¿La Iglesia en manos de Lutero?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Un
nuevo escándalo estalló en México el 17
de febrero último, cuando el presidente Peña Nieto envió al Senado la terna de
candidatos para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para cubrir la vacante que dejó la muerte del ministro Sergio Armando
Valls Hernández: Se trata de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando
Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza.
Según
la Presidencia, se trata de tres juristas que destacan por su honorabilidad y
competencia, aunque sólo la designación del último de ellos causó
indignación. Cónsul de México en Estados Unidos desde el 9 de enero de 2013,
pese a su controvertida trayectoria se considera “delfín” del mandatario y, por
ende, del propio Senado, de mayoría priísta.
Originario
del DF, donde se graduó como Abogado en la UNAM, el funcionario, de 58 años de
edad, contra lo que se supone, no milita en el PRI, sino en el PAN, donde
inició su carrera con Vicente Fox como director del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN) entre 2000 a 2005.
Tras
el accidente en el que perdiera la vida el secretario de Seguridad Pública,
Ramón Martín Huerta, Fox lo designó titular en 2005 -le sucedió Genaro García
Luna-, y un año después Felipe Calderón lo puso al frente de la PGR en
diciembre de 2006, en lugar de Daniel Francisco Cabeza de Vaca.
Una
nueva renuncia, el 7 de septiembre del 2009 y Calderón nombró a Arturo Chávez
Chávez como su sucesor, aunque el 12 de noviembre de 2009 el Senado lo ratificó
como Embajador de México ante el Reino Unido (hasta enero de 2013), y después
ante Estados Unidos.
Con
vasta experiencia en litigio, al igual que sus competidores –aunque para no
pocos, sólo de “relleno”- Fuentes Barrera destaca como catedrático en
instituciones de educación superior, y dentro del Poder Judicial Federal, donde
se ha desempeñado como Secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, Juez de
Distrito, Magistrado de Circuito y hasta hoy Magistrado del Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
Por
su parte, Hernández Orozco, abogado por la Escuela Libre de Derecho, ha
destacado por la práctica docente en Escuelas y Universidades, y ocupado
diferentes cargos en la Federación, entre ellos Secretario de Juzgado de
Distrito y Tribunal Colegiado de Circuito; Juez Primero de Distrito y
Magistrado de Circuito. Actualmente es Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito.
Aunque
Peña Nieto expresó su confianza en que con pleno respeto al principio de
división de poderes, el Senado adoptaría la decisión que más beneficie al país,
el lunes último, con ocasión de la comparecencia de la terna ante la Comisión
de Justicia del Senado, que encabeza el panista Roberto Gil Zuarth, se puso de
manifiesto todo el desprecio de la “otra oposición”, del PRD, por la inclusión
de Medina-Mora.
La
Comisión aprobó finalmente las candidaturas por mayoría. Era de esperarse, ya
que, conformada por 15 senadores, seis pertenecen al PRI, cuatro del PAN y sólo
tres del PRD. Los otros dos son del Verde y del PT, por lo que siempre aprobará
los dictámenes del PRI-Verde con un voto más.
Con
todo, los oficialistas, con preguntas a modo para el funcionario, pasaron las
de Caín ese lunes, cuando el PRD le leyó la “cartilla” a Medina Mora a través
de María de los Dolores Padierna Luna y Angélica De la Peña Gómez,
principalmente la primera, ya que Ángel Benjamín Robles Montoya declinó
cuestionarlo.
Y
es que el artículo 95 constitucional establece que los nombramientos de
ministros deben recaer preferentemente en quienes hayan servido con eficacia,
capacidad y probidad en la impartición de justicia, y se hayan distinguido por
su honorabilidad, competencia y antecedentes impecables.
Evidentemente,
Medina-Mora no cumple estos requisitos. Por ejemplo, en la PGR utilizó testigos
“protegidos”, lo que no sólo derivó en expedientes poco sólidos, como el caso
del “Michoacanazo” de mayo del 2009, cuando encarceló a 11 alcaldes, un juez y
16 altos funcionarios, y todo terminó en una farsa, sino que el uso excesivo de
aquellos personajes, como “Jennifer”, que resultó estar casi en todos los
cárteles de la droga.
Ese
exceso de testigos devino en la persecución de adversarios políticos del
gobierno panista y contra los que éste consideraba sus enemigos, y no
necesariamente contra criminales. Apenas el 11 de mayo de 2014 el ex procurador
Jesús Murillo Karam afirmó que ya no se utilizarían porque los delincuentes
sólo se acogen al esquema para su beneficio legal.
Una
de las acciones de inconstitucionalidad que interpuso Medina-Mora contra una
ley de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue contra la Ley de los No
Fumadores, porque, supuestamente, no se podía limitar la publicidad de las
tabacaleras en eventos deportivos, culturales o sociales, como lo estableció la
ley. Siempre defendió a las tabacaleras.
Asimismo,
combatió el Código Electoral del Distrito Federal, por lo que interpuso 236 acciones
de inconstitucionalidad, 235 de ellas de congresos locales y otra contra el
Congreso de la Unión. El caso es que se la pasó litigando contra instituciones
legalmente constituidas, y todo el tiempo en pleito con otro de los poderes de
la Unión.
Ello
obliga a preguntar ¿Cómo enfrentaría como ministro los llamados juicios
paralelos o juicios mediáticos, que con bastante frecuencia expuso en los
medios de comunicación, la mayoría de las veces para presionar a jueces y
ministros de la Corte?
Por
otro lado, según los informes de la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco,
Armas y Explosivos de Estados Unidos, Medina-Mora tuvo conocimiento de todo el fallido
operativo llamado “Rápido y furioso”, al que, incluso, asignó policías para
colaborar en el tráfico de armas a México.
El
aspirante actuó de manera omisa e incluso cómplice, al permitir que de manera
ilegal agencias estadounidenses introdujeran al país centenares de armas que utiliza
el crimen organizado para asesinar a nuestros connacionales.
El
“currículum” de Medina-Mora incluye haber sido negociador de la Iniciativa
Mérida, promotor del intervencionismo de Estados Unidos en México, mientras que
como embajador en ese país nunca se supo que hubiera defendido a nuestros
migrantes ni que levantara la voz cuando la policía fronteriza asesinaba mexicanos.
Además,
en dos de las tres últimas investigaciones por violaciones graves a los
derechos humanos que formuló la Corte respecto a las investigaciones de los
casos las 207 detenciones en San Salvador Atenco y las agresiones a la APPO de Oaxaca
(2006), aparece como responsable en la línea de mando en sus entonces
subalternos.
El
primer caso se encuentra actualmente en estudio de fondo en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que probablemente llegue a una sentencia
condenatoria por violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por
elementos a su cargo.
¿Alguien
cree que en caso de ser electo ministro se retracte de sus posiciones
originales de ese año, cuando juró y perjuró que no se violaron los derechos
humanos? Nadie
También
se involucró en el caso de Oceanografía, pero sería interesante determinar su
autocrítica en el de Atenco y el conflicto social de la APPO, del que la Corte
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciaron graves violaciones a las
garantías individuales, abusos de autoridad, incluso actos de tortura y tratos
crueles, degradantes e inhumanos con elementos adscritos a la PGR que
encabezaba.
Así
las cosas, la propuesta del presidente Peña Nieto obedecerá a otras razones,
como dicen algunos columnistas -y él niega, por supuesto-, como ser su compadre,
padrino de uno de sus hijos. Nadie lo sabe, pero se ha revisado su “actuación”
en todos sus cargos públicos y, de verdad, es demasiado parcial, no se sujeta
al Estado de Derecho.
Designarlo
Ministro de un organismo de suyo importante en materia de justicia para todo el
país, es tanto como poner la Iglesia en manos de Lutero.
(Permitida la copia,
publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre
de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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