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Dos “joyitas” del presidente


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, a través de la panista Gabriela Cuevas Barrón, ponían a consideración de la Cámara de Diputados un “paquete” de nombramientos diplomáticos que propuso el presidente Peña Nieto y, dada la acostumbrada indiferencia de los legisladores ante este tipo de trámites, no se vislumbraba problema alguno.
Sin embargo, tras la lectura de los perfiles de los candidatos para India, Indonesia, Vietnam, Israel, Jordania, Qatar, Azerbaiyán y Japón, el de éste resultó toda una “fichita” que, desde luego, defendido por los “hermanos” PRI-Verde y el propio PAN, envió un grave mensaje a quienes se oponen a que Eduardo Tomás Medina-Mora se convierta el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En efecto, pese a los sólidos argumentos de peso que presentó el PRD contra Carlos Fernando Almada López para representarnos en Japón, la propuesta terminó por aprobarse con una aplastante mayoría de ¡102 votos a favor, uno en contra y una abstención!
Subsecretario de la SCT hasta hace unos días, Carlos Almada NO puede representar dignamente a México por su “negro” historial como funcionario, en el que pocas veces concluyó el periodo para el que fue nombrado, incluso fue involucrado en uno de los escándalos por peculado más grandes de México en los últimos 15 años: El caso Pemexgate.
El 6 de diciembre del 2012, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, lo nombró responsable de una de sus piezas claves por su experiencia en la esfera pública desde el nivel municipal hasta el federal y lo “resucitó” en la política tras el Pemexgate, que lo mantuvo 5 años prácticamente a salto de mata, hasta que los abogados Alonso Aguilar Zinser y Marco Antonio Zazueta lo libraron y sacaron adelante.
Tras ese escándalo se incorporó a la actividad pública en Nuevo León, con los mandatarios priístas Natividad González Parás y Rodrigo Medina de la Cruz y dos años después se incorporó al gobierno federal.
Su “carrera” inició con una serie de puestos a nivel local entre 1981-86 en la Secretaría de Administración Pública del Estado de México, tras lo cual se integró como Oficial Mayor de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal hasta 1888 y director ejecutivo del Registro Federal de Electores del extinto IFE entre 1991 y 1994.
En aquél entonces se descubrió que en Baja California había 500 mil votantes más del padrón original, precisamente en el sexenio del hoy senador panista Ernesto Ruffo Appel, aunque fue más sonado el tema del Pemexgate, al final del periodo de Zedillo, cuando se le involucró en el peculado que llegó hasta los tribunales y salpicó a PEMEX y su sindicato, así como al PRI y a su entonces candidato Francisco Labastida Ochoa.
En 2001, el gobierno de Vicente Fox presentó una denuncia ante la PGR contra PEMEX por el desvío de mil 500 millones de pesos a la campaña de Labastida durante el proceso electoral del 2000, y señalaba como responsables al ex director de PEMEX, Rogelio Montemayor Seguy, y a los dirigentes sindicales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto.
Asimismo, se mencionaba como presuntos responsables a los ex funcionarios de la paraestatal, Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga y Julio Pindter González, así como a los priístas Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón Figueroa, Carlos Almada y Joel Hortiales Pacheco.
El 5 de octubre del 2012, el Juez 13º de Distrito en Materia Penal, José Luis Moya Flores libró orden de aprehensión solicitada por la PGR contra Montemayor Seguy, Jauristi Septién, Domene Berlanga, Pindter González, Cárdenas Elizondo, Bretón Figueroa, Hortiales Pacheco y Carlos Almada por el desvío de 640 millones de pesos de PEMEX a la campaña de Labastida.
En las investigaciones de la entonces FEPADE hubo elementos para probar que los priístas sabían de la procedencia ilegal del dinero, además de aplicar en la campaña esos recursos sin informar al IFE, aunque para ocultar su origen simularon que eran ingresos del llamado Sorteo del Milenio y que se gastaba en la entrega de premios.
Cárdenas Elizondo, Bretón Figueroa, Hortiales Pacheco y Carlos Almada estaban en calidad de prófugos, y a excepción de Montemayor Seguy, a quien se le había ubicado en Houston, Texas, los demás ex directivos de PEMEX no fueron detenidos ni localizados.
En octubre de 2002 el caso llegó al IFE, y a principios del 2003 éste concluyó que el sindicato desvió al menos 500 millones de pesos al PRI y le impuso una multa de mil millones, que terminó de pagar en 2006, cuando Silvia Entrever, titular del Juzgado 13º de Distrito, expidió auto de libertad a Carlos Almada por el Amparo definitivo de un tribunal federal.
No obstante, Carlos Almada no había sido visto en público desde mayo de 2002, cuando el Juzgado libró en su contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el peculado electoral, tipificado como grave en el Código Penal Federal y sin derecho a libertad bajo fianza.
Fue justamente en los primeros días del sexenio de Peña Nieto, cuando reapareció en la escena política como subsecretario de Transportes de la SCT, y hoy, como ha sido su costumbre política, no termina el cargo y es propuesto para la embajada de Japón.
Lo peor del caso de este personaje es que no sólo ha sido acusado en el Pemexgate, sino que también fungió como operador de las licitaciones del proyecto del Tren México-Querétaro y responsable de las licitaciones para el proyecto del nuevo aeropuerto, proyecto insignia de presidente Peña Nieto envuelto en plena opacidad.
Carlos Almada es el operador de estas licitaciones que, como sabemos, se canceló en el tema del tren, aunque siguen en pie las licitaciones del aeropuerto, del que no existe información plena, confiable y total, por lo que se infiere que, tras el trabajo sucio de las licitaciones, Peña Nieto decidió ponerlo a salvo y por eso lo manda a Japón, aunque, reiteramos, no es una propuesta que dignifique al país en aquellas tierras.
Si con todo y esto el Senado aprobó por abrumadora mayoría su nombramiento, primero, ¿Qué clase de “representantes” populares tenemos? Y, segundo, ya se imagina cuál será la decisión final del caso Medina-Mora ¡Ah qué par de “joyitas” se manda Peña Nieto!
  
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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