En
primera fila
¡Pobres periodistas!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Involuntariamente
opacado por la desaparición de los normalistas de Iguala Guerrero, el reciente
secuestro y asesinato de la reportera ciudadana de “Valor por Tamaulipas”, María
del Rosario Fuentes Rubio, prácticamente pasó a segundo término, si no es que
en el olvido, en un hecho que obliga a voltear los ojos en torno a los crímenes
y violencia contra periodistas.
La
infortunada joven sólo cometió el “pecado” de informar sobre la violencia del
narcotráfico en Tamaulipas desde una cuenta de twitter, aunque el día 17 por la
madrugada ésta se actualizó con una foto de su cadáver y varias publicaciones
donde se despide y pide perdón a sus familiares.
Los
hechos no son ninguna novedad para esa entidad que gobierna el priísta Egidio
Torre Cantú, ya que en septiembre del 2011 ocurrió un hecho similar, entonces
en Nuevo Laredo, donde fue asesinada la bloguera y periodista María Elizabeth
Macías, conocida como “La Nena de Laredo”, jefa de redacción del diario Primera
Hora.
María
Elizabeth fue encontrada decapitada, al lado de un teclado de computadora, un
reproductor de discos y varios cables, así como de un cartel que decía: “Ok
Nuevo Laredo en vivo y redes sociales. Yo soy la nena de Laredo y aquí estoy
por mis reportes y los suyos… para los que no quieren creer, esto me pasó por
mis acciones, por confiar en SEDENA y MARINA… Gracias por su atención Atte: La
Nena de Laredo… ZZZZ”.
A
más de tres años de distancia, el resultado de las “investigaciones”, como muy
probablemente ocurra con las de María del Rosario Fuentes, ha sido cero
avances, al igual que en los casos de otros 12 periodistas masacrados y otros
dos desaparecidos por posibles represalias a su labor informativa en esa
violenta entidad en un lapso de 14 años, según documentó Artículo 19.
El
crimen organizado se placea tranquilamente ante la pasividad del gobierno de
Egidio Torres, quien también fue víctima de ella en junio del 2010, cuando fue
sospechosamente asesinado su propio hermano, Rodolfo Torres, entonces candidato
a la gubernatura por la coalición “Todo Tamaulipas” (PRI- Verde-Panal), seis
días antes de las elecciones. Aquél lo terminó supliendo.
Ahora
bien, la pregunta obligada es por qué hemos caído tan bajo en México, a grado
tal que, inclusive, en materia de democracia se nos compara con Honduras,
mientras que en libertades nos incluyen entre los países con mayor impunidad en
ataques a periodistas y defensores de derechos humanos.
En
ese renglón sólo estamos “mejor” que Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka,
Colombia, Afganistán y Tailandia, con el agravante de que, por ejemplo, el
también violento país de Colombia ha mejorado, y nosotros deteriorado.
En
efecto, el deterioro en las libertades es un grave problema de ética política,
pero también foco “rojo” que anuncia ingobernabilidad. Donde hay prensa libre y
se pueden defender con seguridad los derechos humanos, no habrá
ingobernabilidad, y prueba de ello es que en ningún país con prensa libre ha
habido revolución.
En
los últimos 12 años, hasta junio de 2013, según los datos de la Fiscalía
Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión, se
han registrado 95 homicidios, impunes en su inmensa mayoría, y aunque se ha
aprobado la Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, con mecanismos de protección, su arranque ha sido deficiente.
Las
causas de violencia e intimidación de periodistas son diversas, una de ellas
ligada a acciones del crimen organizado, aunque otra parte equivalente por
razones vinculadas con la corrupción, violación de derechos humanos y política.
Cierto
que el problema es muy complejo, pero sería peor quedarnos como estamos, es
decir, con una Fiscalía y ley insuficientes, con procesos de degradación social
y política que siguen su curso y con nuevos riesgos que podrían agravar la
situación, incluso desestabilizar la democracia.
Empero,
las acciones a las que han sometido a algunos periodistas y medios informativos
de mayor prestigio deberían alertar, por ejemplo el hasta hoy impune asesinato
de la periodista Regina Martínez Pérez, de Proceso, en abril de 2012, en Xalapa
¿Qué impide ir al fondo?
Preocupan
hechos de los últimos meses, entre ellos las intimidaciones contra la ejemplar periodista
Carmen Aristegui, aunque, en términos generales, estamos frente a asuntos
políticos cruciales, que son responsabilidad directa de gobierno.
Si
se clausuran los espacios de libertad y autonomía, ¿qué alternativa tendrán los
ciudadanos, medios, oposición política y social, obispos, ONG´s de derechos
humanos y autoridades honestas para defender las libertades y preservar el
orden constitucional?
Más
allá de la necesaria revisión y fortalecimiento en la Fiscalía y del mecanismo
de protección que corresponde a la Secretaría de Gobernación, la propuesta y
demanda al presidente Enrique Peña Nieto es una definición política a fondo en
favor de la libertad, acompañada de acciones consecuentes.
Según
planteara el senador perredista Manuel Camacho Solís, una de ellas sería que el
mandatario comunicara a todas las autoridades políticas su decisión de dar
seguimiento a los casos en curso; proceder contra cualquier acción contraria al
libre ejercicio de los periodistas y defensores de derechos humanos y su
determinación de utilizar su autoridad contra cualquier responsable político
que tolere o proteja estas acciones.
Para
ese efecto, el gobierno debiera aclarar algún caso para sentar precedente, por
ejemplo el de María del Rosario Fuentes o el de Regina Martínez -todos merecen
ser resueltos-, a efecto de que si existe alguna responsabilidad política, ésta
se sancione, y de no existir, también se aclare.
El
asunto de Carmen Aristegui y de cualquier otro en circunstancias semejantes no debiera
tomarse a la ligera, ya que defender los espacios de libertad es crucial para
la democracia y la estabilidad política.
Por
otro lado, el gobierno debe cumpla su compromiso de la reforma constitucional
de Telecom para fortalecer la competencia, mejorar los contenidos, mantener
abierto el Internet, no criminalizar la protesta social y regular a fondo la
publicidad gubernamental, conforme al compromiso del propio presidente de la
República.
Finalmente,
los legisladores federales debieran pugnar por la creación de un comité asesor
externo de expertos e instancias especializadas en la defensa de las libertades
y los derechos humanos para dar seguimiento a los compromisos del Ejecutivo a
favor de la libertad.
¿Qué
lo impide cuando 95 periodistas han sido asesinados y todos los casos permanecen
impunes? ¿Qué impide una respuesta política a la altura del problema de parte
del presidente, los legisladores, procuradores, gobernadores y responsables de
la seguridad y justicia? No hay tiempo que perder.
Si
los congresos locales aprobaron en horas la Reforma Energética, con la misma
urgencia y contundencia debieran atender estos riesgos de la política interna:
Hay que contener los impulsos cortesanos y autoritarios, y nada más eficaz para
ello que asegurar la libertad, según punto de acuerdo que propusieron los
senadores Dolores Padierna, Layda Sansores, Gabriela Cuevas, Lorena Cuéllar,
Adriana Dávila y Luz María Beristáin.
(Permitida la
copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del
nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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