¡Cifras “alegres” de Raciel en comparecencia!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Nada nuevo en Quintana Roo, es un paraíso en materia de inseguridad y procuración de justicia, según aseguró ayer el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, al comparecer ante una dócil y bien educada, pero ciega XVIII Legislatura, cuyos diputados podrían ser todo, menos dignos de representar a un Estado que parece vivir en la anarquía.

Con excepción del diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano, quien sí supo para qué citaron al funcionario al Congreso del Estado como parte la glosa del informe de la gobernadora viajera, la Verde Mara Lezama, los demás legisladores, afines a gobierno y aplaudidores de todo lo oficial, el evento caracterizó por la ausencia de la oposición en materia de cuestionamientos.

También como era de esperarse, no hubo absolutamente ninguna alusión al compareciente sobre las cuestionadas docenas de excursiones aéreas gratuitas de la mandataria, pese a que, dígase lo que se diga, la Fiscalía tiene toda la competencia del mundo para investigar e intervenir directamente, claro, si no fuera precisamente “la jefa” la involucrada.

Lo cierto es que el contexto de las dinámicas legislativas destaca por la notoria ausencia de confrontación por parte de la oposición, ya que, además de Pech Várguez, se incluye entre ellos al priísta Filiberto Martínez Méndez y la panista Reyna Tamayo Carballo, por lo que las comparecencias del gabinete y organismos autónomos estuvieron notablemente marcadas por falta de participación activa o ausencia de esos bloques tradicionales en mesas de debate

Así, al no figurar resistencia u oposición partidista consolidada en tribuna, las críticas o señalamientos más álgidos fueron principalmente de tensiones y cuestionamientos internos de los mismos miembros de Morena, combinados con muestras de reconocimiento de aliados y empresariales hacia el desempeño de la Fiscalía en la detención de ciertos delitos.

Más allá de las fuerzas políticas en el Congreso, la verdadera presión se manifiesta externamente con reclamos y protestas de colectivos de familias de personas desaparecidas, que, de manera constante exigen mayor celeridad y consolidación de datos reales en investigaciones. En respuesta, Raciel López ha buscado apaciguar críticas solicitando “voto de confianza” y manteniendo mesas de diálogo directas con colectivos.

En síntesis, durante las comparecencias, la dinámica de los diputados de Morena hacia el Fiscal y otros funcionarios estatales se enfocó en suavizar mesa de debate y matizar críticas, actuando en gran medida como bloque de contención en lugar de ejercer un cuestionamiento severo.

Las intervenciones y posturas de los oficialistas se alinearon bajo directrices de defensa institucional y validación de cifras: Los de Morena se centraron en respaldar los datos que proporcionó el Fiscal, destacando públicamente logros en rubros específicos como cooperación interinstitucional con fuerzas federales -Sedena, Marina y Guardia Nacional- y avances en combate a delitos de alto impacto, como extorsión o “derecho de piso”.

 Ante los pocos cuestionamientos que planteó Movimiento Ciudadano, los diputados de Morena intervinieron para blindar a los comparecientes, a los que se instó a aplicar “oídos sordos" ante críticas que tildaron de “tendenciosas”, con el argumento de que ciertos reclamos carecían de competencia técnica o jurídica.

Preguntas o comentarios de la bancada guinda sirvieron principalmente de plataforma para que Raciel López profundizara en la narrativa de la transformación y el trabajo coordinado con Mara Lezama, minimizando espacios para confrontación directa sobre temas sensibles o investigaciones pendientes.

A diferencia de los bloques de contención que ejerció el oficialismo, Movimiento Ciudadano centró cuestionamientos en deficiencias del sistema de procuración de “justicia” y fallas metodológicas de la Fiscalía.

Sus reclamos e interpelaciones se enfocaron sobre todo en inconsistencias en las cifras, con lo que pusieron bajo la lupa los datos que presentó Raciel López, cuestionando disparidad entre disminución de delitos reflejada en estadísticas oficiales y la percepción real de inseguridad que experimentan los ciudadanos y empresarios en Quintana Roo.

En el renglón de crisis de personas desaparecidas, se unió indirectamente a demandas de colectivos de la sociedad civil, urgiendo a la Fiscalía a dar respuestas claras y eficientes sobre carpetas de investigación estancadas y atención deficiente que reciben familiares de víctimas.

Sobre falta de independencia técnica, Movimiento Ciudadano señaló la subordinación de la narrativa de la Fiscalía General hacia la agenda del Poder Ejecutivo, instando al organismo “autónomo” a no actuar sólo por sus consideraciones o conveniencias de carácter político.

Estos reclamos desataron roces y tensiones en el Congreso del Estado, lo que provocaron que los diputados de Morena reaccionaran blindando a Raciel López e invitándolo a hacer “oídos sordos” ante los señalamientos.

Ahora bien, aunque la polémica de las docenas de vuelos prohibidos de Mara Lezama fue un escándalo político que escaló a nivel nacional, durante la presencia de López Salazar, las preguntas se direccionaron hacia los temas de su competencia directa: Índices de delincuencia, extorsiones y crisis de personas desaparecidas.

         Hasta donde se cree, la Fiscalía mantendría abierta la carpeta de investigación sobre el caso bajo el fuero común, ya que, legalmente, está facultada a indagar si la aceptación de esos vuelos por parte de la funcionaria configura delitos de corrupción de carácter local, como cohecho o conflicto de interés, pues las aeronaves están vinculadas a Pavetx/Seguritech, un proveedor del gobierno estatal.

La pregunta obligada es ¿qué facultades tiene la Fiscalía en torno a los cuestionados vuelos privados de la gobernadora? Tiene plenas facultades constitucionales y legales para investigar de oficio o por denuncia la posible comisión de delitos asociados a los polémicos viajes al extranjero.

Aunque desde el Gobierno del Estado Mara Lezama sostiene que los viajes aéreos no se financiaron con presupuesto público, jurídicamente la procedencia y las condiciones de estos traslados activan las competencias de la Fiscalía local.

En efecto, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Raciel López tiene la facultad de investigar si la aceptación de estos vuelos por parte de la mandataria y su familia constituye conductas tipificadas en el Código Penal del Estado, como cohecho y conflicto de interés.

Respecto al primer caso, puede -y debería- investigar si el uso de las aeronaves representó la recepción de beneficios, “regalos” o favores de particulares en función del cargo público de Mara Lezama.

Respecto a conflicto de interés con carácter delictivo, debería indagar si existe una contraprestación indebida, ya que una de las empresas operadoras que se señalan en los reportes -PAVETX / PAV Tax- está vinculada a Grupo Seguritech, consorcio que recibe millonarias asignaciones en contratos de seguridad y videovigilancia (C4/C5) de la actual administración estatal.

Lo cierto es que, para el esclarecimiento de hechos, el Ministerio Público local cuenta con las atribuciones procesales para recabar evidencia clave, como requerimiento a autoridades federales, solicitar la colaboración del Instituto Nacional de Migración y de la Agencia Federal de Aviación Civil para certificar bitácoras de vuelo, listas de pasajeros y movimientos migratorios.

En caso de judicializarse una carpeta de investigación, la Fiscalía puede requerir -a través de la autoridad judicial federal- acceso a las cuentas bancarias personales de Mara Lezama y sus familiares -como su esposo, Omar Terrazas García- para verificar si el costo de los vuelos realmente salió de su propio bolsillo, como ella afirma, o hubo transferencias irregulares de terceros.

¿Qué NO puede hacer la Fiscalía? No realiza auditorías de presupuesto, una atribución que corresponde directamente a la Auditoría Superior del Estado y, en el ámbito federal, a la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, tampoco tiene facultades de control fiscal para revisar la contabilidad regular o el pago de impuestos de las empresas aéreas privadas comerciales. Esa es una facultad exclusiva del Servicio de Administración Tributaria a nivel federal.

Volviendo al tema de la comparecencia de Raciel López, los cuestionamientos de Pech Várguez se concentraron en ejes prioritarios de justicia y seguridad, como el caso de las personas desaparecidas, donde se cuestionó efectividad de investigaciones y protocolos de búsqueda, exigiendo mayor celeridad, empatía y mesas de trabajo directas con los colectivos de madres buscadoras.

Sobre combate a extorsión y “derecho de piso”, Movimiento Ciudadano pidió resultados más claros y contundentes sobre las denuncias de empresarios por cobros irregulares bajo amenazas en zonas comerciales y obras en construcción.

Por último, en materia de transparencia y combate a la impunidad, exigió garantizar a la Fiscalía actuar con autonomía real y no simular resultados en combate a delitos de alto impacto, además de vigilar mecanismos estadísticos reportados.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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