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Sistema Anticorrupción, ¿panacea?


                                      Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No cabe duda que, como decía el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, el poder de infección de la corrupción es más letal que el de la peste, además de que, al igual que el cáncer, se filtra en las instituciones, se propaga y toma el control de éstas, aunque, de detectarse a tiempo, puede controlarse, incluso eliminarse.
Nuestra sociedad está lastimada, herida y cansada de la impunidad: Más de 22 mil desaparecidos, 55 mil crímenes y 160 mil desplazados de sus lugares de origen por razones de violencia, además de ser uno de los países más peligrosos para el periodismo, ponen al país en los planos internacionales, desgraciadamente, como un referente de violencia e impunidad.
La impunidad son las venas de la corrupción. Sus niveles en un país están estrechamente ligados a la violencia e impunidad, y no es casual, como se refleja en el índice de paz global que publica el Instituto para la Economía y la Paz, que en 2008 México se ubicara en el lugar 88, y en 2014 descendiera 50 lugares y ocupe el 138. Cada año nos alejamos más de la paz, comparados a nivel internacional con naciones en guerra.
Pero además, según el índice de corrupción de “Transparencia Internacional”, que mide la corrupción de 167 países, hasta 1995 México ocupaba el lugar 32; en 2005 descendió al 65, y en 2014 ocupa la lamentable posición 103. Es decir, en 19 años aumentó 71 lugares en niveles de corrupción, pese a la alternancia política en el 2000.
Esto obliga a reflexionar sobre los fallidos mecanismos de políticas públicas para prevenir y sancionar esos actos para su erradicación y recuperación de confianza de la ciudadanía y, como consecuencia, retomar la paz social que todos anhelamos.
Y es que la corrupción tiene como resultado instituciones débiles, infiltradas por el problema, mientras que las encargadas de investigar y sancionarlos son incapaces de cumplir su propósito, sumando a una legislación laxa y flexible, además de sistemas y medidas de control ineficientes e ineficaces.
El Sistema Nacional Anticorrupción, que aprobó el 26 de febrero la Cámara de Diputados, es una demanda reiterada, no solo de la ciudadanía, sino de diversos actores y sectores sociales económicos, incluso políticos, ya que este mal lo sufrimos todos en cualquier momento y podemos ser blanco de él directa e indirectamente.
Se considera que la corrupción es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que su combate requiere de una atención integral donde debe priorizarse la prevención antes que las acciones punitivas, aunque no se debe enfocar principalmente sólo en combatir sus causas, sino también sus efectos.
Es sencillo coincidir en la importancia de combatirla, junto con los conflictos de interés, la impunidad, la rendición de cuentas y los efectos nocivos al país. Corrupción, opacidad en la cuenta pública de los tres niveles de gobierno y conflictos de interés son sólo tres de los mayores retos que debemos comenzar a erradicar.
El desencanto con el proyecto democrático se explica por el hartazgo social de la corrupción de la clase política. Sobran ejemplos: La “Casa blanca”, la casa de Malinalco, las casas de José Murat en Nueva York, las deudas de Moreira, los departamentos de lujo de diversos políticos y el caso Oceanográfica o el de Monex, pero no son los únicos.
También incluye la Estela de Luz, los “moches” de legisladores panistas o el inexplicable traslado de un millón de pesos en efectivo del “Verde”, cuya procedencia y objeto hasta hoy “misteriosos”, la compra de las suplencias de diputados en la actual legislatura. Se trata de infinitos conflictos de interés.
En el caso de los legisladores se ha denunciado una y otra vez lo grosero de sus “bonos”, remuneraciones extraordinarias y aguinaldos, así como los “moches” ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada, todo sigue igual, y la reforma Anticorrupción tampoco hará la diferencia.
Los propios diputados deberían poner el ejemplo con cuentas claras, dejando atrás la opacidad que permea al interior del recinto “legislativo”, donde desde el inicio de la legislatura existe un ambiente de incertidumbre, con reformas estructurales que sólo han traído caos, desorden, inseguridad, desempleo, violencia, carestía, zozobra y, por supuesto, conflicto de interés.
El Sistema Nacional Anticorrupción aprobado también sirvió y servirá para que muchos políticos se extasíen en el discurso, con el consabido “fue una promesa cumplida”, o bien el “sí se pudo”, pese a que sólo es una simulación más para tiempos electorales. No nos engañamos: Lo detendrán en el Senado o las Legislaturas de los Estados.
Su aprobación no fue por voluntad política de los legisladores, sino por la crisis que vive el país y las condiciones de ingobernabilidad e impunidad que imperan en muchos Estados.
Lo que ponen en juego es el futuro de México. Ningún legislador, tuvo ni tendrá la valentía de decirles a los mexicanos los acuerdos detrás de esa reforma ni los beneficios para uno u otro partido. Se aprobó una reforma contraria a su naturaleza y espíritu benévolo, que generará más burocracia y, en muchos casos, mayor corrupción por falta de políticas públicas y acciones inmediatas.
Por ejemplo, acabar el cobro de “comisiones” de legisladores que autorizan partidas presupuestarias, terminar con asignaciones presupuestales en las Cámaras y los Congresos locales, sobre los cuales no se rinden cuentas sobre su aplicación, es decir subvenciones extraordinarias. No existen portales de información permanente de servidores públicos corruptos, por lo que se siguen proponiendo como candidatos a funcionarios inhabilitados.
Por otro lado, tampoco se eliminan las adjudicaciones directas en materia de adquisiciones y obra pública, fuente inagotable de descuido de recursos y conflictos de interés, o el destino de subejercicios presupuestales.
Ignoran que estamos produciendo un cacique y que en el abuso de poder ha sido una constante de las principales prácticas del viejo régimen ahora restaurado, El saqueo, corrupción, tráfico de influencias, desvío de recursos y complicidad se legalizan por no fiscalizar al Ejecutivo federal ni establecer plazos más amplios en la prescripción de delitos por corrupción.
La reforma es un primer paso muy respetable, pero la mayoría no se conforma. Quien nada debe nada teme. ¿A qué le teme Peña Nieto? Voluntad política sería que todo mexicano fuera sancionado por actos de corrupción, empezando por el propio Jefe del Ejecutivo federal.
Combatir la corrupción no es un sólo mandato constitucional y una exigencia legal. Si se quieren construir, se deben adoptar actitudes y conductas que vigilen, denuncien, exhiban y exijan a los gobernantes como cumplimiento cabal del compromiso con el pueblo. El país es de todos; no patrimonio particular de unos cuantos.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.


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