¿Desaparecerá polémica figura del
arraigo?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con
sólo unas horas de diferencia entre las Cámaras del Congreso de la Unión, la
diputada federal perredista Maricela Contreras Julián volvió a poner nuevamente
en alto el nombre de una mujer, al presentar trascendental, novedosa iniciativa
para la desaparición de la polémica figura del arraigo, considerada violatoria de
los derechos humanos, incluso en foros internacionales.
Si
bien la propuesta de la senadora Martha Tagle Martínez para reformar la Ley
Orgánica del Congreso General sobre los partidos políticos levantó profunda
ámpula en la víspera, la de Maricela Contreras trascendió en todos los ámbitos,
ante la próxima puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio en todo el
país, que incluye esa cuestionable figura “legal”.
Ahora
bien, ¿Por qué nace el arraigo? Ante un precario trabajo de investigación por
parte de los órganos de inteligencia, buena parte de los procesos penales se
basaban en la confesión, por lo que las procuradurías de justicia le apostaban
a mantener encerrados a los sospechosos de delitos federales -principalmente,
crimen organizado-, hasta por 80 días, pero sin pruebas.
El
profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
José Antonio Caballero, explica que el arraigo es una deficiencia quienes hacen
una investigación criminal, ya que -inclusive hasta hoy- no pocos dependen
completamente de las confesiones, y de ahí que si se le quita a una
procuraduría ya no sabe qué hacer. Lo que se necesita son investigaciones de
mejor calidad.
La
figura surgió en septiembre de 2005 con reforma a la Constitución, y se ratificó
en 2008, aunque no fue sino hasta el 2011 cuando se observó la gravedad de su
impacto, al revelarse cuántas personas habían sido arraigadas, ya que la PGR le
daba vueltas a la pregunta.
Así,
con apoyo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, un recurso
de revisión y nueve meses de espera, la PGR informaría que entre 2006 y 1010,
con un gasto de $47.8 millones, la entonces SIEDO había arraigado a 4 mil 701
personas, mientras que la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos
Penales y Amparo, había arraigado (2004-10) a más de 7 mil “sospechosos”, con
un gasto de $27.7 millones.
Lo
que es peor, que el arraigo tenía un objetivo meramente confesional, ha llevado
a múltiples denuncias de abusos de autoridad y tortura. Asimismo, el hecho de
que las directrices y requerimientos para que se otorgue sigue sin en la
opacidad y baste sólo la sospecha para que se conceda, ha llevado a un
sinnúmero de quejas desde el ámbito de los derechos humanos.
Al turnar a dictamen la
iniciativa de desaparición a la Comisión de Puntos Constitucionales, que
preside Alejandro Sánchez Camacho (PRD), la Cámara de Diputados tiene un enorme
reto y trabajo en materia de derechos humanos, circunstancia que le obliga a
actuar con mucha responsabilidad, honestidad y, sobre todo, un enorme sentido
de congruencia entre palabras y hechos.
Esas
razones obligan a proponer derogar el arraigo de la Constitución por tratarse
de un esquema de retroceso que atenta claramente contra la presunción de
inocencia, y aberración jurídica en el sistema de protección de los
derechos fundamentales de nuestro orden
normativo.
Cientos
de testimonios de víctimas de arraigo evidencian sus peligros, por lo que
también recomendaciones internacionales exigen que se derogue, toda vez que se
han documentado casos de arraigados que nunca saben de qué se les acusa y
sufren golpes o confinamiento con tal de declararse culpables o incriminar a
personas de las que jamás han oído hablar, además de propiciar tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes.
Tan
sólo en el sexenio anterior, conforme a organismos de la sociedad civil, el
gobierno de Felipe Calderón arraigó a alrededor de 8 mil personas bajo orden
federal, lo que constituye un amplio universo de personas que sufrió de manera
directa actos que atentan contra sus derechos fundamentales.
En
el gobierno de Peña Nieto se han registrado más de 900 arraigos, y también se
ha puesto de manifiesto su ineficacia para la acción penal, por ejemplo en los
casos de ex gobernador tabasqueño Andrés Granier o de “El Mechito” Rubén
Oseguera Gonzáles, a quienes hasta hoy no ha podido la PGR fincarles
responsabilidad penal, o bien en el caso de Iguala, donde, a pesar a haber varios
arraigado, no se sabe de resultados justos.
Federación
y algunos gobiernos locales lo justifican escudándose en la lucha contra el
narcotráfico o que se protege a la ciudadanía de la inseguridad, aunque lo
único cierto es que de ninguna manera puede ser instrumento para avalar o velar
la seguridad o justicia, pues sólo genera nuevas víctimas, independientemente
de responsabilidad o no en los delitos que se les imputa.
Pero
además, constituye una decisión discrecional del Ministerio Público, ya que,
así como carece de algún parámetro para solicitarlo, el juez tampoco cuenta con
elementos objetivos para otorgarlo o negarlo, toda vez que no requiere
documentarse ninguna acusación o pruebas convincentes para plantear una orden
de arraigo.
Estas
consideraciones conllevan a justificar la propuesta de Maricela Contreras, en
el sentido de derogar esa figura jurídica para evitar una esquizofrenia
jurídica en la Constitución, y no andar con medias tintas en el respeto de los
derechos humanos.
En
efecto, resulta ilógico, por un lado, permitir principios tan importantes como
presunción de inocencia, progresividad de derechos y apelación de normas, que
en mayor medida benefician a las personas, y por otro lado, tolerar figuras que
violan sistemáticamente los derechos humanos. Sólo simboliza abuso de autoridad,
arbitrariedad del Estado y atentado contra los derechos humanos.
Más
allá de la iniciativa, la legisladora anunció que solicitaría al Senado devolver
la minuta de reformas que aprobó la anterior legislatura para reducir los días
en que se puede arraigar, 40 con posibilidad de ampliarse, a 20 días con las
mismas posibilidades.
Para
ese efecto, pedirá apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de la Academia
de Derechos Humanos y organismos internacionales en la materia, que se han
manifestado en contra de que el arraigo se incluya en el orden constitucional.
La
propuesta es devolver esa minuta con la derogación total de la figura de
arraigo, lo que es comprensible, ya que, repetimos, no es posible solapar
actitudes que escatimen el respeto de los derechos fundamentales, para lo cual
hay que ser congruentes y actuar en consecuencia.
En
marzo de 2014, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, México
rechazó abrogar el arraigo durante la búsqueda de pruebas de un delito: “El
Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del
arraigo”, afirmó un documento, con una fórmula que en la jerga diplomática
señala el rechazo de una solicitud.
Así,
México cerraba la puerta a recomendaciones de Alemania, Austria y Bélgica, en el
sentido de abolir esa práctica criticada por organismos de defensa de derechos
humanos.
Las
recomendaciones se formularon el año anterior, durante el Examen Periódico
Universal sobre derechos humanos, al que todos los miembros de la ONU están
obligados a someterse cada cuatro años.
La
entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ahora
diputada por el “Verde” Ecologista, Lía Limón García, afirmó que las medidas de
arraigo en 2013 se redujeron 50% respecto a años anteriores. El plazo máximo de
privación de la libertad durante la búsqueda de pruebas era de 80 días, con proyectos
legislativos para reducirlo a 35.
¿Continuará la necedad mexicana tras 10 años de injusticias?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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