En primera fila
¡A tapar el pozo!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La
Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Human Right Watch (HRW) y la Oficina
de Washington para América Latina (WOLA) solicitaron desde el 20 de junio de
2013 al gobierno de Peña Nieto investigar de manera exhaustiva e imparcial el
asesinato de tres activistas políticos en Guerrero, ya que las éstos temían por
su vida, específicamente a manos de funcionarios locales.
Las
víctimas fueron Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel
Román Ramírez, encontrados muertos sobre una autopista, en un hecho que
involucraba directamente al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca
Velázquez, ahora prófugo de la justicia. Previo al hallazgo, los hoy occisos
habían desaparecido tras bloquear la autopista en protesta contra la política
del gobierno local.
En
documento enviado al Gobierno Federal antes de esos crímenes, Human Right Watch
decía tener un fundado temor de que Abarca Velázquez pudiese ordenar asesinar a
los dirigentes de las distintas organizaciones del referente social Unidad
Popular, en una de tantas señales de que en Iguala las cosas no marchaban bien,
consigna una información del portal SinEmbargo http://www.sinembargo.mx/09-10-2014/1138521
Los
ataques armados de Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre último, en
el que fallecieron seis personas y mantienen en vilo el paradero de 43
estudiantes normalistas, se pudieron evitar si las autoridades no hubieran sido
omisas en investigar al alcalde con licencia de ese municipio,
Como
diría el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo en la reciente sesión de su
Cámara, hay muertes que se llevan pedazos del alma y dejan profundo dolor, más aun
cuando son producto de un crimen, y los criminales gozan de impunidad. Las
huellas de estos miserables crímenes son tan profundas que los criminales no
podrán ocultarlas.
Lamentablemente,
las matanzas, genocidios de nuestro país han quedado en la impunidad
prácticamente, la primera de ellas del dos de octubre 1968, de estudiantes en
Tlatelolco, del que hasta hoy el Estado mexicano se ha negado a una Comisión de
la Verdad para dar con los responsables y castigarlos.
La
sangrienta, impune lista continúa con la de junio de 1971, con la matanza de
estudiantes; junio 1995, de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero; diciembre de
1997, de indígenas en Acteal, Chiapas; junio 1998, de campesinos en El Charco,
Guerrero; febrero 2006, muerte de mineros, en Pasta de Conchos, Coahuila; y diciembre
2011, asesinato de dos estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa.
A
la lista se suma la del 26 de septiembre, sobre la cual el Senado discutió el
rumbo que le darían al caso para no quedar en la impunidad, y que ésta no siga cabalgando
sin control a lo largo del país, ante la pasividad de quienes tienen la
obligación de combatirla sin miramientos por el bien del pueblo y no del
interés político, que traería como consecuencia una cloaca imposible de contener
por su acumulación de saciedad, producto de la impunidad y corrupción.
México
ha padecido éstas por años y años de regímenes autoritarios que encontraron la
salida para silenciar los reclamos de una sociedad en la implementación del
terror a través del encarcelamiento, la fabricación de delitos, desapariciones
forzadas y masacres como la de Iguala.
En
este terrible caso murieron seis personas -tres estudiantes-, resultaron 20
heridos y había 57 desaparecidos, lo que sólo puede calificarse como crimen de
Estado, crimen de lesa humanidad que no debe quedar impune e investigar hasta
sus últimas consecuencias por el bien del país. Se debe encontrar la verdad
histórica y deslindar responsabilidades hasta dar con los responsables
materiales e intelectuales y castigarlos en forma ejemplar.
Hay
preguntas que se hace el pueblo, y es necesario aclararlas aunque duela, ya que
tratar de tapar el sol con un dedo solo agravaría el problema y traería una
reacción ciudadana de consecuencias impredecibles.
¿Por
qué no actúo el Gobierno Federal si la PGR y Gobernación tuvieron conocimiento
del secuestro inicial de Hernández Cardona a través de una declaración notarial
firmada por uno de los sobrevivientes del secuestro colectivo? ¿Quién ordenó el
secuestro y tortura? ¿Quién lo ejecutó?
La
respuesta del titular de Gobernación al denunciante fue “lo voy a revisar”. ¿Cuántas
veces se han escuchado estas respuestas de funcionarios de todos los niveles a quienes
se acercan a pedir justicia? Como dice
el pueblo, “hasta que se ahoga el niño quieren tapar el pozo”.
Ahora
sí, la PGR atrajo el caso, la Gendarmería
Nacional tomó el control de la seguridad en Iguala, Monte Rubido ya volteó los
ojos a Iguala, Ahora sí, después del crimen perpetrado contra 43 normalistas,
la Federación toma las riendas de Iguala.
¿Por
qué hasta ahora? Son las preguntas reiteradas que el pueblo de Guerrero y México se hacen con profunda tristeza, pero
también con profunda indignación.
Ante
estos momentos de dolor colectivo por la muerte de ciudadanos y estudiantes de
Ayotzinapa, los legisladores no le debe regatear al pueblo la exigencia de
justicia, hasta dar con el paradero de los responsables, sean quienes sean y vengan
de donde vengan, para llevarlos ante la justicia para mitigar en algo el
profundo dolor de familiares y pueblo, ante la muerte de profesores en ciernes,
cuyo único delito era exigir mejores condiciones en el proceso de aprendizaje
para ser mejores maestros de México.
Por
todos los muertos de la histórica Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, existe
el deber ético y político de honrarlos y exigir que se castigue con todo el
rigor de la ley a los asesinos materiales e intelectuales, aunque también justicia
para los muertos de México 68 y 71, Agua Fría de Oaxaca, Aguas Blancas y El
charco, Guerrero; Acteal, Chiapas, San Salvador Atenco; de la APPO, de Oaxaca, y
Pasta de Conchos, entre los más conocidos.
Sólo
así, los muertos podrán descansar, y el pueblo…, tal vez vivir con un poco de
tranquilidad.
(Permitida la copia,
publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre
de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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