Ex presidentes, ¡intocables!

                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

México se ha convertido en un país de privilegios para unos, y de carencias para millones, con un sistema político e institucional que, en gran medida, busca privatizar los beneficios y socializar las desventajas.

Mantener esta forma de gobierno sólo evita alcanzar una verdadera democracia o estado de derecho, puesto que, como se ha puesto de manifiesto, en México no existe austeridad en el gasto público, y de ahí la necesidad de legislar en la materia, claro si lo que se busca es reivindicar realmente el servicio público.

El artículo 25 constitucional establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía de la nación, su régimen democrático y, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

En este sentido, demanda la necesidad de aplicar el modelo de austeridad como criterio rector del servicio público, y reducir los altos costos de gobierno mediante acciones y políticas que acaben con los privilegios de la alta burocracia.

La población no está obligada a mantener al gobierno, sino, por el contrario, éste debe fungir como órgano operador de la economía y sanear las finanzas públicas del Estado, argumento ante el que cabría preguntar ¿qué lugar ocupan en el sistema jurídico mexicano las pensiones de los ex presidentes de la República?

El artículo 127 constitucional establece en su fracción IV que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes de retiro o liquidaciones por servicios prestados, así como como tampoco préstamos o créditos, sin que a éstos los asigne alguna la ley o decreto legislativo.

Luego entonces, al no existir disposición vigente o decreto del Congreso de la Unión, no debería gozar de compensaciones quien hubiere terminado de desempeñar funciones como servidor público.

Así las cosas, la compensación “mientras vivan quienes desempeñaron el cargo de titular del Ejecutivo Federal”, se estipuló en el Acuerdo 2763-Bis del 31 de marzo de 1987 bajo los siguientes lineamientos: Monto equivalente al salario de un Secretario de Estado, con cargo al erario federal; seguro de vida y gastos médicos mayores; en caso de fallecer el ex presidente, los beneficiarios serán la viuda e hijos, por tiempo limitado y porcentajes específicos.

Además, dispone la asignación adicional de 25 empleados de la federación a su servicio directo, entre ellos directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos.

En este sentido, el régimen de percepciones, compensaciones y apoyos de ex titulares del Ejecutivo Federal lo establecen de manera muy somera los Acuerdos Presidenciales de 1976 y 1987, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto último a partir del ejercicio fiscal 2001.

Con todo, como se sabe, esas compensaciones lesionan al erario público de manera muy gravosa, además de ser un insulto para el pueblo.

Urgen medidas impostergables para una sociedad más igualitaria y justa que obligue a los Poderes de la Unión, órganos autónomos y demás entes federales a implementar reglas estrictas de austeridad presupuestal, de manera que generen equilibrio y justicia social, responsabilidad que también recae en los legisladores con la promoción de políticas de mayor igualdad salarial.

En efecto, los sueldos, percepciones, bonos y compensaciones de la alta burocracia no se apegan al criterio económico de mercado, al principio de equidad social, ni al de honrosa medianía económica.

Trabajar seis años y obtener una pensión mensual por 205 mil 122 pesos, sólo ocurre en México, pero no para toda la población: Sólo para los ex presidentes, mientras que un trabajador afiliado al IMSS apenas alcanza 2 mil, 5 mil pesos o poco más, por lo que para alcanzar la pensión presidencial debe trabajar hasta 65 años.

Tan sólo en 2014, la Federación erogó cerca de 5 millones de pesos en pensiones de ex presidentes, por lo que su omisión responde a una demanda de una sociedad por ahorros significativos que, en todo caso, se apliquen a invertir en proyectos productivos, rescatar el campo, soberanía alimentaria, salud pública y educación.

Por otro lado, si bien la Constitución establece facultades y obligaciones del presidente en turno, en ningún renglón faculta a conferir apoyos, pensiones o compensaciones una vez concluido su ejercicio, mucho menos a sus beneficiarios.

Luego entonces, la pregunta que flota en el aire es: ¿Por qué se garantiza la pensión vitalicia a ex mandatarios, incluyendo a sus beneficiarios?

No existe clara motivación ni fundamento jurídico que explique por qué el apartado “Ramo Administrativo” del Presupuesto federal de Egresos, respecto a la “Oficina del Presidente de la República”, incluye una partida que desde el 2001 incluye las pensiones y beneficios para quienes hayan sido titulares del Poder Ejecutivo.

Aun suponiendo que existiera esa disposición que facultara la partida de compensaciones o pensiones, no sería ética ni moral ante la lamentable situación por la que atraviesa el pueblo y atenta contra el principio de igualdad que rige el Estado de Derecho, a sabiendas que los sistemas de pensiones entre unos y otros son inequitativos.

Ante lo anterior, el senador petista David Monreal Avila propuso a la Cámara de Diputados adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 constitucional, en el que se supriman las compensaciones para quienes se hayan desempeñado como titulares del Ejecutivo Federal o, a falta de éstos, para sus beneficiarios.

Aunque la propuesta se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, la pregunta obligada es si alguien cree que saldrá algún día del escritorio de los múltiples “pendientes” del Senado y, en su caso, ocurrir el milagro de prosperar.

Lamentablemente, los milagros ¡ya no existen ni nadie cree en ellos! Al menos NO mientras el PRI siga gobernando al país y tenga mayoría legislativa con el Verde “Ecologista” -con la complicidad del PAN o el PRD-, pero el pueblo y su voto tendrán la última palabra.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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