Sistema Anticorrupción, ¿panacea?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No
cabe duda que, como decía el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, el poder de
infección de la corrupción es más letal que el de la peste, además de que, al
igual que el cáncer, se filtra en las instituciones, se propaga y toma el
control de éstas, aunque, de detectarse a tiempo, puede controlarse, incluso
eliminarse.
Nuestra
sociedad está lastimada, herida y cansada de la impunidad: Más de 22 mil
desaparecidos, 55 mil crímenes y 160 mil desplazados de sus lugares de origen
por razones de violencia, además de ser uno de los países más peligrosos para
el periodismo, ponen al país en los planos internacionales, desgraciadamente,
como un referente de violencia e impunidad.
La
impunidad son las venas de la corrupción. Sus niveles en un país están
estrechamente ligados a la violencia e impunidad, y no es casual, como se
refleja en el índice de paz global que publica el Instituto para la Economía y
la Paz, que en 2008 México se ubicara en el lugar 88, y en 2014 descendiera 50
lugares y ocupe el 138. Cada año nos alejamos más de la paz, comparados a nivel
internacional con naciones en guerra.
Pero
además, según el índice de corrupción de “Transparencia Internacional”, que
mide la corrupción de 167 países, hasta 1995 México ocupaba el lugar 32; en
2005 descendió al 65, y en 2014 ocupa la lamentable posición 103. Es decir, en
19 años aumentó 71 lugares en niveles de corrupción, pese a la alternancia política
en el 2000.
Esto
obliga a reflexionar sobre los fallidos mecanismos de políticas públicas para
prevenir y sancionar esos actos para su erradicación y recuperación de
confianza de la ciudadanía y, como consecuencia, retomar la paz social que todos
anhelamos.
Y
es que la corrupción tiene como resultado instituciones débiles, infiltradas
por el problema, mientras que las encargadas de investigar y sancionarlos son
incapaces de cumplir su propósito, sumando a una legislación laxa y flexible,
además de sistemas y medidas de control ineficientes e ineficaces.
El
Sistema Nacional Anticorrupción, que aprobó el 26 de febrero la Cámara de
Diputados, es una demanda reiterada, no solo de la ciudadanía, sino de diversos
actores y sectores sociales económicos, incluso políticos, ya que este mal lo sufrimos
todos en cualquier momento y podemos ser blanco de él directa e indirectamente.
Se
considera que la corrupción es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que
su combate requiere de una atención integral donde debe priorizarse la
prevención antes que las acciones punitivas, aunque no se debe enfocar
principalmente sólo en combatir sus causas, sino también sus efectos.
Es
sencillo coincidir en la importancia de combatirla, junto con los conflictos de
interés, la impunidad, la rendición de cuentas y los efectos nocivos al país. Corrupción,
opacidad en la cuenta pública de los tres niveles de gobierno y conflictos de
interés son sólo tres de los mayores retos que debemos comenzar a erradicar.
El
desencanto con el proyecto democrático se explica por el hartazgo social de la
corrupción de la clase política. Sobran ejemplos: La “Casa blanca”, la casa de
Malinalco, las casas de José Murat en Nueva York, las deudas de Moreira, los
departamentos de lujo de diversos políticos y el caso Oceanográfica o el de Monex,
pero no son los únicos.
También
incluye la Estela de Luz, los “moches” de legisladores panistas o el inexplicable
traslado de un millón de pesos en efectivo del “Verde”, cuya procedencia y
objeto hasta hoy “misteriosos”, la compra de las suplencias de diputados en la
actual legislatura. Se trata de infinitos conflictos de interés.
En
el caso de los legisladores se ha denunciado una y otra vez lo grosero de sus “bonos”,
remuneraciones extraordinarias y aguinaldos, así como los “moches” ¿Y qué ha
pasado? No ha pasado nada, todo sigue igual, y la reforma Anticorrupción tampoco
hará la diferencia.
Los
propios diputados deberían poner el ejemplo con cuentas claras, dejando atrás
la opacidad que permea al interior del recinto “legislativo”, donde desde el inicio
de la legislatura existe un ambiente de incertidumbre, con reformas
estructurales que sólo han traído caos, desorden, inseguridad, desempleo,
violencia, carestía, zozobra y, por supuesto, conflicto de interés.
El
Sistema Nacional Anticorrupción aprobado también sirvió y servirá para que
muchos políticos se extasíen en el discurso, con el consabido “fue una promesa
cumplida”, o bien el “sí se pudo”, pese a que sólo es una simulación más para
tiempos electorales. No nos engañamos: Lo detendrán en el Senado o las
Legislaturas de los Estados.
Su
aprobación no fue por voluntad política de los legisladores, sino por la crisis
que vive el país y las condiciones de ingobernabilidad e impunidad que imperan
en muchos Estados.
Lo
que ponen en juego es el futuro de México. Ningún legislador, tuvo ni tendrá la
valentía de decirles a los mexicanos los acuerdos detrás de esa reforma ni los beneficios
para uno u otro partido. Se aprobó una reforma contraria a su naturaleza y
espíritu benévolo, que generará más burocracia y, en muchos casos, mayor
corrupción por falta de políticas públicas y acciones inmediatas.
Por
ejemplo, acabar el cobro de “comisiones” de legisladores que autorizan partidas
presupuestarias, terminar con asignaciones presupuestales en las Cámaras y los
Congresos locales, sobre los cuales no se rinden cuentas sobre su aplicación,
es decir subvenciones extraordinarias. No existen portales de información
permanente de servidores públicos corruptos, por lo que se siguen proponiendo
como candidatos a funcionarios inhabilitados.
Por
otro lado, tampoco se eliminan las adjudicaciones directas en materia de
adquisiciones y obra pública, fuente inagotable de descuido de recursos y
conflictos de interés, o el destino de subejercicios presupuestales.
Ignoran
que estamos produciendo un cacique y que en el abuso de poder ha sido una
constante de las principales prácticas del viejo régimen ahora restaurado, El
saqueo, corrupción, tráfico de influencias, desvío de recursos y complicidad se
legalizan por no fiscalizar al Ejecutivo federal ni establecer plazos más
amplios en la prescripción de delitos por corrupción.
La
reforma es un primer paso muy respetable, pero la mayoría no se conforma. Quien
nada debe nada teme. ¿A qué le teme Peña Nieto? Voluntad política sería que
todo mexicano fuera sancionado por actos de corrupción, empezando por el propio
Jefe del Ejecutivo federal.
Combatir
la corrupción no es un sólo mandato constitucional y una exigencia legal. Si se
quieren construir, se deben adoptar actitudes y conductas que vigilen,
denuncien, exhiban y exijan a los gobernantes como cumplimiento cabal del
compromiso con el pueblo. El país es de todos; no patrimonio particular de unos
cuantos.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo,
con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y
jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como
Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y
publicado tres libros.
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