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¿La Iglesia en manos de Lutero?


                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Un nuevo escándalo estalló en México el  17 de febrero último, cuando el presidente Peña Nieto envió al Senado la terna de candidatos para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir la vacante que dejó la muerte del ministro Sergio Armando Valls Hernández: Se trata de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza.
Según la Presidencia, se trata de tres juristas que destacan por su honorabilidad y competencia, aunque sólo la designación del último de ellos causó indignación. Cónsul de México en Estados Unidos desde el 9 de enero de 2013, pese a su controvertida trayectoria se considera “delfín” del mandatario y, por ende, del propio Senado, de mayoría priísta.
Originario del DF, donde se graduó como Abogado en la UNAM, el funcionario, de 58 años de edad, contra lo que se supone, no milita en el PRI, sino en el PAN, donde inició su carrera con Vicente Fox como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entre 2000 a 2005.
Tras el accidente en el que perdiera la vida el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, Fox lo designó titular en 2005 -le sucedió Genaro García Luna-, y un año después Felipe Calderón lo puso al frente de la PGR en diciembre de 2006, en lugar de Daniel Francisco Cabeza de Vaca.
Una nueva renuncia, el 7 de septiembre del 2009 y Calderón nombró a Arturo Chávez Chávez como su sucesor, aunque el 12 de noviembre de 2009 el Senado lo ratificó como Embajador de México ante el Reino Unido (hasta enero de 2013), y después ante Estados Unidos.
Con vasta experiencia en litigio, al igual que sus competidores –aunque para no pocos, sólo de “relleno”- Fuentes Barrera destaca como catedrático en instituciones de educación superior, y dentro del Poder Judicial Federal, donde se ha desempeñado como Secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, Juez de Distrito, Magistrado de Circuito y hasta hoy Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
Por su parte, Hernández Orozco, abogado por la Escuela Libre de Derecho, ha destacado por la práctica docente en Escuelas y Universidades, y ocupado diferentes cargos en la Federación, entre ellos Secretario de Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado de Circuito; Juez Primero de Distrito y Magistrado de Circuito. Actualmente es Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Aunque Peña Nieto expresó su confianza en que con pleno respeto al principio de división de poderes, el Senado adoptaría la decisión que más beneficie al país, el lunes último, con ocasión de la comparecencia de la terna ante la Comisión de Justicia del Senado, que encabeza el panista Roberto Gil Zuarth, se puso de manifiesto todo el desprecio de la “otra oposición”, del PRD, por la inclusión de Medina-Mora.
La Comisión aprobó finalmente las candidaturas por mayoría. Era de esperarse, ya que, conformada por 15 senadores, seis pertenecen al PRI, cuatro del PAN y sólo tres del PRD. Los otros dos son del Verde y del PT, por lo que siempre aprobará los dictámenes del PRI-Verde con un voto más.
Con todo, los oficialistas, con preguntas a modo para el funcionario, pasaron las de Caín ese lunes, cuando el PRD le leyó la “cartilla” a Medina Mora a través de María de los Dolores Padierna Luna y Angélica De la Peña Gómez, principalmente la primera, ya que Ángel Benjamín Robles Montoya declinó cuestionarlo.
Y es que el artículo 95 constitucional establece que los nombramientos de ministros deben recaer preferentemente en quienes hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, y se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes impecables.
Evidentemente, Medina-Mora no cumple estos requisitos. Por ejemplo, en la PGR utilizó testigos “protegidos”, lo que no sólo derivó en expedientes poco sólidos, como el caso del “Michoacanazo” de mayo del 2009, cuando encarceló a 11 alcaldes, un juez y 16 altos funcionarios, y todo terminó en una farsa, sino que el uso excesivo de aquellos personajes, como “Jennifer”, que resultó estar casi en todos los cárteles de la droga.
Ese exceso de testigos devino en la persecución de adversarios políticos del gobierno panista y contra los que éste consideraba sus enemigos, y no necesariamente contra criminales. Apenas el 11 de mayo de 2014 el ex procurador Jesús Murillo Karam afirmó que ya no se utilizarían porque los delincuentes sólo se acogen al esquema para su beneficio legal.
Una de las acciones de inconstitucionalidad que interpuso Medina-Mora contra una ley de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue contra la Ley de los No Fumadores, porque, supuestamente, no se podía limitar la publicidad de las tabacaleras en eventos deportivos, culturales o sociales, como lo estableció la ley. Siempre defendió a las tabacaleras.
Asimismo, combatió el Código Electoral del Distrito Federal, por lo que interpuso 236 acciones de inconstitucionalidad, 235 de ellas de congresos locales y otra contra el Congreso de la Unión. El caso es que se la pasó litigando contra instituciones legalmente constituidas, y todo el tiempo en pleito con otro de los poderes de la Unión.
Ello obliga a preguntar ¿Cómo enfrentaría como ministro los llamados juicios paralelos o juicios mediáticos, que con bastante frecuencia expuso en los medios de comunicación, la mayoría de las veces para presionar a jueces y ministros de la Corte?
Por otro lado, según los informes de la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos, Medina-Mora tuvo conocimiento de todo el fallido operativo llamado “Rápido y furioso”, al que, incluso, asignó policías para colaborar en el tráfico de armas a México.
El aspirante actuó de manera omisa e incluso cómplice, al permitir que de manera ilegal agencias estadounidenses introdujeran al país centenares de armas que utiliza el crimen organizado para asesinar a nuestros connacionales.
El “currículum” de Medina-Mora incluye haber sido negociador de la Iniciativa Mérida, promotor del intervencionismo de Estados Unidos en México, mientras que como embajador en ese país nunca se supo que hubiera defendido a nuestros migrantes ni que levantara la voz cuando la policía fronteriza asesinaba mexicanos.
Además, en dos de las tres últimas investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos que formuló la Corte respecto a las investigaciones de los casos las 207 detenciones en San Salvador Atenco y las agresiones a la APPO de Oaxaca (2006), aparece como responsable en la línea de mando en sus entonces subalternos.
El primer caso se encuentra actualmente en estudio de fondo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que probablemente llegue a una sentencia condenatoria por violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por elementos a su cargo.
¿Alguien cree que en caso de ser electo ministro se retracte de sus posiciones originales de ese año, cuando juró y perjuró que no se violaron los derechos humanos? Nadie
También se involucró en el caso de Oceanografía, pero sería interesante determinar su autocrítica en el de Atenco y el conflicto social de la APPO, del que la Corte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciaron graves violaciones a las garantías individuales, abusos de autoridad, incluso actos de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos con elementos adscritos a la PGR que encabezaba.
Así las cosas, la propuesta del presidente Peña Nieto obedecerá a otras razones, como dicen algunos columnistas -y él niega, por supuesto-, como ser su compadre, padrino de uno de sus hijos. Nadie lo sabe, pero se ha revisado su “actuación” en todos sus cargos públicos y, de verdad, es demasiado parcial, no se sujeta al Estado de Derecho.
Designarlo Ministro de un organismo de suyo importante en materia de justicia para todo el país, es tanto como poner la Iglesia en manos de Lutero.
 
   (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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