En
primera fila
Hacienda, ¿sobornada por Ficrea?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como
claramente definió la senadora perredista Dolores Padierna Luna, dolor de
cabeza de los legisladores priístas, el escándalo del Ficrea, del que a diario hablan
medios informativos del país y el extranjero, es claro ejemplo de la carencia
de regulación y supervisión que se ha demostrado una y otra vez del sistema
financiero mexicano.
En
efecto, no cuenta con capacidad preventiva para evitar los fraudes de los
intermediaros financieros y sólo reacciona ante fraudes consumados, como el de
Ficrea, cuyo principal accionista, el prófugo Rafael Olvera Amezcua, desvió dos
mil 700 millones de pesos de más de seis mil 800 socios, entre ellos el Tribunal
Superior de Justicia del DF, al que “bailó” 120 millones.
En
este sentido, los responsables de supervisar esas instituciones son simples bomberos,
“apagafuegos” de “incendios” que provocan ellos mismos con su negligencia o complicidad,
aunque trasladan los costos al contribuyente, y el enorme daño a los
ahorradores queda en total impunidad.
El
caso está en manos de la PGR, que libró orden de aprehensión contra Olvera por “lavado”
de dinero, fraude y triangulación de recursos, tras denuncia de la Unidad de
Implementación de la Ley Antilavado, dependiente de la Unidad de Investigación
Financiera de la Secretaría de Hacienda ante el Ministerio Público federal.
Pero,
¿sabe qué? Este es sólo el aspecto “formal”, pues el caso también involucra a
la propia Secretaría de Hacienda, ya que Olvera Amezcua habría buscado desde
noviembre pagar ¡90 millones de pesos en sobornos! que le solicitaron funcionarios
del área de inteligencia financiera de esa dependencia que encabeza Luis
Videgaray para mantener sus operaciones ilegales.
De
acuerdo con el periódico El Universal, en un audio de poco más de 5 minutos,
conversan dos personas del primer círculo de Olvera, uno de ellos Ricardo
Tinoco Ortega, director general de “Jackmans Optics”, otra de las campañas
asociadas con Leadman, aunque, según las autoridades, no forma parte de las
evidencias en la investigación de la PGR, pero saben que existen.
Nadie
comparte la idea de que el fraude en Ficrea quede impune o que la gente se
conforme con recibir 131 mil pesos de dinero público que pagarán los
contribuyentes como “seguro de depósito”, ya que los reales responsables del
fraude son los reguladores y supervisores del sistema financiero, sobre todo la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la que, conforme la ley, le
corresponde detectar de manera oportuna este tipo de anomalías.
Según
el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, quien compareció el
jueves ante el Congreso de la Unión, existe un plan diseñado para regresarles
sus recursos a los inversionistas, 131 mil pesos cada uno, y para quienes cuenten
con depósitos mayores, el monto proporcional que les corresponda de la
liquidación de la sociedad.
Empero,
hasta hoy no entendemos ¿por qué no se investigó la fuente del pago de las
tasas de interés de dos dígitos que pagaba Ficrea, muy por encima de las tasas
de interés del resto del sistema bancario, y en pleno estancamiento económico, ni
se investigó el inusitado crecimiento de activos dudosos a través de empresas
no financieras y se permitió largo tiempo la triangulación?
“Sospechosamente”,
las autoridades tampoco se percataron de que la PGR tenía investigado a Olvera,
pero permitieron seguir funcionando a Ficrea. El fraude se detectó hasta
diciembre de 2014 en forma oficial, pero ya se sabía desde marzo, cuando Ficrea
comenzó una intensa campaña de promoción, con la contratación de 600 promotores
y enganchadores de nuevos ahorradores.
Así,
de marzo a septiembre empezaron a buscar intensamente más socios con módulos en
supermercados y promocionales, pero ¿Por qué lo permitió la Comisión Bancaria
si desde marzo sabía quién era Olvera y cómo funcionaba Ficrea? ¿Por qué
permitió esa campaña?
Más
grave aún, no sólo no lo evitó, sino hasta facilitó la huida de Olvera,
accionista del 91%. No es creíble que tanto dinero haya pasado “inadvertido”
para quienes supuestamente supervisaban de manera especial a esa financiera,
aunque la Comisión diga que recuperaron activos, hasta donde se sabe 28
inmuebles, 234 vehículos, mobiliario y equipo sujeto a valuación.
Ficrea
comenzó a operar hace seis años y contaba con 36 sucursales en 10 Estados, donde
acumuló un capital de seis mil 284 millones de pesos que, como Sociedad
Financiera Popular (Sofipo), Olvera utilizó para invertir en Estados Unidos,
Inglaterra y España para adquirir 52 inmuebles y 104 vehículos de lujo, entre
otros bienes no relacionado con la sociedad.
Además,
realizó operaciones simuladas y trianguló recursos a través de las empresas
Leadman Trade, Baus & Jackman Leasign y Monka Comercial, de las que era
accionista mayoritario y a las que transfirió cinco mil 900 millones de pesos, de
los que sólo se pudieron constatar e integrar expedientes por tres mil 200
millones. El resto se utilizó en forma discrecional y arbitraria.
Parte
del dinero ingresado de esas empresas era para nóminas y bienes, además de gastos
personales excesivos de Olvera en espectáculos de Fórmula 1, Nascar, entradas al
box, obras de teatro, pago de honorarios de capitanes y pilotos de una aeronave
y un yate que utilizaba para viajes personales.
El
viernes último comparecieron ante los legisladores los representantes de la
Comisión Bancaria y de Valores (Jaime González Aguadé), la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Mario Di
Costanzo Armenta), y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda
(Alberto Bazbaz Sacal), pero todo lo
que pudieron haber hecho fue evidentemente tardío.
Más
aún cuando se sabe que Olvera estuvo en la cárcel en 2011, acusado por fraude en
perjuicio del Banco Interacciones ¿Cómo es posible que se le haya dado permiso
de operar una institución financiera a quien estuvo en la cárcel por fraude a
un banco? En todo caso debió habérsele tenido bajo microscopio, pero, lejos de
ello, recibió alta permisibilidad para actuar con total impunidad para engañar
a los ahorradores.
Por
otro lado, ¿Cómo es posible que en cinco años ninguna autoridad se percatara de
que Ficrea operaba en forma fraudulenta y que en este fraude las autoridades
actuaran extemporáneamente, y no en forma preventiva como obliga la ley? Muchas
dudas…pero ¡muchas sospechas!
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita
del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes
municipales, y publicado tres libros.
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