Se hunde el IMSS: ¡Escándalosa corrupción!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Sumado
a irregularidades financieras que detectó la Auditoría Superior de la
Federación en el IMSS por más de 1,184 millones de pesos a nivel nacional, en
Quintana Roo se hizo pública una grave denuncia por el presunto desvío de 57
millones de recursos federales, así como por negligencia médica y hostigamiento
laboral sistemático.
Como
era de esperarse, el caso de la entidad fue en el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar No. 1 de Chetumal, y presentó la denuncia Quintana Roo, el
enfermero general de base Edwin Ricardez Meneses, quien expuso irregularidades
clave en el nosocomio.
Además,
como publicamos, en semanas anteriores también se destapó de manera pública
fuerte señalamiento de constructores, hoteleros y restauranteros del sur de
Quintana Roo, que denunciaron formalmente la operación de una presunta red de
corrupción y extorsión en la Subdelegación de Chetumal.
Sin embargo, a toda esta red de corrupción, la postura del titular del IMSS en Quintana Roo, Víctor Gasca Martínez -encabeza el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada- sigue una línea constante ante los múltiples escándalos en Chetumal: Silencio institucional y evasión directa.
En torno al reciente caso, profusamente difundido por redes
sociales, Ricardez Meneses señala que los 57 millones de pesos extraordinarios
debieron ser para remodelar y equipar áreas críticas -como hospitalización,
aislamiento, cuidados intensivos y ambulancias-, pero obras y equipamientos habrían
sido simulados, lo que pone en riesgo la vida de pacientes graves.
Sobre
acoso y hostigamiento, el trabajador afirma sufrir represalias constantes por
parte de los mandos del hospital tras haber denunciado previamente un brote
epidemiológico y deficiencias sanitarias en la institución.
Como
colusión sindical, Ricardez Meneses acusa que, al intentar formalizar su queja
ante el gremio local, sus representantes filtraron el escrito confidencial
directamente a los jefes acusados, dejándolo desprotegido.
La
venganza contra el enfermero no tiene límites. A tres años de un laudo judicial
que ordenó ser reinstalado, acoso y hostigamiento contra él son infernales, de
los que acusa directamente al Subjefe de Enfermería, Juan Carlos Muñoz Góngora,
quien encabeza boicot y acoso laboral, para lo que utiliza la vida de
derechohabientes como arma.
Ante
el cerco de autoridades locales, formalizó sus quejas ante el Órgano Interno de
Control central del IMSS y la Comisión Nacional de Honor y Justicia del SNTSS
en la Ciudad de México, en tanto solicitó la intervención directa de la
presidenta Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora viajera, Mara Lezama, y exige
auditoría física inmediata sobre el destino de los recursos y protección a su
integridad.
Ahor
bien, como publicamos, sobre el modus operandi de los acusados de la Subdelegación,
los afectados acusan a personal de retener intencionalmente trámites gratuitos
o forzar demoras mediante auditorías sorpresivas y amenazas.
El
objetivo de estas trabas burocráticas es exigir pagos “por debajo de la mesa” a
cambio de liberar la “Opinión de cumplimiento” positiva, documento
indispensable para que las empresas locales puedan participar en licitaciones
públicas y contratos gubernamentales.
Las
denuncias públicas apuntan específicamente contra mandos del área
administrativa de la subdelegación, incluyendo a Claudia Teresa Magaña Andrade
(jefa del Departamento de Cobranza) y a Carmen Aguirre García (jefa de la
Oficina para el Cobro a Patrones)
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/09/estallan-en-el-imss-corrupcion-y-pesimo.html
La
red bajo investigación no sólo abarca extorsión a comercios establecidos, sino
también colusión para evasión fiscal, pues funcionarios habrían ayudado a
limpiar de forma irregular el historial de la constructora Grupo Gomelo, que
arrastraba adeudos millonarios.
Mediante
nuevo registro patronal clonado y alterado, se le permitió a la empresa evadir
millonario pasivo y continuar ganando licitaciones públicas, generando un
quebranto patrimonial estimado en más de 145 millones de pesos, ya rastreado con
expediente interno 2025/IMSS/DE2031.
Ante
la presión del Consejo Coordinador Empresarial y los organismos locales, las
quejas escalaron a carpetas de investigación administrativa para deslindar
responsabilidades penales sobre el personal involucrado en los cobros ilegales.
Lo
cierto es que el Seguro Social y el sector salud enfrentan diversas
investigaciones y reclamos por presuntos actos de corrupción, desvío de
recursos y contrataciones irregulares en años recientes a nivel nacional y
estatal.
Como
señalamos líneas arriba, la Auditoría Superior de la Federación detectó
presuntas irregularidades financieras por más de 1,184 millones de pesos,
cuando, recursos originalmente etiquetados y aprobados para estudios de
laboratorio clínico y servicios de anestesia, sen redirigieron sin
documentación legal correspondiente.
Como
destino del dinero, más de 720 millones de pesos se utilizaron indebidamente
para cubrir adeudos de años anteriores, mientras que otros 116 millones se
transfirieron al programa IMSS-Bienestar, con lo que se configuró presunto
desvío de fondos.
La
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal -antes Función Pública-
inhabilitó y sancionó a varias empresas proveedoras, tras descubrirse que
entregaron documentación falsa para ganar licitaciones masivas.
Cuatro
empresas -dedicadas a proveer insumos médicos, cirugías oftalmológicas, banco
de sangre y lavado de ropa hospitalaria- ganaron 342.7 millones de pesos en
contratos, aunque se les sancionó semanas después por fraude documental, los
contratos previos no pudieron cancelarse legalmente, lo que les permitió seguir
cobrando.
Adicionalmente,
empresas como Alta Especialidad de Medicina y Capacitación fueron sancionadas porque
sus accionistas eran simultáneamente servidores públicos activos en el propio IMSS.
En
zonas del Centro Médico Nacional, los propios trabajadores sanitarios han
acudido al Senado y ante el Órgano Interno de Control -bajo folios de
investigación como el 2026/IMS/D3782- para denunciar una red interna de compras
a sobreprecio.
Sobre
insumos “fantasma” y reciclaje, el personal acusó formalmente a directivos
administrativos de obligarlos a reutilizar materiales médicos desechables y de
registrar cantidades falsas en las actas de entrega. Como consecuencias, la
entrega de insumos de pésima calidad o incompletos obligó a enfermeras y
médicos a comprar material especializado de sus propios bolsillos para no poner
en riesgo la vida de pacientes neonatales y críticos.
En
paralelo a los escándalos financieros, sindicatos y trabajadores de la salud
realizan marchas masivas en la Ciudad de México y paros pacíficos en delegaciones
estatales -incluyendo Quintana Roo- bajo consignas como “No hay gasas..., pero
sí corrupción”, con lo que acus que las carencias operativas extremas en
clínicas se justifican institucionalmente por la falta de presupuesto, mientras
las auditorías siguen arrojando multimillonarios desvíos.
Ahora
bien, respecto a las investigaciones en torno a la Subdelegación del IMSS en
Chetumal, hasta el momento reflejan avances respecto a folios, estatus de
sancionados y la situación de las funcionarias señaladas.
Las
denuncias presentadas penal y administrativamente por fraude, clonación de
registros y evasión fiscal, se unificaron bajo el expediente interno
2025/IMSS/DE2031 ante el Órgano Interno de Control.
El
folio rastrea principalmente el quebranto patrimonial superior a 145 millones
de pesos relacionado con el deslinde de pasivos de la constructora Grupo
Gomelo, además de las quejas acumuladas por extorsión a comercios locales -restaurantes
y hoteles- mediante la retención de la Opinión de Cumplimiento.
Sin
embargo, a la fecha, no se han dictado inhabilitaciones definitivas ni
destituciones firmes contra las principales funcionarias señaladas de la
Subdelegación.
Como
parte del protocolo del OIC y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las
áreas señaladas entraron en fase de auditoría física y contable externa, lo que
habitualmente desplaza de firmas operativas a los investigados para evitar la
alteración de archivos y el sistema de Cobro a Patrones.
Los
organismos empresariales de la zona sur del estado han externado su
preocupación por avanzar con lentitud burocrática los procesos del OIC, lo que
ha permitido continuar las presiones hacia algunos contribuyentes que no han
aceptado los esquemas de pago informal.
A
diferencia del personal de la subdelegación, donde el juicio administrativo
sigue abierto, la Secretaría Anticorrupción ya ejecutó sanciones directas a la
red de proveedores externos vinculados a estos movimientos irregulares en el
IMSS, inhabilitando a firmas como Alta Especialidad de Medicina y Capacitación
y Protein por irregularidades de contratos y conflictos de interés con
servidores públicos.
Las
carpetas de investigación continúan abiertas para determinar el grado de
responsabilidad penal de los mandos de Chetumal ante la Fiscalía General de la
República.
Por
otro lado, pese al impacto de las denuncias de extorsión de los empresarios
locales y del escándalo del presunto desvío de 57 millones de pesos en el
Hospital General de Zona No. 1, Gasca Martínez no ha emitido alguna postura
pública firme ni convocado a conferencias para aclarar el destino del dinero.
Internamente,
la directiva estatal ha optado por “lavarse las manos”, con el argumento de que
las investigaciones, como el folio 2025/IMSS/DE2031, corresponden estrictamente
al Órgano Interno de Control central en la Ciudad de México y a la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno, pretexto burocrático con el que la delegación
evita tomar medidas cautelares inmediatas contra los funcionarios señalados.
Personal
afectado y propios denunciantes, como el enfermero Ricardez Meneses, señalan
que, lejos de haber respuesta de apoyo o investigación por parte de las autoridades
del IMSS en Quintana Roo, lo que se ha validado y permitido es hostigamiento
laboral sistemático e imposición de notas de demérito como represalia.
Ante
las crisis generalizadas, la delegación estatal suele recurrir a comunicados
institucionales estándar donde reafirma discursos de supuesta “cero tolerancia
a la corrupción”, pero sin anunciar auditorías internas transparentes o
suspensiones de cargos hacia las jefaturas acusadas de extorsión patronal.
Esta
falta de acciones contundentes por parte de la cúpula del IMSS en el Estado
obligó al Consejo Coordinador Empresarial y a los trabajadores afectados a
brincar la autoridad local para buscar la intervención directa de la gobernadora
Verde Mara Lezama y de las instancias federales en la Ciudad de México.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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