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            DIPUTADOS, “BOLA DE CORRUPTOS”


                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Al aprobar el Sistema Nacional de Anticorrupción, los diputados volvieron a pegarle una puñalada al pueblo de México, con el que no tienen contacto.
La gente esperaba una medida que, sin embargo, esa clase política  no está a la altura de tomar: Parar este mal de este país por el control del “priato” jurásico y “prian”, que ha afectado al propio desarrollo del país.
México ha tenido muchos presidentes mediocres, corruptos, los últimos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, este último con la medalla de oro, como niño de pecho comparado a los anteriores, pero ante quien la Cámara de Diputados presenta debilidad absoluta.
En esta Cámara, el PRI careció de voluntad política para conformar un verdadero sistema independiente, confiable y eficaz para erradicar un mal que ha corroído las estructuras del poder político, incluyendo la propia Cámara.
Ante los permanentes escándalos de la Presidencia de la República por la corrupción y conflictos de interés, el PRI y sus aliados quieren engañar al pueblo, pero este partido del que el deslenguado Fox no tuvo capacidad para atrapar ningún “pez gordo”, discutía un órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción como establece el artículo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública del 2 de enero del 2003.
Esa reforma la aprobó el Senado el 13 de diciembre de ese año y ratificó en el artículo 113 de la Constitución que el órgano responsable de combatir la corrupción era público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo titular nombraría el Senado a propuesta de los grupos parlamentarios por el voto de las dos terceras partes.
Ese proyecto, que daba autonomía al órgano encargado de combatir la corrupción, creaba un sistema donde concurrirían las instancias de procuración de justicia, el organismo garante en materia de transparencia y acceso de información; la Auditoría Superior de la Federación y los órganos equivalentes en las entidades, pero el PRI lo vetó en la Cámara de Diputados.
Y volvieron a echar a andar el proceso legislativo sin que los mexicanos contaran con un instrumento que previniera y castigara la corrupción en las altas esferas del poder, expuestos y puestos al desnudo.
Ésa es la triste realidad. Y en ese contexto, en la XLVIII Reunión de la Conago, Peña Nieto dijo que no caben excepciones, nadar de “muertito”, evadir la responsabilidad y dejar que el gobierno de la República sea el único que afronte su responsabilidad.
Evidentemente, no se vale nadar de “muertito” frente a la corrupción públicamente denunciada no sólo contra de Peña Nieto y Luis Videgaray, sino también contra gobernadores, presidentes municipales y empresarios que se han enriquecido por sus relaciones de amigos y compadres.
Asimismo, no nadar de “muertito” aplica a los diputados que, a través de su Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva, lo hacen frente a la Comisión de Investigación de las empresas del “Grupo Higa” y sus relaciones con las paraestatales.
En efecto, los diputados nadan así frente a la corrupción que reclama la prensa, encubre el presidente a través de su Secretaría de la Función Pública y pretende ocultar a través de un falso discurso de combate con el nuevo sistema anticorrupción, acotado para erradicar ese mal, del que la Cámara es cómplice por la simulación en su investigación y sanción a responsables.
El sistema que proponen con un Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos miembros de la Sala Superior designa el Presidente de la República y ratifica el voto de las dos terceras partes del Senado o la Permanente, acota los equilibrios que exige la falta de credibilidad y legitimidad de las instancias de gobierno en el país.
Así, el mismo presidente designa a los miembros de la Sala Superior y las regionales del Tribunal de Justicia Administrativa en su calidad de órgano judicial competente para imponer sanciones a funcionarios y particulares que incurran en corrupción.
Para ello considera el sistema de designación de ministros de la Corte, a cuyos miembros designa el Senado en una terna que pone a su consideración el presidente y que deben aprobar las dos terceras partes de sus miembros y preferentemente deben haberse desempeñado con eficiencia, capacidad, probidad en la impartición de justicia o distinguido por su honorabilidad.
Este mínimo de equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo para integrar los miembros de la Corte no se garantiza en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, convirtiendo la participación del Senado en una farsa similar a la de Peña Nieto en la designación de la Función Pública y la investigación del conflicto de intereses en los que se involucró con su secretario de Hacienda.
El cuarto transitorio da hasta 180 días para que los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del DF expidan leyes y adecúen, y el octavo permite al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y los tribunales contenciosos- administrativos de las entidades continuar por el tiempo que los designaron. Puro “gatopardismo”, que cambia para no cambiar nada.
Esos, sólo son algunas inconsistencias del Sistema Anticorrupción, que no pasa la prueba de confianza, certeza, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. El combate a la corrupción no es a través de discursos o posicionamientos con demagogia, mentira y farsa para la opinión pública.
Así las cosas, la reforma tiene tintes electoreros para los partidos que la aprobaron sin cambios, con lo que se acredita que el “Pacto contra México” sigue vigente, fortalecido y remasterizado.
Como dijo Peña Nieto, nadan de a “muertito” frente a la corrupción, son cómplices de una farsa y de la demagogia en supuestos avances en el combate a la corrupción con una reforma que no cubre esa expectativa.
La esfera de responsabilidad del Ejecutivo, que destaca a nivel internacional como gobierno que nació con la corrupción del proceso de elección y se vincula con conflicto de interés en megaproyectos de obra pública, queda intocada por el Sistema Anticorrupción.
El marco constitucional y legal vigente de la Cámara pudo -pero no quiso- crear una comisión de investigación de actos de corrupción y conflicto de intereses que conoce la opinión pública por investigaciones periodísticas o los desaciertos de los propios funcionarios involucrados en corrupción.
El fastidio de la población por la crisis económica y la inseguridad del país no se colma con discursos ni demagogia legislativa, y la Cámara perdió nuevamente la oportunidad de atender la emergencia del país, pero no lo entienden: Urgen actos reales y eficientes contra la corrupción.
Sabíamos que aprobarían la reforma, aunque les dijeran, explicaran y viniera todo el pueblo que exige cambios en las calles. Tiempo deberían tener los legisladores para cumplir su responsabilidad y dejar de ser “tapaderas” de Peña Nieto, de la misma Cámara de Diputados y de la corrupción que priva en México.
Con sus actitudes siguen llevando al despeñadero al país y a los mexicanos. Les enterraron otro puñal, lógico, porque también son una bola de corruptos.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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