desaparición a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside Alejandro Sánchez Camacho (PRD), la Cámara de Diputados tiene un enorme reto y trabajo en materia de derechos humanos, circunstancia que le obliga a actuar con mucha responsabilidad, honestidad y, sobre todo, un enorme sentido de congruencia entre palabras y hechos.

Esas razones obligan a proponer derogar el arraigo de la Constitución por tratarse de un esquema de retroceso que atenta claramente contra la presunción de inocencia, y aberración jurídica en el sistema de protección de los derechos  fundamentales de nuestro orden normativo.

Cientos de testimonios de víctimas de arraigo evidencian sus peligros, por lo que también recomendaciones internacionales exigen que se derogue, toda vez que se han documentado casos de arraigados que nunca saben de qué se les acusa y sufren golpes o confinamiento con tal de declararse culpables o incriminar a personas de las que jamás han oído hablar, además de propiciar tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Tan sólo en el sexenio anterior, conforme a organismos de la sociedad civil, el gobierno de Felipe Calderón arraigó a alrededor de 8 mil personas bajo orden federal, lo que constituye un amplio universo de personas que sufrió de manera directa actos que atentan contra sus derechos fundamentales.

En el gobierno de Peña Nieto se han registrado más de 900 arraigos, y también se ha puesto de manifiesto su ineficacia para la acción penal, por ejemplo en los casos de ex gobernador tabasqueño Andrés Granier o de “El Mechito” Rubén Oseguera Gonzáles, a quienes hasta hoy no ha podido la PGR fincarles responsabilidad penal, o bien en el caso de Iguala, donde, a pesar a haber varios arraigado, no se sabe de resultados  justos.

Federación y algunos gobiernos locales lo justifican escudándose en la lucha contra el narcotráfico o que se protege a la ciudadanía de la inseguridad, aunque lo único cierto es que de ninguna manera puede ser instrumento para avalar o velar la seguridad o justicia, pues sólo genera nuevas víctimas, independientemente de responsabilidad o no en los delitos que se les imputa.

Pero además, constituye una decisión discrecional del Ministerio Público, ya que, así como carece de algún parámetro para solicitarlo, el juez tampoco cuenta con elementos objetivos para otorgarlo o negarlo, toda vez que no requiere documentarse ninguna acusación o pruebas convincentes para plantear una orden de arraigo.

Estas consideraciones conllevan a justificar la propuesta de Maricela Contreras, en el sentido de derogar esa figura jurídica para evitar una esquizofrenia jurídica en la Constitución, y no andar con medias tintas en el respeto de los derechos humanos.

En efecto, resulta ilógico, por un lado, permitir principios tan importantes como presunción de inocencia, progresividad de derechos y apelación de normas, que en mayor medida benefician a las personas, y por otro lado, tolerar figuras que violan sistemáticamente los derechos humanos. Sólo simboliza abuso de autoridad, arbitrariedad del Estado y atentado contra los derechos humanos.

Más allá de la iniciativa, la legisladora anunció que solicitaría al Senado devolver la minuta de reformas que aprobó la anterior legislatura para reducir los días en que se puede arraigar, 40 con posibilidad de ampliarse, a 20 días con las mismas posibilidades.

Para ese efecto, pedirá apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de la Academia de Derechos Humanos y organismos internacionales en la materia, que se han manifestado en contra de que el arraigo se incluya en el orden constitucional.

La propuesta es devolver esa minuta con la derogación total de la figura de arraigo, lo que es comprensible, ya que, repetimos, no es posible solapar actitudes que escatimen el respeto de los derechos fundamentales, para lo cual hay que ser congruentes y actuar en consecuencia.

En marzo de 2014, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, México rechazó abrogar el arraigo durante la búsqueda de pruebas de un delito: “El Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del arraigo”, afirmó un documento, con una fórmula que en la jerga diplomática señala el rechazo de una solicitud.

Así, México cerraba la puerta a recomendaciones de Alemania, Austria y Bélgica, en el sentido de abolir esa práctica criticada por organismos de defensa de derechos humanos.

Las recomendaciones se formularon el año anterior, durante el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, al que todos los miembros de la ONU están obligados a someterse cada cuatro años.

La entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ahora diputada por el “Verde” Ecologista, Lía Limón García, afirmó que las medidas de arraigo en 2013 se redujeron 50% respecto a años anteriores. El plazo máximo de privación de la libertad durante la búsqueda de pruebas era de 80 días, con proyectos legislativos para reducirlo a 35.

         ¿Continuará la necedad mexicana tras 10 años de injusticias?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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