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         ¡NUEVO “MONUMENTO” AL CINISMO!


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Desde mucho antes de la reciente aprobación del cuestionado Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados, resultaba francamente insostenible hablar de “honradez” de los gobiernos del PRI y PAN, en el caso de éste último, un ex presidente Vicente Fox que, de un rancho prácticamente en ruinas en Guanajuato al empezar su sexenio, hoy presume riego por goteo y un lago artificial en su inmensa propiedad.
Por el PRI, están Peña Nieto, su senador Carlos Romero Deschamps, Joaquín Gamboa Pascoe, Joel Ayala Almeida, Víctor Félix Flores Morales y tantos otros líderes de la mafia sindical, mientras Raúl Salinas de Gortari se pasea por las calles exhibiendo la inmensa fortuna que hizo de 10% en 10%, y el “padrote” Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sigue colocando candidatos en el Distrito Federal.
Por su parte, Humberto Moreira Valdez y Arturo Montiel Rojas duermen tranquilos en mansiones y palacios, mientras la familia Murat Casab es dueña de lujosos condominios en Nueva York. Las casas que Grupo Higa regaló al matrimonio Rivera-Peña Nieto y al secretario Luis Videgaray revelan la punta del “iceberg” de un entramado de corrupción y conflicto de interés en las más altas esferas políticas del gobierno.
Y a todo esto, nos preguntamos, ¿Qué han hecho los legisladores que impulsan, protegen y encubren a estos personajes? Irónicamente, celebran la reforma anticorrupción, refrendan su compromiso con la transparencia y prometen que ahora sí se acabará la corrupción en México. ¡Vaya paradoja!
Todo suena muy bonito en la Constitución: Los derechos humanos, la transparencia, el debido proceso, el salario digno, la división de Poderes y la democracia, pero ¿cuánto de esto se traduce en la realidad? No podemos esperar que el pueblo crea en un cambio cuando las instituciones y reformas de las últimas décadas han fracasado en darnos el gobierno que merecemos.
Nos dieron un instituto electoral independiente para garantizar la democracia en México, y hoy el INE demuestra subordinación a los intereses partidistas. El Partido Verde sigue violando las leyes y desafiando a las instituciones ¿Y qué pasa? ¡Nada! Persiste la impunidad.
También nos dieron un Instituto de Telecomunicaciones que garantizara la competencia y pluralidad en el sector, pero hoy está sometido al chantaje de las televisoras. ¿Qué ha pasado con los monopolios de éstas? Las premian con la posibilidad de arrendar su infraestructura y no pagar la multiprogramación. Persiste la impunidad.
Por otro lado, tenemos una CNDH incapaz de frenar los abusos a los derechos humanos, hace apenas 7 meses se aprobó la reforma constitucional de transparencia, y hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia intenta revertir aspectos fundamentales.
Ahora bien, ¿Cuál ha sido el ingrediente común de todos estos fracasos? La respuesta es estructural y está en el Congreso de la Unión, en los acuerdos en lo “oscurito” para decidir quiénes serán los responsables de los órganos encargados de vigilar y hacer cumplir la ley.
Frente a este panorama, el sistema anticorrupción no servirá de nada si el presidente de la República sigue siendo quien proponga la lista de los candidatos a magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Proponer a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia demuestra que estos mecanismos contaminan la independencia de las instituciones y erosionan gravemente la confianza ciudadana.
Por su parte, el auditor Superior de la Federación seguirá siendo designado únicamente por la Cámara de Diputados, lo que se traduce en “amarres” de tres o cuatro diputados en la Junta de Coordinación Política.
El secretario de la Función Pública, cargo que gracias a los transitorios conservará Virgilio Andrade Martínez, “cuatacho” íntimo de Videgaray y Peña Nieto, seguirá siendo designado sólo por el Senado, al igual que el fiscal anticorrupción, pero nada se sabe sobre los métodos de elección, perfil, requisitos y facultades de sus titulares. Todo se deja para después, y el “diablo” se esconde en las leyes reglamentarias.
A todo esto ¿qué es el ya famoso Sistema Nacional Anticorrupción? La respuesta es decepcionante, pues se reduce a un mero órgano de coordinación institucional formado por el auditor Superior, el fiscal Anticorrupción, el secretario de la Función Pública, los presidentes del IFAI y el Tribunal de Justicia Administrativa; un representante del Poder Judicial y, por último, un ciudadano, un sólo ciudadano.
¿Qué pasó con el Comité de Participación Ciudadana? ¿Cuál serán sus funciones en todo este sistema? ¿Cómo se elegirán a sus miembros? Sobre todo, ¿Quién los elegirá y bajo qué criterios? Nada de eso se define, todo quedó en un gran “veremos”.
No podemos hablar de corrupción sin hablar de impunidad, ni hablar de impunidad sin entender sus orígenes. La crisis de credibilidad que vivimos proviene esencialmente de los abusos y excesos de la clase política. Confían en el éxito de un sistema anticorrupción que nace presa de “cuotas” partidistas y mecanismos opacos que han generado el descrédito social.
La propuesta era que la batuta del Sistema no quedara en manos de cúpulas partidistas, sino de ciudadanos; rescatar el Comité y empoderarlo; hacer que sus integrantes destaquen por su contribución a la transferencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción; que provengan de consulta con organizaciones sociales y organismos públicos, con facultades de tomar decisiones e incidir en el diseño de políticas y mecanismos de supervisión, vigilancia y sanción.
El comité debía participar en la elección del fiscal anticorrupción, el secretario de la Función Pública y el auditor superior con base en méritos, capacidad y, ante todo, la independencia de los candidatos. Si la sociedad ha sido la principal agraviada de la corrupción y la impunidad, era más que justo que fuera precisamente la que vigilara y custodiara el Sistema Anticorrupción.
Lamentablemente, como no fue así y, como diría la diputada Luisa María Alcalde Luján, con el nuevo organismo estamos condenados a atestiguar hasta el infinito grotescas celebraciones como la estatua de Gamboa Pascoe y otros auténticos monumentos al cinismo e impunidad de una clase política egoísta y corrupta.

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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