En
primera fila
¿Complicidad electoral de la PGR?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A
cinco meses de la elección de diputados federales y a poco más de un año del
sonado “turismo electoral” que vivió Quintana Roo durante los anteriores
procesos locales, en los que el PRI barrió con la quinta y los mangos prácticamente
en todo el Estado, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) han movido un sólo dedo.
Las
prácticas fraudulentas de aquel 7 de julio del 2013 involucraron a Yucatán,
Campeche y Quintana Roo, y aunque a nivel local se denunció en diversos medios
locales, también trascendió al Senado de la República, donde el yucateco
panista Daniel Gabriel Ávila Ruiz y varios correligionarios suyos exigieron una
exhaustiva investigación.
Así,
en mayo de 2013 los senadores Jorge Luis Lavalle Maury (Campeche), Jorge Luis
Preciado Rodríguez (Colima) y el propio Avila Ruiz presentaron formal denuncia
ante el IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), por presuntas violaciones
al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE), derivados de hechos de febrero, marzo y abril de 2013 en aquellas
entidades.
Durante
ese periodo se detectaron cambios de domicilio de electores de manera atípica
de Yucatán y Campeche hacia Quintana Roo, previo al proceso electoral de éste
último, proporcionando información falsa al Registro Federal de Electores, en
virtud de que no radicaban realmente en Quintana Roo, pero pretendían influir a
favor del PRI en la jornada electoral de julio de 2013.
En
este sentido, se inició el procedimiento ordinario sancionador número 27/2013, relacionado
inicialmente con mil 137 acusados de cambiar de domicilio irregularmente para votar
como ciudadanos de este Estado.
Derivado
de la investigación del INE, se informó de la existencia de 179 denuncias
penales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE,
de la PGR), sin que hasta hoy se conozca el estado que guardan o si se fincó
alguna responsabilidad.
No
obstante, el Instituto informó que, tras la investigación y una revisión al
Registro Federal de Electores, determinó dar de baja a mil 388 ciudadanos registrados
en el padrón electoral y la lista nominal de electores de Quintana Roo por
haber proporcionado información falsa, en tanto que mil 47 yucatecos habían
sido denunciados ante la Fiscalía por esos hechos.
Así
las cosas, la Primera Comisión de Trabajo del Senado aprobó por unanimidad exhortar
al titular de la PGR a informar, agilizar y fincar responsabilidades derivadas
de las denuncias del INE, en tanto que, también aprobado por el PRI y el PRD, la
Comisión Permanente lo aprobó la semana anterior.
Sin
embargo, el llamado a la PGR a cuidar que no se cometan delitos electorales y
demás, llama la atención porque en pleno año electoral, que inició desde el 1
de octubre, se avizora como uno de los más difíciles en los órdenes económico, político
y, por supuesto, en toda la parte electoral.
En
este sentido, ante circunstancias difíciles se requieren instituciones fuertes,
y aunque prácticamente se aprobó por unanimidad la reforma político-electoral, que
establece autonomía funcional para la FEPADE, que atiende los delitos
electorales, y se dieron las condiciones para nombrar a su titular en el Senado, NO SE HIZO.
Entonces,
lo primero que se debiera hacer es nombrar al titular de esa Fiscalía, ya que
el titular de la PGR no puede hacerlo ni el Fiscal no puede permanecer de
manera provisional, por lo que el Senado tiene la obligación y responsabilidad de
elegir por mayoría calificada a su titular, y habrá que exhortarlo a hacerlo a
la brevedad posible para fortalecer a la FEPADE.
En
coincidencia, no sólo hay que evitar los delitos electorales, sino también
sancionarlos. Hay que supervisarlos, y corresponde a la Fiscalía, pero ésta se
encuentra en transición ante ley que no se ha podido aplicar. Inicia el año
electoral sin su titular, lo que le resta credibilidad y fortaleza a uno de los
periodos electorales más difíciles en la historia del país.
Con
todo, el INE, como organismo público autónomo encargado de organizar las
elecciones federales, así como organizar, en coordinación con los organismos
electorales de las entidades, las elecciones locales de los Estados y el
Distrito Federal, debe velar por el irrestricto apego a la ley en todos los
procesos, así como investigar los actos que violenten la Ley Electoral.
Así,
los Institutos locales deben asumir un compromiso de hacer respetar los
principios constitucionales y legales en materia electoral y denunciar e
investigar los posibles actos que vulneren la participación democrática de los
ciudadanos, pese a que en los últimos años han aumentado considerablemente las
conductas tipificadas, que pese denuncias, no existen resultados efectivos.
Mejor
prueba de ello es el caso de Quintana Roo, por lo que el INE debe concluir las
investigaciones para erradicar esas irregularidades que sólo desprestigian a las
instituciones y restan credibilidad a sus actores, aunque también es importante
que la FEPADE de la PGR informe detalladamente sobre sus acciones para demostrar
que esto no es nuevo juego de complicidad.
“Curiosamente”,
durante aquel “turismo electoral” del 2013, del que se desprendieron resultados
sospechosos, fungía como presidente del CDE del PRI el regordete Pedro Flota Alcocer,
recién convertido en coordinador de la XIV Legislatura del Congreso del Estado,
mientras que Jorge Manríquez Centeno era consejero presidente del Consejo
General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO)
(Permitida la copia, publicación o
reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis
Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana
Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información,
editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha
fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes
municipales, y publicado tres libros.
luancaba.qroo@gmail.com
@legna2003 http://luisangelqroo.blogspot.mx
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