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¡Combate a la corrupción política!


                                     Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Turnado a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, donde seguramente dormirá por los siglos de los siglos, un proyecto de combate a la corrupción política, que presentó el senador perredista Armando Ríos Píter, surgió justo, pero infructuoso,  ante las próximas elecciones de junio.
En efecto, la iniciativa, como otras tantas que suelen no convenir a los intereses de la mayoría parlamentaria, llámese PRI-PAN-Verde, no dejó de ser más que un sueño guajiro que, sin embargo, muy probablemente se analice, discuta y seguramente rechace una vez concluido el proceso de medio año.
Dicho proyecto, con cuatro meses ya en la “congeladora” legislativa, surgió prácticamente a la par que el “Decálogo” presidencial contra la crisis en materia de seguridad y violencia que vive el país que, por el contrario, recibió el espacio y atención adecuados, pero sirvió para lo mismo que la Carabina de Ambrosio.
Las calles de México están prácticamente tomadas por ciudadanos que, por luto, indignación, fastidio por la forma como funciona el sistema, se manifiestan por la aparición de 43 desaparecidos de Iguala, donde el rostro de cada uno se ha convertido en la representación física de miles de jóvenes y adultos desparecidos cuyas familias no encuentran después de muchos años.
Hablamos de madres entregando los brazos para una muestra de sangre para que su ADN permita saber si en alguna fosa de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán o Durango pudieron estar sus seres queridos desaparecidos. Esa es precisamente la dimensión de la crisis, una absoluta pérdida de confianza en la clase política y los partidos políticos. Cuesta trabajo pensarlo y decirlo, pero también de nuestra propia vida democrática.
Ante este panorama escuchamos la posición del presidente Peña Nieto, en un decálogo que quedó corto y claramente insuficiente en 10 propuestas, 10 planteamientos, tres iniciativas de cambios constitucionales ante el Senado y otros tantos planteamientos administrativos.
A las siguientes semanas se revisaría la Ley contra la Infiltración del crimen organizado de las autoridades municipales y la función policial de los Estados para controlar casi mil 800 policías municipales. El discurso del presidente quedó en el ámbito municipal, como si el problema fuera sólo de ese nivel, y las anotaciones del Decálogo, sólo de problema policiacos.
Pareciera que ignoran o prefieren ignorar que donde existe infiltración del crimen organizado en un municipio no sólo se adueñan de la policía, sino de la Tesorería -para cobrar el Ramo 33-, de las autoridades de agua potable y de los Catastros para saber quiénes poseen inmuebles y dónde.
El tema de la corrupción seguirá limitado en tanto no se debata ante un Sistema Nacional de Corrupción que nadie conoce, ya que faltan iniciativas sobre el particular. Sólo vemos planteamientos de las bancadas, que discuten una iniciativa inexistente, pese a que, tras más de un año que el Senado sacó una minuta por unanimidad en materia de combate a la corrupción, pero sigue en el sueño de los injustos de la Cámara de Diputados.
La corrupción política, principal problema del sistema que colapsa al Estado de Derecho y corroe los espacios de la vida pública, inicia en los partidos políticos, cuando, sin filtros ni claridad sobre quién ponen en un cargo para pedir el voto, llevan a condiciones similares a las de Iguala, con José Luis Abarca.
Sin embargo, el problema no sólo tiene que ver con los partidos políticos y filtros, porque su tamaño no es que el secretario de Gobernación desaparezca un municipio, sino que el 65% de los municipios tiene problemas iguales a los de Iguala.
Por sometimiento, corrupción o colusión de la autoridad, una importante parte de los municipios sufre el problema, y si nos quedamos sólo con el Decálogo, como respuesta “ideal” para su magnitud, corremos el riesgo de equivocarnos y que se perciba, como en otras ocasiones, de que la clase política quiere tapar el sol con un dedo, no escuchar a la gente de la calle y no transformar la realidad de millones de familias.
Si hablamos de corrupción a la hora de tomar decisiones, debemos hablar de ella durante las campañas, donde se ponen de acuerdo los candidatos respecto a los trámites o empresas que los llevarán al poder, ya que ahí se da la cooptación, al momento de decidir los “territorios” de los actores del crimen organizado por acuerdos implícitos con el candidato.
Curiosamente, nada se ha escuchado de Peña Nieto sobre la parte más frágil de nuestro esquema de procuración de justicia. No ha dicho nada sobre las procuradurías estatales ni existe sentido autocrítico en la PGR poniendo como marco y ejemplo el tema de Iguala, de Ayotzinapa.
Si no entendemos con claridad estos problemas ni el reclamo de la gente, no estaremos a la altura de la transformación que reclama el país, ya que no sólo se trata de un problema del Gobierno Federal o de un partido, sino del Estado, de los Poderes, de todos los órdenes de gobierno.
De ahí la importancia de atender el tema en el ámbito político si buscamos resolver el problema de fondo, y la importancia de facultar a las autoridades en materia de combate a la corrupción a iniciar el proceso de procedencia mediante denuncia o querella, y reducir 50% los plazos para tramitar juicio político contra funcionarios.
Reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a los candidatos a cualquier cargo a presentar ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción una solicitud de verificación de controles de confianza que se remitirá a la Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y el CISEN, que determinarán si tienen perfiles idóneos, desde el más humilde regidor o más encumbrado funcionario.
Asimismo, sería ideal que la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción investigara en 180 días el posible desvío de recursos o nexos con el crimen organizado de los miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal, estatal y municipal.
A punto de nombrarse al titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, se cae nuevamente la inercia de pensar que puede ser un trueque más entre los grupos parlamentarios, cuando que combatir la corrupción es el hilo conductor del problema del Estado de Derecho.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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