En
primera fila
¿Otro Iguala en ciernes?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El
tema de Ayotzinapa, en Iguala, puso en las notas nacionales y extranjeras las
violaciones recurrentes de los órganos policíacos en México, un tema delicado
porque México está siendo observado por todos los órganos de organismos de
derechos humanos, aunque el gobierno de Guerrero lo atribuya a que esa ciudad
no pertenecía al modelo de mando único policial.
No
obstante, si bien éste pretende resolver de manera integral el problema de la
inseguridad, su implementación ha generado en muchos casos problemas de graves violaciones
a los derechos humanos, desde detenciones arbitrarias, violaciones a la
integridad personal y privación ilegal de la libertad, hasta lesiones, tortura
y, en casos más graves, homicidios y desaparición forzada.
El escenario se complica cuando los
sucesos se multiplican.
En este sentido cabe la imperiosa necesidad de analizar la
conveniencia de generar una comisión especial que atienda los casos donde se
victimice a ciudadanos inocentes o se violen derechos fundamentales de
imputados en un proceso penal o administrativo.
Para ese efecto, el derecho a la integridad personal está
plenamente reconocido en los artículos 14, párrafo II; 16, párrafo I; 19,
último párrafo, y 22, párrafo I de la Constitución Política.
Asimismo, figura en los siguientes instrumentos
internacionales: Artículos 7, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; 5.1, 5.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 5
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, del Código de la Conducta
para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y 1.2 de la Declaración
sobre la Protección de personas, contra las desapariciones forzadas, en la
declaración de principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso del poder, expedida por la ONU en 1985.
Por otro lado, en las actuaciones
irregulares policíacas del mando único, la prohibición de la tortura es un
derecho constitucional consagrado en 3 preceptos: Artículo 20, apartado b),
como un derecho del detenido a no ser torturado; el 22, que prohíbe conductas
contrarias a la integridad personal, y el 19, que prohíbe malos tratos en
detenciones.
Asimismo, México es parte de tratados
internacionales sobre prohibición de la tortura, la Convención contra la
Tortura, Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes de 1984, basada ésta en
la Declaración sobre la Protección contra la
Tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas ratificas
por México y establecidas en la obligación de adoptar medidas efectivas para
prevenir y sancionar la tortura y establecerla como delito.
Sin respeto a los derechos humanos,
ningún gobierno puede sustentar una verdadera estrategia de seguridad, ya que
se desvirtúa por sí misma al generar culpables bajo el pretexto genérico y
constante de que todos los detenidos pertenecen a células delincuenciales o crimen
organizado y, bajo método de tortura, obtener declaraciones de culpabilidad, en
la mayoría de los casos de personas inocentes.
Esto no solamente ocurre en Michoacán o
Guerrero, sino también en el Estado de Morelos, donde existe crisis de
seguridad desde 1997, cuando se depuso el entonces gobernador, general Jorge
Carrillo Olea, como responsable de una ola de secuestros.
Para mala fortuna morelense, después llegó
el gobernador Sergio Estrada Cajigal y su tristemente célebre coordinador
general de Policía Ministerial, con quienes se dio una enorme fabricación de
delitos con inocentes en las cárceles por confesiones que se les arrancaron
mediante la tortura.
Además de éstos, otro caso específico
se generó en abril de 2013 contra Fermín Medina Montes, Arturo Patiño Ocampo,
Luis Alejandro Alcántara Estrada y Pablo
Villegas Montes de Oca, a quienes policías del Mando Único de Seguridad en
Jiutepec detuvieron para revisión “de rutina”, pero los agredieron, subieron a
las patrullas y pusieron boca abajo con el rostro cubierto con golpes en
diversas partes, mientras que el calor de la lámina de las unidades les provocó
quemaduras de segundo y tercer grados que requirieron injertos de piel, lo que
calificó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con
expediente 298/2014-6.
A partir de evidencias, se advirtieron
violaciones a sus derechos humanos, consistentes en violación a su integridad,
tortura y tratos crueles e inhumanos derivados del ejercicio indebido de la
función pública, hechos constitutivos de delitos, registrados con el número
SS01/94/2014.
El 25 de junio de 2013 se dio un nuevo
caso de detención arbitraria y violación al derecho a la integridad y seguridad
personal, ejercicio indebido de la función pública e incomunicación contra
Gerardo Cruz Luna, José Luis y Eliseo Chávez Arredondo, a quienes detuvieron en
la zona oriente de Morelos, con lo que sumaban 95 casos debidamente
fundamentados en los expedientes de la Comisión de Derechos Humanos de ese Estado.
Así como estos casos, alarma otra serie
desafortunada de sucesos, como la detención arbitraria de Alma Rosa García Puga
(en Cuernavaca); la tortura contra Suri Lisbeth Vázquez Aguilar y Elpidia
Gutiérrez Mejía (Cuernavaca); el allanamiento de morada, detención arbitraria y
acciones contra Rufino García Hernández, (en la capital del Estado) y otros 32
casos debidamente fundamentados correspondientes al 2014.
También se incluye el sonado asesinato
del perredista Valentín Dámaso González, en el municipio de Xochiapa, donde, por una supuesta falta administrativa,
fue golpeado y cruelmente asesinado el 23 de septiembre último.
Para ese efecto, el senador del PRD, Fidel
Demédicis Hidalgo propuso en su Cámara un Punto de Acuerdo para hacer un
llamado a la Junta de Coordinación Política para generar una comisión especial
sobre atención a ciudadanos por daños e irregularidades cometidos por cuerpos
policíacos del Mando Único, particularmente para las muchas víctimas de
Morelos.
Del mismo modo, planteó exhortar al
gobernador de Morelos. Perteneciente al Movimiento Progresista -PRD, PT y
Movimiento Ciudadano-, Graco Luis Ramírez Abreu, a atender la problemática
generada por la actuación irregular de su Mando Único, atender a las víctimas y
reparar el daño para generar las medidas necesarias para solucionar el
problema.
Asimismo, solicitó exhorta al Congreso
de Morelos, para hacer comparecer al comisionado de Seguridad Pública de esa
entidad para explicar el comportamiento del Mando Único y las denuncias, la atención
de víctimas y el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos a las autoridades responsables.
Como cuarto punto, el legislador pidió
un llamado al Fiscal General de Morelos para acelerar las carpetas de
investigación generadas en la investigación de delitos imputados al Mando Único
y, finalmente, exhortar a Derechos Humanos de Morelos a generar las
recomendaciones necesarias por la violación de derechos humanos.
Parecía sencillo el planteamiento, pero el presidente de la
Cámara en funciones, senador Luis Sánchez Jiménez, irónicamente perredista
también, se limitó a turnar el resolutivo a la Junta de Coordinación Política.
¡De esta manera “intervienen” los legisladores en problemas “menos
complicados”! ¡Imagínese cómo lo harán en el caso de los normalistas asesinados
y desaparecidos de Iguala! ¡Tantas leyes y tratados! ¿Para qué?
(Permitida la
copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del
nombre de su autor)
*Luis Angel Cabañas
Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de
36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de
redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de
Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado
tres libros.
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