En
primera fila
Seguridad, ¡al banquillo de acusados!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Al
comparecer este martes los principales responsables de la seguridad nacional ante
el Congreso de la Unión, las graves violaciones a los derechos humanos es cada
vez más frecuentes en el país, donde no deja de asombrarnos la masacre de San
Fernando, donde nos quedamos estupefactos con el homicidio de más de 170
migrantes hallados en fosas clandestinas; la ejecución militar de 22 personas
en Tlatlaya y la “desaparición” de 43 normalistas de Iguala.
Lo
anterior no hace más que dejar en evidencia la crisis de Estado en los tres
niveles de gobierno. Los crímenes y “desaparición” de periodistas y defensores
de derechos humanos; los feminicidios, el aumento en la saña y frecuencia con
que actúa la delincuencia, son producto de complicidad de ésta con las autoridades
municipales y estatales y la absurda ineficacia de las autoridades federales.
Además
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los 22 mil desaparecidos en todo el país revela
la incapacidad de las autoridades en crear un mecanismo de búsqueda efectivo y su
miopía para ver la realidad, o lo que es peor, la corrupción que corroe a todos
los ámbitos en materia de seguridad.
La
lista de víctimas en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Puebla,
Coahuila y Veracruz es larga, por lo que cabe preguntar una y otra vez: ¿qué
están haciendo para detener esta ola de violencia?
Tal
y como planteó la perredista Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, la PGR se ha desmantelado paulatinamente, hasta
convertirse en “elefante blanco” que no garantiza el acceso a la justicia, sino
que mantiene los índices de impunidad e ineficacia que dan como resultado una
institución cara e ineficiente.
Ha
perdido representatividad social, y abandonado su esencia. No es capaz de
garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, pronta y expedita, tal
y como queda plasmado en la falta de resultados en los lamentables casos de San
Fernando Tlatlaya y Ayotzinapa, entre otros.
Asimismo,
ha negado una línea de investigación para determinar si el Ejército estuvo
implicado en la desaparición de los 43 normalistas. ¿Por qué negarse? ¿A quién
o a qué protege perjudica? Mejor investigar, y si no tuvo participación alguna,
quedaría finalmente libre de toda sospecha.
Según
la Auditoría Superior de la Federación, el costo proporcional por averiguación
previa en 2007 fue de 89 mil 100 pesos. Con la misma metodología del Órgano
Superior de Fiscalización, ese costo proporcional en 2013 correspondió a 143
mil 593 pesos, cuando que en México el 80% de los hogares no devenga los 10 mil
pesos mensuales de ingreso neto.
Por
otro lado, uno de los primeros compromisos del presidente Peña Nieto fue implementar
un programa para combatir las causas sociales de la violencia y delincuencia, pero
carecía de alguna nueva acción, algún nuevo programa, excepto la creación de la
Gendarmería Nacional.
Esto
indica que, más allá del discurso retórico del gobierno federal, los hechos indican
que la estrategia se centra en la limitación de la fuerza y el mayor control
territorial de la delincuencia, exactamente la misma estrategia del gobierno
anterior, y que nos ha conducido a la más grave de las crisis humanitarias que
haya vivido el país.
Cabe
señalar que la Gendarmería, corporación “estrella” de Peña Nieto, tendría más
de 40 mil efectivos, según sus promesas de compaña, pero hoy tiene sólo cinco
mil y resulta el cuerpo policiaco más caro para el erario, dado que cada
elemento nos cuesta proporcionalmente tres veces más que un efectivo del
Ejército y dos veces más que uno de la Armada de México.
Esto
nos lleva a la conclusión de que ante las acciones del Ejecutivo federal
seguiremos caminando en la senda de la violencia, por lo que es necesario
señalar que no existe algún giro sustancial en las políticas públicas aplicadas.
Las
policías siguen estando infiltradas, no han adquirido los índices de
profesionalización requeridos y, como consecuencia, 70% de la población -según
datos del Inegi- sigue considerando a la inseguridad como su principal
problema.
La
única respuesta es el uso de las Fuerzas Armadas con todo lo que conlleva: Violaciones
graves a los derechos humanos e infiltración de la delincuencia organizada. Último
baluarte de nuestra soberanía, hoy es blanco de acusaciones por el presunto
asesinato de jóvenes y mujeres.
El
gobierno federal carece de una política eficaz para contener el avance de la
violencia delictiva, tal que evite la regeneración de los cuerpos
delincuenciales e impida la infiltración de la criminalidad organizada en las
instituciones del Estado. Está adivinando qué acciones seguir, pero ya no podemos
seguir viviendo así, sin resultados.
En
conclusión, ha sido incapaz de implementar políticas públicas que contribuyan a
fortalecer la gobernabilidad democrática y el derecho de acceso a la justicia, con
lo que ha favorecido acciones contrarias a los derechos humanos que colocan a
todos en posición de vulnerabilidad frente a la autoridad.
En
este sentido, sin abandonar ninguna línea de investigación, incluya a quien
incluya, la demanda son respuestas a múltiples interrogantes, entre ellas sobre
la indicación del GPS del celular de un normalista que registró que el 26 de
septiembre estaba en el 27 Batallón de Iguala, asimismo ¿Cuántos detenidos existen
por el caso Ayotzinapa? ¿Cuántos son policías
y cuántos de la delincuencia organizada? ¿Cuál es su estatus jurídico?
Por
otro lado, ¿Cuántas fosas clandestinas se han descubierto a partir del 26 de
septiembre de 2014? ¿Cuántos cadáveres se han encontrado? ¿Quién encabeza la
investigación de los hechos y la identificación de cadáveres?
No
se deben agotar las líneas de investigación, sobre todo ahora que la
Universidad de Austria dijo que estos restos que analizan de ADN no son de los
normalistas, pues es un hecho que ha despertado el “México Bronco”, pero muy
distinto al de hace 35 años.
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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